España cumple un año de exclusión sanitaria

MADRID// «Señor de Mauritania de 38 años en situación regular en protección internacional se acerca al grupo de acompañamiento porque había acudido al centro de salud por una gastroenteritis y se le negó la asistencia porque según la administrativa no tenía derecho». Este es uno de los muchos casos que recoge la plataforma ciudadana Yo sí sanidad universal en Un año de exclusión sanitaria, un año de desobediencia, el dossier que ha publicado para analizar las consecuencias del Real Decreto Ley 16/2012. Y es que mañana se cumple un año desde que la sanidad dejó de ser universal en España.

El 1 de septiembre de 2012 entró en vigor el Real Decreto que rompió con el modelo de la Sanidad universal para establecer categorías entre las personas en algo tan sensible -y recogido en el artículo 43 de la Constitución- como es el derecho a la protección de la salud. De un lado quedaron las personas sin documento acreditativo (como DNI o pasaporte), los pensionistas, los ciudadanos sin permiso de residencia, todos aquellos sin permiso de residencia empadronados en Cataluña con ingresos superiores a la Renta de Inserción Mínima, los jóvenes con visa de estudiante y los mayores de 26 años que no han cotizado nunca en un país con un alto índice de desempleo juvenil. Del otro, el resto de la población. Por ahora, advierten desde la plataforma ciudadana Yo sí.

«Este decreto ataca a los cimientos de nuestro sistema sanitario y supone un grave retroceso en salud pública y equidad social. No nos podemos dejar engañar por las falacias de los discursos oficiales, pues no responde a la insostenibilidad; se está utilizando el argumento de la austeridad para dar un cambio de rumbo totalmente ideológico hacia el modelo de las aseguradoras», asegura Irene Rodríguez, enfermera y miembro de la plataforma.

Desde Yo sí aseguran que el Gobierno ha generado una nebulosa alrededor de la nueva legislación sanitaria de forma consciente. «Hay mucha desinformación, mucha confusión. El Gobierno está apostando por un cambio de modelo sanitario. Estos decretos no tienen nada que ver con la situación económica de los centros médicos», explica Irene Rodríguez.

Como relata la médica Elena Aguiló, «de momento se ha apuntado hacia la creación de tres cartas diferentes de servicios: la básica, la suplementaria y la accesoria. Suena de cajón que las dos últimas serán de pago, pero todavía no se conoce qué servicios incluirán cada uno de estos apartados». A pesar de que los grandes perjudicados de este primer año de decreto han sido los inmigrantes en situación irregular sin parangón, Rodríguez advierte: «Quién tiene derecho a una cobertura sanitaria integral y quién no puede ir cambiando. Todas las personas estamos afectadas por este decreto».

Desobediencia profesional y ciudadana

La médica asegura que «se están tocando los extremos más vulnerables de lo sanitario: los enfermos crónicos. Los ciudadanos nunca han tenido que costear el precio íntegro de los fármacos sin ningún tipo de bonificaciones. Ni con el franquismo, en plena posguerra, pasaba esto, pues se hacía distinción entre los pacientes a la hora de pagar».

Y ante esta situación, esta plataforma ciudadana aporta soluciones; información y desobediencia profesional y ciudadana activa. «Toda persona puede tumbar la ley desde su lugar. Cuando la legalidad nos priva de lo que es legítimo, no hay camino más justificado que la desobediencia activa, tanto en profesionales como en ciudadanos». Así de tajante se muestra la enfermera Rodríguez, quien invita a sus compañeros y ciudadanos a desoír lo recogido en una «ley que pretende dividir y separar».

Y con ese fin nació la Plataforma, que cada día suma más miembros. Luchan contra el desconocimiento de la legislación, el miedo a ser sancionado por parte de los profesionales, la arbitrariedad, el discurso del miedo y las leyendas creadas como «si no trabajas, no tienes derecho a la Sanidad pública».

Grupos de acompañamiento

En Madrid, cinco veces por semana, un grupo de sanitarios y ciudadanos acompaña a pacientes irregulares desinformados. Son los llamados grupos de acompañamiento y suman más de 40 equipos a nivel estatal y 19 en la Comunidad de Madrid. Velan por el cumplimiento de un Real Decreto que, aseguran, «se está materializando de una forma muy violenta en el día a día de los enfermos, que no hay que olvidar que cuando uno entra en el sistema sanitario es porque está enfermo, no porque le apetece». A pesar de la dureza de los 3 últimos decretos sanitarios, el marco legal reconoce ciertas excepciones, entre las que están la asistencia a embarazadas y las urgencias. «Eso es lo que tenemos que ir explicando puerta a puerta tanto a pacientes como a trabajadores», explica la psicóloga García.

Pero la desinformación y la arbitrariedad son un muro contra el que se estampan en muchas ocasiones personas desconocedoras de sus derechos. «Cuando entras a urgencias en demasiadas ocasiones, las personas se encuentran con diferentes herramientas dirigidas a intentar que se den la vuelta», asegura García. Esta psicóloga miembro de uno de los 19 grupos de acompañamiento que informan a los pacientes en la Comunidad de Madrid asegura que ha presenciado situaciones en las que ha oído la frase: «Ni siquiera tendrías que haber cruzado la puerta del hospital».

«A pesar de todo, tenemos el orgullo de reconocer que a cada paciente que se le ha acompañado ha acabado siendo atendido», explica Rodríguez. Y esto les empuja a seguir con su labor mientras visibilizan las consecuencias de la ley y luchan por la abolición de la misma.