Comienza el juicio contra policías por extorsionar a los prostíbulos Saratoga y Rivera

BARCELONA // El entonces comisario jefe y el inspector jefe de la brigada de extranjería de la Policía Nacional en Barcelona, varios de sus subordinados, un funcionario municipal, varios abogados, y los dueños de los prostíbulos Saratoga y Riviera en Castelldefels (Barcelona) se sientan desde hoy en el banquillo acusados de pertenecer a una trama corrupta de prostitución ilegal y extorsión policial. La fiscalía pide penas de hasta 44 años de cárcel para algunos de los mandos policiales por supuestamente advertir a los locales de las inspecciones de extranjería a cambio de dinero y lujosos regalos.

El macrojuicio afecta a una veintena de personas y está previsto que se alargue hasta enero. La magistrada ha rechazado la nulidad de parte del sumario que pedían las defensas alegando falta de imparcialidad en la investigación de la causa.

Según el ministerio público, los dos prostíbulos, que se encuentran clausurados desde el 2009 por orden judicial, explotaban a mujeres de origen extranjero, algunas de ellas menores de edad. Los mandos policiales del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ofrecían información confidencial a los propietarios sobre cuándo se llevaban a cabo las redadas a cambio de una remuneración, que entregaba el confidente policial y narcotraficante, Manuel Gutiérrez Carbajo.

Los establecimientos actuaban bajo el paraguas de la legalidad como si fuesen hoteles. Los propietarios exigían a las mujeres explotadas una cuota diaria. Muchas de ellas vivían allí mismo, se les obligaba a prostituirse en horarios estrictos de once horas seguidas y eran sancionadas si no cumplían determinados objetivos.

El fiscal señala que entre 2002 y 2008, los responsables de los clubes eran avisados de las redadas policiales gracias a su contacto con los máximos responsables policiales en la lucha contra la inmigración ilegal, el comisario jefe Luis G. G, y el inspector jefe Andrés O. B del CNP. Estos recibían importantes sumas de dinero, joyas, e incluso se les llegaron a pagar viajes y operaciones médicas.

Presión a los locales para que aceptaran el chantaje

Antes de que se iniciara el presunto acuerdo mafioso, los dos clubes fueron objetos de importantes redadas policiales, que en caso del Riviera les supuso a sus propietarios 360.000 euros en multas. Los dueños del Saratoga se negaron en un principio al trato con los policías y fueron objeto de una redada que trascendió a los medios de comunicación y que les hizo perder clientes. Desde entonces, los propietarios de los prostíbulos aceptaron el chantaje policial. Según la fiscalía, también intervenían como intermediarios en los pagos tres abogados de Barcelona.

Cuando en el año 2005 los Mossos d’Esquadra se desplegaron en Barcelona, cambiaron los responsables de extranjería del CNP en la ciudad. En nuevo inspector jefe, José Javier M.P. desconocía estos acuerdos corruptos, y cuando tras una redada en Riviera uno de los detenidos llegó a la comisaría acompañado de un mando policial, lo denunció a su superior, que inmediatamente dejó en libertad al detenido. Poco después sucedió un hecho similar tras una actuación en el Saratoga. Trató de investigar qué estaba sucediendo, hasta que sus superiores le advirtieron de la situación. Entonces, se quiso sumar a la trama y amplió la extorsión a otros prostíbulos de Barcelona, exigiendo “cantidades de dinero desorbitadas”.

Habitaciones ocultas para esconder a las mujeres

Finalmente, en el 2009 la magistrada del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona ordenó entrar a los locales y clausurarlos. En los registros se encontraron varias estancias ocultas donde escondían a las mujeres en situación irregular y a las menores de edad durante las redadas. También documentos confidenciales del CNP que estaban en manos de los empresarios.

Por todo ello, la fiscalía imputa a los 20 acusados multitud de delitos, como asociación ilícita, extorsión, soborno, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad documental, infidelidad en la custodia en documentos y favorecimiento de la prostitución. La petición mayor de pena es para el inspector jefe José Javier M.P, un total de 44 años de cárcel; entre 17 y 22 años para el resto de mandos policiales, entre 15 y 20 para los dueños de los prostíbulos y entre 5 y 20 para los tres abogados implicados. También solicita el cierre definitivo de los dos locales y cuantiosas multas.