El Cabanyal valenciano, territorio ‘mobbing’

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Blanco, ocre y marrón. Colores de guerra. Trepan paredes de abajo a arriba y rodean solares sobre las aceras de San Pedro y Lluís Despuig. Se dispersan en medianeras y puertas tapiadas por José Benlliure o Barraca. En la señorial calle de la Reina contrastan con los verdes y azules de las fachadas modernistas. Y ya cerca de la arena amortajan viejos talleres abandonados. Con este fondo pálido ha pintado la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP), el pedazo de Cabanyal que le pertenece. Un territorio que ha ido comprando poco a poco, durante la última década, con el único objetivo de derribarlo y hacer hueco a la avenida de Blasco Ibáñez en su camino hacia el mar.

Pero la destrucción del Cabanyal no es una idea original de la longeva alcaldesa (desde 1991). Es, en todo caso, la expresión más extrema del desprecio histórico de la ciudad hacia Poble Nou de la Mar, el antiguo municipio de pescadores que, ahogado por las deudas y contra la voluntad de sus vecinos, se anexionó en 1897. Es a partir de los sesenta, en plena urticaria de ladrillo, cuando la ciudad arrasa con la huerta que la circunda y en unos años se planta en El Cabanyal. Descubre entonces que la playa existe y que la antigua cuadrícula de calles porteñas es un estorbo. Se proyecta abrirla por la mitad, pero la decisión se aplaza por su elevado coste.

La amenaza cala hondo entre los vecinos, que dejan de invertir en sus casas. Los jóvenes se independizan fuera del barrio y la población envejece. En 1988, cuando se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el casco histórico de pescadores está repleto de inmuebles vacíos. La lucha entre arquitectos municipales es encarnizada: demolición frente a rehabilitación. La memoria del plan es un puro ejercicio de esquizofrenia. Por un lado se declara el barrio Conjunto Histórico Protegido con un catálogo de 773 edificios y por otro se considera “irrenunciable” el proyecto de ampliación de la avenida. Finalmente, el barrio se deja como está.

Con este panorama Rita Barberá llega a la alcaldía en 1991 y con una sola idea en la cabeza: prolongación. La primera es una legislatura de tanteo. Sus socios de gobierno, los regionalistas de Unió Valenciana, mantienen una posición ambigua sobre el asunto, más aún después de que El Cabanyal sea declarado en 1993 Bien de Interés Cultural (BIC). Pero tras su victoria por mayoría absoluta en 1995, Barberá prepara el terreno. Las noticias en prensa sobre la ampliación se multiplican y el Partido Popular echa mano de fondos municipales para anular posibles resistencias. En 1997 se asigna el 80% del presupuesto de la Concejalía de Mercados al del Cabanyal. Y al año siguiente, la Junta Central de la Semana Santa Marinera, con fuerte arraigo social a través de decenas de cofradías, percibe 12 millones de pesetas, tres más que el año anterior.

Cronista de odios

La única oposición proviene de la Asociación de Vecinos, muy minoritaria y con poca incidencia. Barberá lo ve claro y el 24 de julio de 1998 el pleno municipal encarga la redacción del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal, con la propuesta estrella de derribar 1.651 casas de alto valor patrimonial para dejar una anchura de 133 metros a la ampliación de Blasco Ibáñez. La alcaldesa está resplandeciente. Siente que su rúbrica quedará estampada para siempre en la ciudad.

“Nadie nos esperaba. Ni nosotros mismos nos conocíamos”. Así se expresa Faustino Villora, uno de los fundadores y portavoz durante una década de Salvem El Cabanyal, plataforma que desde 1998 agrupa a los vecinos que se oponen al plan del Partido Popular y cuya consigna es “rehabilitación sin destrucción”. Ese año midieron fuerzas con 6.000 manifestantes en el barrio y más de 4000 sugerencias en contra del PEPRI que el Ayuntamiento desechó. Un año después, la alcaldesa los vio de cerca durante la inauguración de un jardín en el barrio. Cincuenta vecinos la recibieron con ruido de sartenes. La primera edil rompió el protocolo y cuando se acercó a besar una anciana, ésta intentó abofetearla. El pánico se apoderó de Barberá y se refugió a la carrera en una fábrica textil cercana. “Aunque la mujer no pertenecía a Salvem, la alcaldesa nos atribuyó la afrenta y maduró en ella un rencor que aún le dura”, recuerda Villora.

