Banqueros imputados: sueldos millonarios, dinero público y cajas hundidas

Los desmanes cometidos en las entidades financieras están llevando a decenas de directivos a ser imputados por el cobro de dietas millonarias, la deficiente gestión de los bancos y la malversación de fondos en las entidades. Estos han pasado en poco tiempo de las cenas de gala y reuniones en los consejos de administración a desfilar ante el juez y ser interrogados por el fiscal, y el enorme agujero que dejaron tras su paso por las entidades ha requerido la inyección de miles de millones de dinero público.

La última cúpula directiva imputada ha sido la de Catalunya Caixa. Esta semana, el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona ha citado a declarar como imputados al expresidente de la entidad nacionalizada, Narcís Serra, exalcalde de Barcelona y exministro de Defensa; al exdirector general Adolf Todó, y a otros 52 directivos de Catalunya Caixa, por aprobar sobresueldos a sus altos cargos pese a su crítica situación económica, que ha llevado la entidad a ser nacionalizada y a recibir miles de millones de dinero público, cerrando el 2012 con unas pérdidas cercanas a los 12.000 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción había presentado una denuncia contra la cúpula de la entidad por el delito de administración desleal, al haber fijado «retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real de solvencia». El fiscal considera que «utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas, en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera».

En cinco años en la entidad, Todó ganó un total de 4 millones de euros, y se aseguró pólizas y planes de pensiones por valor de 8,2 millones, según el Ministerio Público. Narcís Serra, pese a ostentar un cargo representativo, se embolsaba cerca de 260.000 euros anuales. Las investigaciones judiciales van camino de dar la razón al diputado de la CUP David Fernández, que en la comisión parlamentaria sobre la gestión de las cajas de ahorro llamó “ladrones” a los directivos de la entidad.

Las altas retribuciones se mantuvieron incluso cuando Catalunya Caixa ya había recibido inyecciones de dinero público procedente del FROB. Entre el próximo 21 de octubre y el 11 de noviembre deberán desfilar por el juzgado para declarar. Los exdirectivos de Catalunya Caixa se suman así a una lista de más de un centenar de banqueros que en los últimos dos años han visto como la Justicia los imputaba en distintos procesos judiciales.

El caso Bankia afecta a políticos, empresarios y sindicatos

Uno de los casos más sonados es el de Bankia. La ruinosa salida a bolsa de la entidad, también nacionalizada, ha llevado a los tribunales a más de una treintena de consejeros del grupo y su matriz, BFA, que han pasado por la Audiencia Nacional para declarar ante el juez que instruye el caso, Fernando Andreu. Entre ellos hay políticos, empresarios, afiliados a sindicatos y consejeros de varias empresas. El expresidente de Bankia y exministro Rodrigo Rato; el expresidente de Bancaja y de la Generalitat Valenciana, y exvicepresidente de BFA, José Luis Olivas; y el vicepresidente de la patronal CEOE, Arturo Fernández, son algunos de los cargos de la entidad imputados más destacados.

El nuevo presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, mantiene en la entidad a varios de los directivos imputados de la época en que Rato, recientemente fichado por Telefónica, presidía el banco. En la lista de encausados aparece también el exsecretario de Estado de Comercio, Turismo y PIMES José Manuel Fernández Norniella; Carmen Cavero Mestre, cuñada del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; el presidente de la Comisión Ejecutiva del Grupo Zeta (editor de El Periódico), Juan Llopart; y el exdiputado en la Asamblea de Madrid por Izquierda Unida, Juan Antonio Moral Santín.

Acusados de la ruina de Banca Cívica

Quince consejeros que participaron en el proceso de integración de Banca Cívica y su posterior salida a bolsa se enfrentan a condenas de hasta 21 años de cárcel por su presunta responsabilidad en el colapso de la entidad, absorbida ahora por Caixabank. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco considera que podrían haber incurrido en el “falseamiento de cuentas o de la situación jurídica de la entidad, (…) administración fraudulenta de bienes societarios o contracción de acciones de perjudiciales, (…) publicidad falsa en valores negociables en mercados de valores, (…) maquinaciones para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida”.

Entre los consejeros acusados se encuentran los antiguos presidentes de las cuatro entidades fusionadas que dieron lugar a Banca Cívica: Antonio Pulido (Cajasol), Enrique Goñi (Caja Navarra), Álvaro Arvelo (Caja Canarias) y José María Leal (Caja Burgos). También algunos excargos públicos como el exsecretario de Estado para el Deporte Rafael Cortés Elvira y el exsecretario de Estado de Economía Pedro Pérez Fernández. Algunos de ellos siguen desempeñando cargos como consejeros en Caixabank, tras la absorción por parte de la caja catalana de Banca Cívica.

Caixa Penedès: pensiones millonarias

Cuatro exdirectivos de Caixa Penedès declararon el pasado marzo en la Audiencia Nacional acusados de delitos societarios y de apropiación indebida tras adjudicarse planes de pensiones millonarios. Son el exdirector general de la entidad, Ricard Pagès y los exdirectivos Manuel Troyano Molina, Santiago José Abella y Juan Molina. Según la querella de Anticorrupción, los exdirectivos «actuaron de común acuerdo para vincular fraudulentamente a la caja de ahorros que regían, generando obligaciones económicas para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad, actuando de espaldas a los máximos órganos colegiados de la misma».

Pagès habría diseñado una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse una «desproporcionada ganancia patrimonial a costa de la entidad, pensada para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo». Sumando el plan de pensiones y las pólizas suscritas, el exdirector general se adjudicó más de 11 millones de euros; y el resto de exdirectivos, cantidades que oscilan entre los 3 y los 6 millones. En el 2010, la caja se unió a tres entidades más formando el Banco Mare Nostrum, que recibió ayudas por 915 millones del FROB. El proceso de fusión hizo temer a los directivos que sus adjudicaciones millonarias salieran a la luz, con lo que realizaron «toda una serie de actuaciones irregulares a fin de blindar sus derechos económicos», según el fiscal, y acabaron cobrando el dinero al dejar la entidad en 2011.

El hundimiento de las cajas valencianas

Las entidades financieras valenciana concentran más de la mitad de los directivos bancarios imputados en 2012. En el caso del Banco de Valencia, la Audiencia Nacional investiga los delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida contra exdirectivos, consejeros y cargos de la entidad. En total, diez imputados. Además de los exdirectivos bancarios, también están implicados varios empresarios que se beneficiaron de operaciones presuntamente irregulares realizadas con la entidad, entre ellos el expresidente del Valencia C.F Juan Bautista Soler.

La antigua cúpula directiva de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), actualmente en manos del Banc Sabadell, está imputada por presuntos delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas. La entidad recibió una inyección de 2.800 millones del FROB. Las supuestas irregularidades cometidas al frente de la entidad consistieron en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva y la concesión de créditos al sector inmobiliario.