Assange y los juicios a la libertad de información

“En el banquillo de los acusados no sólo está Assange, el fundador de WikiLeaks, sino la libertad de prensa”, ha asegurado el diputado en la Cámara de los Comunes Richard Burgon. Él y 34 parlamentarios británicos más han pedido al ministro de Justicia de Estados Unidos que retire los cargos que imputa a Julian Assange. El activista se enfrenta ahora a un juicio en el que se decidirá si es o no extraditado al país norteamericano, donde está acusado de hasta diecisiete delitos de espionaje y de conspiración.

A las puertas de los Tribunales Reales de Justicia de Londres, miles de personas, entre ellas la esposa de Assange, han pedido que el fundador de Wikileaks sea liberado. En total, el australiano se enfrenta a un máximo de 175 años de prisión por la filtración, en 2010, de más de 250.000 documentos clasificados del Departamento de Estado de EEUU. Los informes dejaban a la luz las estrategias estadounidenses en política exterior y demostraban las violaciones de derechos humanos en las guerras de Irak y Afganistán.

Desde entonces, Assange ha sido perseguido por Estados Unidos y su vida se tornó en un infierno. Los últimos cinco años los ha pasado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres, donde su salud física y mental se ha deteriorado con el paso del tiempo.

El australiano se ha convertido en un símbolo mundial de la libertad de información y de prensa y ha puesto de manifiesto los intentos del poder por amordazarla. «Si es extraditado, el impacto será enorme. Afectará a los medios de comunicación de todo el mundo y a nuestro derecho a saber», ha expresado durante la manifestación Rebecca Vincent, directora de campañas internacionales de Reporteros Sin Fronteras. A la protesta también ha acudido el líder del Partido Laborista Jeremy Corbyn, quien ha asegurado que Assange “se enfrenta a cadena perpetua por exponer la verdad”: “El periodismo no es un delito. Liberen a Julian Assange”, ha dicho en X.

Ataques a la prensa en España

El juicio coincide, en España, con varias fechas y acontecimientos significativos que ponen de manifiesto la fragilidad de la libertad de prensa. El pasado 9 de febrero, el director de Canarias Ahora, Carlos Sosa, conoció que un juzgado de Madrid había abierto un juicio oral contra él por las informaciones llevadas a cabo sobre el caso del juez Salvador Alba, condenado por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell y contra el propio Sosa. La jueza madrileña, asimismo, le pide una fianza de más de 400.000 euros mientras que la Fiscalía considera que las noticias estaban amparadas bajo “el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información”, por lo que será la Audiencia Provincial de Madrid quien decida si el caso será enjuiciado.

El juez Alba cumple condena en prisión desde octubre de 2022 por prevaricación, cohecho y falsedad documental por urdir una conspiración contra Victoria Rosell, en esos momentos diputada de Podemos. El magistrado manipuló una causa judicial con el objetivo de implicarla a ella y al periodista Carlos Sosa, su marido, en un caso de corrupción empresarial.

Apenas unos días después, el periodista José Manzaneda, coordinador de Cubainformación, se ha enfrentado a un juicio acusado de los delitos de injurias, calumnias y odio tras ser denunciado por el presidente de la asociación Prisoners Defenders, abiertamente anticastrista, Javier Larrondo. Manzaneda lo había llamado “criminal de guerra” en un artículo crítico con dicha asociación en 2020 y, por ello, la acusación particular pedía para el periodista seis años de cárcel y 8.400 euros de multa.

Finalmente, tras la celebración del juicio el pasado 15 de febrero, Manzaneda ha sido absuelto de los delitos al considerar el juzgado que sus palabras pueden ser consideradas como “una hipérbole periodística” si se pone en contexto “con el resto del contenido del artículo” y que quedaría amparada “dentro de los límites de la libertad de expresión”: “Debo mostrar mi satisfacción por el fallo de la sentencia, no solo por haberse destapado las torticeras intenciones del Sr. Larrondo al utilizar la acción penal como medio de ataque a un rival ideológico en relación con la cooperación médica cubana, solicitando para ello altas penas de prisión por un simple artículo periodístico, sino especialmente por la consideración realizada por la sentencia de que dicho artículo queda amparado por el derecho fundamental a la libertad de expresión”, ha expresado el periodista.

Unos casos que se producen en la víspera del segundo aniversario de la entrada en prisión del periodista español Pablo González, encarcelado desde el 28 de febrero de 2022 en Polonia. El reportero se enfrenta a su octava prórroga de la prisión provisional, ya que en la actualidad no ha sido sometido a juicio a pesar de que el régimen polaco lo acusa de espionaje para Rusia.

Desde entonces, una campaña promovida desde España pugna por su liberación al considerar que Polonia no cuenta con “pruebas contundentes” para mantenerlo en prisión y piden al Gobierno español y a la Unión Europea que interceda en el caso del periodista. Desde Reporteros Sin Fronteras siempre han mantenido que el caso “es insólito y opaco” y que “no hay precedentes en la UE”.

González, desde la cárcel, manifestó que el periodismo es una profesión molesta para el poder: “Los dictadores no encarcelan a médicos o arquitectos de forma generalizada, pero sí ponen el punto de mira en los periodistas entre los primeros… ello muestra de manera inequívoca lo importante que es nuestra labor”.