Lluís Cerveró es testigo y cronista de los odios de Barberá hacia Salvem y el barrio. Dan para escribir un libro y es lo que ha hecho. El Cabanyal, per exemple, un tomo de casi 300 folios aún inédito. “O un ejercicio de masoquismo”, como lo define el propio autor, que ha dedicado dos años de examen minucioso a todas las noticias que, desde los noventa, ha publicado la prensa. Cerveró es hijo del Cabanyal. Nació en el número 73 de la calle de la Reina, en plena zona de prolongación. Uno de los momentos álgidos, explica, ocurrió cuando en 2002 Salvem recurrió el PEPRI ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) y se declaró su suspensión cautelar. “Fue un golpe para la alcaldesa, quien entendió que Salvem era un firme obstáculo para sus propósitos”.

A partir de ese momento, la mano del Ayuntamiento se tensa sobre la yugular del barrio. Ya no la soltará. “Sin prolongación, no habrá inversiones”, esgrime Miguel Domínguez, concejal de Urbanismo. El barrio empieza a consumirse. Muchas viviendas vacías se han ido ocupando. En algunas se vende droga y se organizan peleas de gallos y perros. La permisividad policial genera un efecto llamada al que acuden decenas de familias en situación precaria. La pobreza se encharca en El Cabanyal y Barberá acusa a Salvem de la parálisis. La convivencia se envenena. “Villora, fill de puta”, escriben sobre la fachada del portavoz de Salvem y escupen a sus hijos cuando vienen de la escuela. Funcionarios de AUMSA, empresa municipal, presionan a los vecinos para que vendan sus casas a menos de 500€ el metro cuadrado, tres veces por debajo del precio de mercado. “O vendes o te expropiamos”, amenazó a Maite Bacete, profesora de danza, una funcionaria de AUMSA que se negó a identificarse. Una modalidad algo más refinada que el “Puta, baja, que te vamos a arrastrar de los pelos si te vemos por El Cabanyal”, que le vociferaron unos ocupantes a los que reprendió por tirar escombros desde el balcón.

Todo esto en la calle. Mientras, en los despachos, el Partido Popular ejercita su mayoría absoluta en el Ayuntamiento y Les Corts modificando la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano para permitir intervenciones en cascos históricos “siempre que se eviten usos degradantes”. El nuevo articulado se aprueba el 6 de octubre de 2004 y el 14 de ese mismo mes, el TSJCV falla a favor de la prolongación porque corregirá “usos degradantes”. Para forzar coincidencias y azares se ha tenido que alterar la sala de lo Civil dejando fuera dos magistrados críticos con el PEPRI e incluyendo, sin ninguna justificación, a tres favorables. Uno de ellos, José Manuel Domingo Zaballos, fue recusado por Salvem tras aportar pruebas de su amistad con Barberá, invitada de honor a la boda con su segunda mujer.

El despacho de Barberá

La paleta de grises se fabrica en Reina 105. Allí está la sede del Plan Cabanyal-Canyamerlar, la oficina del Ayuntamiento en el barrio. Un edificio enladrillado que comparte vecindad con algunas joyas del modernismo popular, casas de fachadas estampadas en azulejos y remates de esculturas laicas. Manifestaciones profanas de la corriente de moda en Europa a finales del XIX y principios del XX, cuando las viejas barracas dieron paso a construcciones más sólidas. Estas viviendas, junto a la trama en retícula de calles anchas paralelas al mar, llevaron al Ministerio de Cultura a emitir una orden en diciembre de 2009 declarando el PEPRI un expolio del patrimonio español e instando al Ayuntamiento a corregirlo. El Gobierno valenciano respondió con una ley para desproteger El Cabanyal, burlar la orden y seguir con los derribos. Algo que sucedió el 6 y 8 de abril de 2010. Las excavadoras asolaron una decena de inmuebles y la policía cargó contra los vecinos. El 14 de abril, el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente el plan de Barberá.

