Especial Madrid 2020: Villa Olímpica, Estadio Olímpico, Caja Mágica

Villa Olímpica

La Villa Olímpica es uno de los proyectos más ambiciosos de la candidatura Madrid 2020. Cuenta con 46 hectáreas construibles y 18 más de parques e instalaciones de entrenamiento en las que se construirán diecinueve bloques de apartamentos de ocho alturas y seis grupos de casas de tres. Su presupuesto inicial es de 627 millones de euros. Después de los JJOO está pensado transformarla en una zona residencial con 28.000 viviendas en régimen de alquiler social. Las áreas operacionales servirán para espacios comerciales y oficinas, además de construir una residencia de mayores, un colegio público de primaria e instalaciones deportivas, todo público. Del mantenimiento de las zonas verdes se ocupará el Ayuntamiento de Madrid.

Un proyecto de gran envergadura que convive en contradicción con las declaraciones de la alcaldesa de Madrid y con la realidad de las empresas públicas que se dedican a las viviendas sociales en esta Comunidad Autónoma. A finales de octubre del año pasado, Ana Botella anunció que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) tendría que vender y alquilar todo lo ya construido antes de embarcarse en nuevos planes por “falta de visibilidad de estrategia futura de la empresa e incertidumbre en cuanto a la financiación“. Además, según afirmó, hay pisos de sobra para atender la demanda.

En mayo de este año se supo que EMVS estaba al borde de la quiebra por una deuda que superaba los 600 millones de euros. Para tratar de evitar su cierre, el Ayuntamiento vendió 1.860 de sus pisos a un fondo de inversión de fondos buitres, Magic Real Estate Blackstone, por un importe total de 120 millones, de los que líquidos se entregaron 38 porque el resto se subrogó para compensar las cargas que pensaban sobre dichas viviendas. EMVS también ha cedido suelos al Ayuntamiento, lo que supone liberarse de una deuda de casi 235 millones de euros que recae sobre las arcas locales.

Por otro lado, hace años que la Comunidad de Madrid está privatizando paulatinamente el Instituto de Vivienda de Madrid, IVIMA. De la gestión de esta empresa pasó a encargarse Hermanos Alonso Garrán. La de la recaudación se la quedó una UTE formada por Iconsa y Conursa (que figuran en el sumario del caso Gurtel) por 7,3 millones de euros. La gestión del patrimonio, valorado en 1,1 millones de euros, con el argumento de que IVIMA no tenía capacidad para operar con semejante volumen, fue a parar a Diagonalgest.

Respecto a las adjudicaciones de obras, IVIMA concedió a la constructora de Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal y el la rama valenciana de la Gurtel, la edificación de 80 viviendas en Valdemoro en 2005 y de otras 140 en Alcorcón en 2010. Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que figura en los papeles de Bárcenas y está implicada en la Gurtel, se quedó en 2005 con 80 viviendas en Vallecas. Sacyr, que también aparece en los papeles de Bárcenas, obtuvo en 2007 la explotación por 20 años de las viviendas de Usera y consiguió 800.000 euros para construir trasteros y locales en Ciudad Jardín. Además, IVIMA vendió el pasado agosto 3.000 viviendas de protección social al fondo de inversión Azora y al banco estadounidense Goldman Sachs (señalado como responsable en el origen de la crisis de 2008 en EEUU) por 168 millones de euros. El Ayuntamiento ha asegurado que durante los primeros años será un fondo de inversión privado el que explote y gestione las 28.000 viviendas sociales que construirán en la Villa Olímpica. De momento se desconoce qué fondo será, durante cuánto tiempo gestionará las viviendas ni por qué importe.

Estadio Olímpico

La Peineta se construyó en 1994 y costó 50 millones de euros. Tuvo que ser derruida en 2007 porque, debido a su infrautilización, estaba en muy mal estado. 2007 también fue el año en el que entró en vigor la Ley 3/2007 de Medidas Urgentes de Modernización, que modificaba la Ley de Suelo de 2001. En su artículo 13, esta norma prohíbe edificar con una altura superior a tres pisos más azotea, aunque el Ayuntamiento puede autorizar lo contrario para edificios singulares en circunstancias especiales.

