El CGPJ adquirirá 2.200 licencias de buscadores privados de sentencias y leyes por 123 euros cada una

CIVIO // En abril, el Consejo General del Poder Judicial abrió el concurso de acuerdo marco para que los miembros de la carrera judicial pudieran acceder a las bases de datos privadas sobre jurisprudencia del mercado. En total, el gasto presupuestado era de 543.168 euros para dos años.

El BOE recoge hoy la adjudicación de este contrato, que ha recaído en cuatro empresas: Aranzadi (en la página web Westlaw), Tirant Lo Blanch (Tirant online), Wolters Kluwer España (La Ley Digital) y el Grupo Editorial el Derecho y Quantor (El Derecho). Vlex Networks, que también presentó oferta, se quedó fuera al no contar con el número de resoluciones judiciales mínimas exigidas en los pliegos.

Los miembros del CGPJ y los magistrados y jueces podrán elegir cualquiera de estas cuatro bases de datos para consultar sentencias y leyes. Aunque el CGPJ había licitado el precio máximo de la licencia anual por 126 euros, las cuatro empresas han presentado una oferta idéntica: 123 euros por acceso individual. Ese precio final permitirá que se adquieran hasta 2.208 de esas licencias al año (el presupuesto total es de 271.584 euros por anualidad).

El CGPJ tiene su propio buscador, el CENDOJ, de acceso libre para todos los ciudadanos, pero que aún no cuenta con todas las sentencias dictadas por los tribunales superiores (audiencias provinciales, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunal Superior de Justicia). Aunque en el acta de adjudicación se insiste en que el buscador público ha progresado significativamente, destaca que un tercio de la magistratura no ha realizado aún la transición a esa base de datos. Alegan dos causas: la costumbre de utilizar los buscadores privados que han usado desde el inicio de sus carreras y la falta de tiempo, por la carga de trabajo, para aprender a utilizar el CENDOJ.

Además, el documento argumenta que mantienen la compra de estas licencias para responder a una petición de alguna de las asociaciones profesionales de jueces (no especifica cuál), determinadas salas de gobierno y, en ocasiones, de forma individual, algunos miembros de la carrera judicial.

[Artículo publicado en El BOE nuestro de cada día]