Opinión
¿Quién falló a quién?
El coportavoz federal de EQUO reclama que Yasuní continúe siendo un "paraíso natural" y alerta de que las extracciones de crudo en el parque ecológico "no van en la línea de solucionar estructuralmente la pobreza"
Existe ya una larga trayectoria en EQUO por reivindicar un mundo más justo, equitativo y sostenible. Para ello es necesario poner en marcha nuevos modelos de desarrollo que no se sustenten exclusivamente sobre el crecimiento económico, porque, además, las políticas de reducción de la pobreza o superación de las crisis apuntaladas en un crecimiento económico ilimitado han demostrado ser una gran falacia.
Un crecimiento que se sustenta en modelos de explotación de los recursos naturales no renovables es, a nuestro juicio, erróneo. No todas las formas de crecimiento están asociadas a la justicia social y ambiental, ni aseguran la calidad de vida de las poblaciones que las soportan.
Y aquí llegamos a Yasuní o la Iniciativa Yasuní, ahora en peligro.
Muchos consideraron desde el principio que estábamos en realidad ante un chantaje ecológico. La demanda de dinero para no depredarlo, tenía implícita la predecisión de explotarlo si el dinero no fluía. No sabemos si fue así o no, lo cierto es que la comunidad internacional falló y no ha llegado a depositar el monto establecido por Ecuador para mantener el petróleo bajo tierra.
Pero hay más… también ha fallado la esperanza de preservar un sistema ecológico mega-diverso y garantizar la conservación de una de las zonas con mayor diversidad ecológica del planeta, alterando, además, la vida de los pueblos indígenas no contactados que habitan en la zona como los tagaeri y los taromenane.
Y aún más, porque también ha fallado un gobierno cuyo proyecto originario planteaba seriamente un cambio de modelo, alejado de las lógicas capitalistas que nos han conducido a esta debacle. Un modelo que se veía representado por la Constitución más evolucionada en cuanto a los derechos de la naturaleza.
A nadie se le escapa que en los años de gobierno de Correa se han realizado numerosos esfuerzos por transformar las matrices energética y productiva a una renovable y de servicios y conocimiento. Es indudable que el proyecto de transformación de Ecuador es ambicioso y de medio plazo, contemplando cambios estructurales en los ámbitos de la Educación, la Salud y la Vivienda. Pero también es indudable que la praxis del Gobierno de Correa se aleja paulatinamente de aquellos planteamientos originales de justicia económica, social y ambiental que hablaban de la construcción de una sociedad post-extractivista.
Poner en marcha el Plan B de explotación de Yasuní, evidencia los impactos económicos de las actividades extractivas que generan ingresos y no se suelen contabilizar. Optar por modelos de crecimiento económico de corte extractivista conlleva, entre otros, un elevado consumo de agua, electricidad y combustible. Además de las infraestructuras que el Estado debe realizar para que el capital extractivista pueda beneficiarse, los residuos generados, los impactos sobre la salud de las poblaciones locales…. con un balance que le resta bienestar y merma la sostenibilidad del modelo.
Tal y como señalan la organizaciones ecologistas, en lo ambiental, no parece cierto que una explotación «responsable» no provoque daños ecológicos a una zona tan sensible. Esta zona se altera por cualquier intromisión, por más sutil, de elementos ajenos al hábitat.
Asimismo, hay estudios realizados que concluyen que explotar las reservas del ITT debe hacerse junto con la instalación de una refinería. Lo que coincide con la construcción de la Refinería del Pacífico. Para la extracción serían necesarios 200 pozos productores y 30 pozos inyectores de agua que es altamente contaminante por su salinidad. Se debería instalar una planta de generación eléctrica de al menos 90 mw. Si para suministrar esta energía se instala una planta termoeléctrica la contaminación de ruido sería de más de 100 decibelios, aparte del ruido producido por los taladros de perforación. Son necesarios muchos kilómetros de tuberías bajo tierra en la zona. Necesariamente, se producirá colonización y más deforestación.
Por todo esto, entendemos que las extracciones de crudo en un parque ecológico no van en la línea de solucionar estructuralmente la pobreza. Sí parecen ir acordes a las necesidades políticas del gobierno de Ecuador, que goza de popularidad por los recursos económicos de los que dispone y que tiene en breve una nueva cita electoral con las elecciones seccionales.
El Gobierno ecuatoriano ha mostrado la cara buena de la explotación del ITT prometiendo más rentas a los organismos seccionales, pero esto no ha evitado que el anuncio del hundimiento del Proyecto Yasuní-ITT haya levantado numerosas críticas ciudadanas y de movimientos sociales. Por ello, está claro de que a pesar de que Alianza País cuenta con votos suficientes para declarar de interés nacional la explotación, su aprobación final en la Asamblea no estará exenta de debate y polémica.