Al año siguiente la alcaldía de Madrid firmó un convenio con Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid (ATM). En este acuerdo constaba que la Peineta es un “estadio infrautilizado por su escasa demanda social“ y que presentaba un importante deterioro por lo que, para Madrid 2016, había que construir uno nuevo “por un importe superior a los 200 millones de euros“ (el importe que figura en el presupuesto de Madrid 2020 para su construcción es de 166). Mediante este acuerdo el consistorio vendió los terrenos al ATM por 41 millones de euros pero no el estadio que, por su mal estado, se consideró que tenía valor nulo. El ATM tenía que hacerse cargo de la construcción del nuevo recinto aunque no le iba a costar dinero porque el Ayuntamiento recalificó los terrenos en los que están el Calderón y la antigua fábrica de Mahou para que la empresa FCC pudiera comprarlos.

El ATM iba a recibir 276 millones por el Calderón. FCC debía urbanizar la zona para construir 2.000 viviendas de 17 pisos de altura y soterrar el tramo de M-30 que pasaba por la zona pero, a cambio, se quedaba con el aprovechamiento urbanístico. Pero esta operación se hizo en pleno pinchazo de la burbuja inmobiliaria y se paralizó. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló este proyecto por no ser conforme a derecho al superar el límite máximo de alturas sin que hubiera evidencias de las circunstancias excepcionales a las que se refiere la ley de 2007. A esto se suma que FCC ha registrado pérdidas por valor de 600 millones en el primer semestre de 2013. Los tres factores inducen a pensar que, por el momento, no es probable que esta empresa vinculada a la trama Gurtel invierta dinero para comenzar el proyecto.

En el acuerdo que Cerezo y Gallardón firmaron en 2008 se especifica que, si hay obstáculos legales para la venta de los terrenos o el estadio no está edificado antes de agosto de 2015, el coste revertirá sobre el Ayuntamiento. Hasta ahora de los 41 millones que valen los terrenos el ATM ha pagado alrededor de 5, todos ellos con entradas para ir a ver sus partidos. Si finalmente no se produce la venta, el consistorio tendrá que devolverle el importe de las entradas y, además, entregarle la parcela por 75 años sin canon porque consideran que construir el estadio es suficiente pago. A esto hay que añadirle que, según el informe entregado al COI, el Ayuntamiento de Madrid ha garantizado que la remodelación de este estadio se llevará a cabo pase lo que pase con FCC y que, en caso de que el ATM no consiga dinero para pagarlo, se harán cargo ellos.

Caja Mágica

El ejemplo, el modelo, el referente. Construida en 2004, su importe inicial iba a ser de 120 millones de euros, aunque finalmente costó 294. Hasta el día de hoy, la única que se ha beneficiado económicamente de su edificación ha sido la constructora. De nuevo, FCC. Desde 2009, año de su inauguración, está infrautilizada, con una ocupación media del 40%. Ubicada en el barrio de San Fermín, distrito de Usera, una de las razones que motivó la construcción de la Caja Mágica era que contribuía al equipamiento municipal.

En noviembre de 2010 la Asociación Vecinal de la barriada de San Fermín firmó un acuerdo con el Ayuntamiento para abrir las instalaciones a los ciudadanos. Este acuerdo ha sido vulnerado. Según Jesús Moreno, concejal-presidente de Usera, la Caja Mágica no está destinada al uso público ya que su mantenimiento es muy costoso. Un elevado precio que ni el Ayuntamiento ni ninguna de las empresas privadas con las que han tratado de hacer negocios ha podido pagar hasta ahora.

La Federación de Tenis fue la primera en llegar y en irse porque no podía permitirse pagar su alquiler. A continuación, el Real Madrid de Baloncesto firmó un contrato de cinco años por un importe de 1,1 millones de euros anuales. Abandonó Caja Mágica tras la primera temporada, aunque el Ayuntamiento no le exigió una indemnización por incumplimiento de contrato porque, dicen, fue de mutuo acuerdo. Los últimos en utilizarla fueron los miembros del equipo de Fórmula 1 HRT, que salieron de allí ocho meses después. Dejaron una deuda de 804.000 euros de alquiler y no realizaron las obras de mantenimiento a las que se habían comprometido por contrato. A día de hoy, el mantenimiento de esta instalación depende de Madrid Espacios y Congresos, Madridec, que está en quiebra. El Ayuntamiento, que ha heredado estos costes, quiere ahora vender la Caja Mágica porque no puede permitirse mantenerla.

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