Sociedad

La Generalitat mediará para que los inmigrantes desalojados del Poblenou logren el permiso de residencia

Se compromete a coordinarse con el Ayuntamiento y emitir informes individualizados recomendando el arraigo por razones humanitarias, que deberá decidir la Subdelegación del Gobierno

BARCELONA// La situación de los inmigrantes desalojados en julio de una nave abandonada en el barrio de Poblenou de Barcelona continúa siendo precaria, principalmente por la dificultad de seguir trabajando en la recogida de chatarra y de conseguir un permiso de residencia. Sobre este último aspecto, la negociación que esta mañana han mantenido representantes de las entidades que dan apoyo al colectivo con la Generalitat de Catalunya se ha resuelto con el compromiso de la Aministración catalana de tratar de desbloquear los informes de arraigo que permitan a estas personas regularizar su situación.

El director general de Inmigración de la Generalitat, Xavier Bosch, se ha comprometido a coordinarse con el Ayuntamiento de Barcelona para emitir informes individualizados recomendando el arraigo de estas personas atendiendo a la situación de vulnerabilidad social en la que se encuentran. El principal escollo en la emisión de informes favorables al arraigo estriba en que la Ley de Extranjería obliga a que el solicitante tenga un contrato de trabajo o acredite un nivel de ingresos suficiente, condiciones que no cumple ninguna de las personas afectadas.

“Hemos estado repasando la normativa y una posibilidad que hemos pensado que sería una buena salida es la disposición adicional primera del reglamento de la Ley de Extranjería, que habla de concurrencia de circunstancias de naturaleza económica, social, o laboral de especial relevancia no recogidas en los otros apartados. Entendemos que se debería pedir al Estado que aplique este artículo y tenga en cuenta estas circunstancias”, ha expresado Bosch. “Para echar una mano y reforzar su posición negociaremos esta tarde con el Ayuntamiento de Barcelona para hacer un informe conjunto que justifique la situación de vulnerabilidad de las personas y el estado de arraigo de esta persona en el país”, ha asegurado.

Las personas afectadas, que durante casi dos años malvivieron en la antigua fábrica abandonada en Poblenou, se aferran a que esta grieta en la normativa les permita lograr el ansiado permiso de residencia. Sin embargo, su obtención no está para nada garantizada, pues en último término es el Estado, a través de la Subdelegación del Gobierno de Barcelona, el que decidirá otorgar o no estos permisos.

Ocho personas de casi trescientos afectados

De momento son ocho, de las casi trescientas personas que vivían y trabajan en la nave, las que solicitaron el informe de arraigo a Ayuntamiento y Generalitat la semana pasada. “Lo que sucede es que antes de enviarlos aquí procuramos que tengan todos los papeles que necesitan: el pasaporte en regla, padrón, certificado penal, etc.”, ha explicado Montse Milà, integrante de la Asamblea Solidaria contra los Desalojos de Poblenou. Las entidades vecinales siguen atendiendo a los inmigrantes que lo soliciten y acompañándolos en el proceso de regularizar su situación.

En los últimos días, las entidades de apoyo y personas desalojadas de la nave habían expresado su enfado con el hecho de que la Generalitat hubiese tumbado los informes de arraigo favorables emitidos por el ayuntamiento, que en negociaciones previas se había comprometido a obviar el factor del contrato de trabajo. “Aquí es donde ha habido estos malentendidos de los últimos días, porque este informe salía desfavorable debido a que la Ley dice que es necesario el contrato laboral o unos recursos económicos suficientes” ha justificado Bosch.

Decenas de personas desalojadas siguen alojados en albergues que el consistorio puso a su disposición una vez ejecutado el desalojo. Milà ha asegurado que mientras algunas de estas están “muy contentas” con el alojamiento, otras no están conformes. “Sobre todo porque los africanos son gente muy libre, y esto de tener un horario y todo esto…”, ha apuntado Milà. La mayor preocupación de los afectados, asegura, es que han perdido su medio de subsistencia: “El tema del trabajo ahora lo están llevando muy mal. Este es un problema grave sobre todo porque se les ha cortado su medio de vida. No solo se han quedado sin lugar donde dormir y vivir, sino que no tienen cómo recoger la chatarra, trabajarla, donde venderla. Eso lo han perdido”.

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