El primer obstáculo para el Gobierno Correa será presentar los informes técnicos, ambientales, políticos y económicos consistentes, que puedan justificar la explotación petrolera en esa zona protegida, como lo señala el art. 407 de la Constitución de Montecristi. Por tanto, esto aún no ha terminado y queda un resquicio para la esperanza. Desde EQUO no perdemos la confianza de que finalmente Yasuní continúe siendo ese paraíso natural necesario, símbolo de que es posible hacer las cosas de otra manera, de que es posible un nuevo modelo de desarrollo social, económico y de gobernanza.
[Juan López de Uralde es coportavoz federal de EQUO]
Poco ha trascendido, a mi juicio, una noticia tan importante como la referida al permiso otorgado a las empresas petrolíferas por el Gobierno de Ecuador para iniciar actividad extractiva en el Parque Nacional Yasuní.
En el año 2007 el Gobierno de Ecuador inició un programa llamado Yasuní ITT en el que “se comprometía “a mantener indefinidamente bajo tierra las reservas petroleras del campo ITT en el Parque Nacional Yasuní, el lugar más biodiverso del planeta”. El Gobierno pedía “a cambio una contribución internacional equivalente al menos a la mitad de las utilidades que recibiría el Estado en caso de explotar el petróleo de este bloque en la Amazonia”, según exponían en la web oficial. Concretamente, Ecuador pedía a la comunidad internacional un total de 3.600 millones de dólares (unos 2.700 millones de euros) a cambio de no explotar unos recursos naturales cuya comercialización les reportaría unos 7.200 millones de dólares.
Es decir, un país situado en la posición 89 en el ranking de Desarrollo Humano de la ONU, y etiquetado como de “desarrollo humano medio”, estaba dispuesto a renunciar a importantes rentabilidades económicas con tal de mantener un espacio natural del que, por razones obvias, se benefician todos los países del mundo. Eso sí, a cambio pedía una compensación a la comunidad internacional que, según se anunciaba, pudiera fortalecer las políticas de erradicación de la pobreza y el combate contra la desigualdad en el seno del país latinoamericano.
Según informa El País, “dejar el petróleo bajo tierra significaba no emitir más de 400 millones de toneladas de CO2 (similar a las emisiones de España en un año), según una publicación de 2011 de académicos ecuatorianos. A ello hay que sumar el peligro para la biodiversidad existente (100.000 especies de insectos, 150 de anfibios, 121 de reptiles, 598 de aves y unas 200 de mamíferos, aparte de unas 3.000 de flora) y la salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas que habitan en la zona, principalmente los waorani, que tienen dos clanes (los tagaeri y los taromenane) que se internaron voluntariamente en la selva virgen a inicios de los setenta, justo cuando arrancaba la exploración y futura explotación petrolera en el Ecuador”.
Pues bien, seis años más tarde de los 2.700 millones de euros sólo se han recaudado 13,3 millones, es decir, apenas el 0,37%. No le falta entonces razón al presidente Rafael Correa cuando denuncia que “el factor fundamental del fracaso (del proyecto) es que el mundo es una gran hipocresía”.
El Gobierno español donó al proyecto 1 millón de euros, una cantidad ridícula pero que ya es muy superior a la que otros países desarrollados han aportado. Para hacerse una idea de la magnitud del compromiso, basta pensar que la Reserva Federal está inyectando cada mes más de 80.000 millones de dólares para estimular su economía; que sólo hasta 2011 España había comprometido 336.000 millones de euros en ayuda a la banca; que el Gobierno español ha dado por perdida hasta 36.000 millones de euros de esa ayuda; y que sólo en el mes de julio el Estado español se endeudó por 877 millones de euros adicionales al presupuesto para financiar Gasto Militar.
El caso de Yasuni puede -y en mi opinión debe- analizarse desde una óptica más abstracta. Y es que tiene que ver, desde luego, con la lógica depredadora de un sistema económico dirigido por los beneficios y que no atiende a lógica o plazos temporales distintos. Un sistema-mundo que aunque está políticamente dividido en múltiples Estados-Nación tiene un funcionamiento económico cuyos efectos económicos, sociales y medioambientales se hacen notar globalmente. Así, la contaminación que provoca la desaforada actividad contaminante china, estadounidense o india tiene efectos perversos en todas las partes del planeta -ejemplo de ello es el cambio climático. Y, a la inversa, los “beneficios” medioambientales de las reservas naturales de Ecuador o Brasil tienen consecuencias positivas incuantificables por el mercado. Lo que los economistas han tratado de describir con el concepto de “externalidades”.
