Vanessa López: “El Gobierno debe dar el precio de los medicamentos sin más, no porque lo obligue una sentencia”

Mientras realiza esta entrevista, Vanessa López, directora de Salud por Derecho, está preparando su viaje a Ginebra para la reunión ejecutiva anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aquí, en España, la justicia acaba de darles la razón y ha determinado que, como pidió su organización y la OCU en representación de la campaña No es sano, el Gobierno debe hacer público el precio de los medicamentos. No hay nada que lo impida. En este caso, se trata del remdesivir, un fármaco contra la Covid-19 de la compañía farmacéutica Gilead. 

La sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid, que puede ser recurrida aún por el Gobierno, asegura que conocer el precio y el impacto presupuestario del fármaco no vulnera la protección de los intereses económicos y comerciales, ni aspectos como el secreto profesional, la propiedad intelectual o la confidencialidad, como han alegado la compañía y el propio Ministerio de Sanidad, que fueron quienes llevaron el caso a los tribunales en contra, incluso, de la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

¿Es normal tener que llegar a este punto para que los gobiernos no oculten los precios de los medicamentos? O, dicho de otra forma: ¿por qué hay que llegar hasta ese punto en un asunto de transparencia que afecta, además, a la salud pública? No es la primera vez que el Gobierno niega esta información a Salud por derecho.

Tratamos de poner evidencia, denunciar e intentar cambiar la opacidad que en muchos aspectos acompaña a la política del medicamento, incluso de la investigación biomédica, que luego redunda en los fármacos que llegan al mercado. La falta de información pública y transparente sobre los precios de los medicamentos que finalmente pagan los Estados es una de ellas. Es decir, el cómo se fija el precio, cuáles son las razones que llevan al ministerio a incorporar en la cartera de servicios básicos un determinado fármaco, o cuál es el precio que finalmente estamos pagando. Desde Salud por derecho y desde la campaña No es sano venimos desde hace años empleando diferentes estrategias para ir eliminando estas capas de opacidad.

Incluso el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con la Ley de Transparencia, le dice al Gobierno que debe dar esa información, cuánto costó ese medicamento.

Exacto. Presentamos una serie de peticiones de información al Ministerio de Sanidad para conocer el precio real que se estaba pagando por este fármaco para la COVID y cuál era el impacto presupuestario en las arcas públicas. El ministerio nos negó esta información, recurrimos a través del Consejo de Transparencia, que nos dio la razón y exigió a Sanidad que compartiera esta información. Sin embargo, el Gobierno, junto con la compañía Gilead, llevó a los tribunales el caso y abrió un contencioso administrativo. 

¿Qué alegó en concreto el Ministerio de Sanidad para no dar esa información?

El ministerio lo que venía a argumentar es que hacer público los precios de los fármacos empeora la situación y pone en riesgo los descuentos que se podían obtener bajo un sistema opaco. Esto es algo que está absolutamente lejos de la realidad. De lo que se trata es de hacer que el sistema sea totalmente transparente, de poner sobre la mesa los altísimos precios que pagamos por los fármacos, sobre todo, por los más nuevos y aquellos que van destinados a dolencias de los que dependen la vida de los pacientes. Esto, junto a otras estrategias, puede hacer que los precios se contengan.

Porque, además, los precios han aumentado, ¿no?

Sí, la escalada de los precios de los fármacos ha sido muy significativa en los últimos años y eso está poniendo contra las cuerdas los presupuestos públicos. Por tanto, es llamativo que tengamos que emprender todo un proceso judicial para algo que el Ministerio de Sanidad tendría que considerar motu proprio. Esta información forma parte de la rendición de cuentas que tiene que hacer el Gobierno y debe facilitarse sin más, no porque lo obligue una sentencia. 

¿Cómo puede impactar en la salud pública no conocer esos precios?