Desde entonces, su despacho en el barrio apenas tiene movimiento. Contrasta con la actividad frenética de la época del boom inmobiliario, cuando la entidad se llamaba Cabanyal 2010 y la integraban 11 constructoras que se retiraron en 2008 tras la denuncia de Salvem por incumplir las directivas europeas de contratación. Un año antes intentaron la expropiación forzosa urgente de 134 viviendas en la calle San Pedro para edificar un bulevar ajardinado sobre el eje de la ampliación. La presión fue atroz. “Nos decían que si no vendíamos, saldríamos por el balcón. Y que ellos mismos ocuparían las viviendas”, describe Emilio, cuyo empeño en resistir le costó el matrimonio. “La calle se fue vaciando y mi mujer enfermó de miedo y depresión. Aquello acabó con nosotros”, lamenta.

Los propietarios no fueron los únicos damnificados del mobbing institucional. Por aquellas fechas Cabanyal 2010 empezó a alquilar por unos 200€ casas sin las mínimas condiciones de habitabilidad. Familias pobres acudían a las oficinas de la calle de la Reina atraídas por los precios asequibles. Sin ver la casa, firmaban un contrato con cláusulas tan abusivas como la séptima: “el arrendatario reconoce su estado [de la vivienda]. Siendo de cuenta de la parte arrendataria las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario habitual del inmueble”. En el caso de Carlos Martínez, las “pequeñas reparaciones” de su piso en los bloques Portuarios ascendieron a 9.000€. “Cuando entré, la luz no estaba en regla y me exigían una deuda de 10 meses de agua por impago de Cabanyal 2010”, critica Carlos, quien también denuncia que la empresa inmobiliaria rescindió unilateralmente el contrato en 2008 y le denunció por ocupación ilegal. El juicio está previsto para septiembre, aunque el vicealcalde, Alfonso Grau, aseguró recientemente que no se desalojará de viviendas municipales a familias sin recursos.

Quince años de embates y resistencias han dejado un paisaje entumecido. El Ayuntamiento posee unas 500 casas. Unas 220, municipales o particulares, presentan mal estado. Y 130 solares agujerean el barrio. Son datos del arquitecto Tato Herrero, profesor de la Universidad Politécnica. Algunos solares son estercoleros al aire libre. En el de San Pedro esquina con Columbretes, un toxicómano sudoroso, la camiseta apegada al tórax hundido, camina de puntillas sobre los cascotes. “¿Buscas algo? ¿Marihuana? ¿Coca buena?”, susurran en Pescadores las casas aparentemente vacías. Y en los asentamientos rumanos de Progreso y Escalante enjambres de chiquillos desnudos envuelven a una divertida pareja de turistas que les toma fotos. “¡Dangerous, dangerous!”, les grita un policía desde la ventanilla del coche patrulla. Pero más que peligrosas, las calles de la prolongación conforman un territorio hastiado, lívido, recorrido por una alargadísima pobreza.

Al otro lado de los muros invisibles del gueto, el resto del barrio ensaya una vida normal. Su capacidad de regeneración se ha hecho visible en los últimos tres años libres de excavadoras. Jóvenes estudiantes se han trasladado al Cabanyal, se han abierto multitud de comercios burlando las trabas del Ayuntamiento a la concesión de licencias y entidades vecinales antagónicas dialogan a la búsqueda de puntos en común. Además, el bloqueo del gobierno regional del PP ha renovado un cierto amor propio. Un sentimiento de ser del Cabanyal que jamás perdieron Pepica Martí, Amparín Moreno y Angelita Danza, referentes del Salvem por su edad y su compromiso. Para ellas, Rita Barberá es un accidente pasajero, como los bombardeos del 36 o la riada del 57. Alguien que no es del Cabanyal no entiende su luz ni sus fulgores. Una calamidad más. Sólo eso. La alcaldesa del blanco, el ocre y el marrón.