Por otra parte, los resultados de Yasuni no son sino un eco de los innumerables intentos -todos fracasados- de la comunidad internacional por dotarse de un sistema de solidaridad ecológica. De hecho, ni siquiera hoy parece probable que podamos esperar resultados positivos del Protocolo de Kioto. Cabe recordar que los países que se han comprometido a reducir emisiones en la nueva fase del Protocolo no alcanzan el 10% de las emisiones mundiales. Ni Japón ni Rusia, ni Canadá, ni Nueva Zelanda ni por supuesto Estados Unidos -que nunca ratificó el Protocolo- ni China e India han participado de esos compromisos. Así las cosas, algunos todavía piensan que funcionarán mejor los absurdos sistemas de pago por el “derecho a contaminar” como los aprobados por la Unión Europea.
El caso de Yasuni es, en última instancia, un problema del capitalismo. La lógica competitiva del irracional sistema empuja a los países a elegir entre crecimiento económico y respeto al medio ambiente. Esa lógica está hecha explícita en todos los acuerdos que tienen que ver con el medio ambiente. Sin ir más lejos, la UE se comprometió en 2009 a reducir sus emisiones de CO2 un 20% pero anunció que podría alcanzar el 30% si otros países estaban dispuestos a hacer lo mismo. Es decir, no es una cuestión de carácter técnico -de capacidad- sino político -de voluntad-. Es fácil ver que pocos países están dispuesto a convertirse en los tontos útiles de la comunidad internacional y dejar que otros sean los gorrones o, en la terminología académica, los “free-riders“.
En definitiva, tenemos constancia ya de que el opulento modelo de consumo que impone el sistema económico capitalista no puede ser extrapolado a toda la población. Se entiende también, como otros autores, que “el nivel de consumo que ha caracterizado a los países del centro es imposible de exportar al resto del mundo, aunque sólo sea porque el planeta no da para tanto. Hace tiempo que se han quebrado los límites de la sostenibilidad del planeta. Y cualquier proyecto político que trate de ignorar esto es, sencillamente, una estafa” (C. F. Liria y L. Alegre, El Orden de El Capital).
Nuestro planeta tiene recursos finitos, y es radicalmente imposible que pueda soportar eternamente un expolio de estas características. No hay duda; este sistema de producción y consumo inevitablemente llegará a su fin. La cuestión relevante es saber si llegará a su fin de forma ordenada y pacífica, o de una forma brusca y caótica que termine envuelta en una serie de conflictos gravemente perjudiciales para el ser humano. Es la vuelta al conocido dilema entre socialismo o barbarie, pero ahora también desde el prisma ecológico. Casos como el de Yasuni nos demuestran que la lógica del sistema, y la complicidad de los gobernantes de la llamada comunidad internacional, apuestan con sus hechos por la barbarie.
Lo cierto es que en 2010, las donaciones iniciales previstas hasta el 2024 sólo eran de algo más de 52 millones de dólares, frente a los casi 600 que pretendía el gobierno de Ecuador. Los donantes, en su mayoría, han ido cumpliendo los pagos con los que se comprometieron, pero como podéis observar sólo figura un país del G8 (Italia; el máximo donante). Esta «Comunidad Internacional» es la que ha fallado. Supongo que se esperaban incorporaciones importantes de estos países, que finalmente no han participado. Dicho esto, lo más fácil para un gobernante es arrasar el patrimonio natural y echarle la culpa a terceros.http://mptf.undp.org/factsheet/fund/3EYC0
El dato faltante en el artículo es la lucha por la soberanía de Ecuador, un país dolarizado y con una enorme dependencia de EEUU. La bolsa petrolífera del Yasuní afectaría gravemente al ecosistema, pero daría más independencia al país. La decisión no es fácil, en cuanto desaparezca del poder Alianza País la derecha apoyada por las corporaciones explotará la reserva para beneficio privado extranjero.
A Correa supongo que le supera la situación. Teniendo en cuenta que tiene que cuidar de un montón de condores que tiene que alimentar para que crezcan, y que las petroleras tienen ese poder de seducción utilizando el pan para ya (obviando el hambre del mañana), pues la polémica esta servida. Todavía hay quien dice que respetan el ecosistema. De verdad deseo que se frene este atropeyo a la selva del Yusuni. Ecuador debe saber que tiene mas potencial en energia solar en sus montañas que el crudo que saquen de la selva. Todavía no hay un lobby que defienda las renovables, y a lo mejor nunca lo habrá. Tengo ciertas esperanzas en el gobierno de Correa. Ya veremos.
Interesante y clarificador artículo. Espero que pueda pararse la destrucción de un espacio tan valioso. No debe permitirse entrar a las petroleras todavía más.