Algo que también hemos denunciado nosotros, pero de lo que hay multitud de informes o documentos de posición tanto de Naciones Unidas como de la OMS, es que uno de los problemas de la falta de transparencia en toda la cadena del medicamento es, por ejemplo, no saber cómo unas compañías llegan a fijar los precios que fijan. Es decir, cuáles son los costes reales de investigación de desarrollo, las inversiones que están haciendo, cuáles son los costes de producción, cuál es el margen de beneficio, cuáles son –y esto es importantísimo– las inversiones públicas que se reciben, tanto directas como indirectas… 

Por tanto, es fundamental que haya transparencia para poder llegar a una fijación de precios que sea, por una parte, ajustada, con unos parámetros diferentes a maximizar el beneficio económico; y, por otra parte, que tenga en cuenta todos los aportes públicos que se hacen para que un medicamento llegue al mercado y de alguna manera ponga en entredicho esos precios tan abusivos que las compañías farmacéuticas dicen que tienen que poner porque, si no, no consiguen beneficios. La transparencia en toda la cadena del medicamento vendría a cuestionar este dogma.

¿Cree que el nuevo Gobierno, en concreto el nuevo Ministerio de Sanidad, con Mónica García, una médica al frente, realizará cambios a favor de esa transparencia o sucumbirá también a los argumentos de la industria farmacéutica en este sentido?

Yo espero que sí, que influya que sea médica y pueda ser sensible a estas cuestiones. Pero no solamente por eso, sino porque, tiempo atrás, la formación política o formaciones políticas de las que viene la ministra se han mostrado preocupadas por esta deriva y por la necesidad de introducir cambios en la regulación y las políticas públicas para equilibrar el interés público con el interés económico de las compañías farmacéuticas. Pero hay que verlo, porque una cosa es estar en la oposición y otra cosa es estar en el Gobierno. 

Sobre el diagnóstico acerca de los precios de los fármacos o de cómo la investigación escapa al control de los Estados, sobre cómo tiene que comportarse el mercado en cuanto a una vacuna o un fármaco concreto, sí ha habido por parte de Naciones Unidas, de la propia OMS e incluso de los Estados, del Estado español, un reconocimiento de que estos problemas son importantes. Incluso también sobre cuáles son las medidas que hay que adoptar, algunas en la línea de las que estamos proponiendo. Pero lo cierto es que, al final, nunca lo hemos visto reflejado en la política pública. Está en los discursos incluso del Gobierno español años atrás, pero no a la hora de la verdad. Esperamos que en esta nueva legislatura podamos ver esos discursos convertidos en acciones concretas y en políticas públicas concretas.

Entre las batallas que Salud por derecho tiene abiertas, está también la de la investigación pública. Ahora mismo se está trabajando en la nueva estrategia farmacéutica europea y, según denuncia su organización, está en peligro la exención hospitalaria. ¿Por qué y qué implica que fracase esta exención?

Efectivamente, en este momento en Europa, y en concreto en el Parlamento, se están debatiendo reformas muy importantes sobre política farmacéutica que tienen que ver con el acceso a los fármacos en el entorno europeo y que, dependiendo de lo que se apruebe, puede favorecer ese acceso o no. La negociación está en el Parlamento de acuerdo a una propuesta que hace algunos meses realizó la Comisión Europea. Y hay aspectos que son complicados y que nos preocupan mucho. Uno de ellos es el que tiene que ver con esta figura de la exención hospitalaria. Se trata de una autorización especial que concede la Agencia Española del Medicamento a, por ejemplo, hospitales públicos para desarrollar, como en el Clínic, terapias avanzadas. Gracias a ello, el Clínic ha podido desarrollar una terapia, una inmunoterapia, para un tipo de de linfoma. Lo que permite a los hospitales esta figura es desarrollar y producir una terapia al margen de una compañía farmacéutica. La cuestión está en que esta posibilidad nunca ha sido bien vista por parte del sector farmacéutico porque ha empezado a ver que esto es una competencia. 

¿El precio es la diferencia también?

Por poner negro sobre blanco, si la terapia que mencionaba del Hospital Clínic viene a costar en torno a unos 90.000 euros por paciente, en la industria farmacéutica viene a costar entre 300.000 o casi 400.000 euros. Es mucha la diferencia. Y eso es lo que quieren las compañías farmacéuticas, poner coto a cualquier medida que permita a hospitales públicos desarrollar, tener capacidad de producción, y por eso nunca han visto bien esta figura, que desde hace tiempo intentan eliminar. 

¿Qué partidos están en contra o a favor de su eliminación?

Ahora estamos viendo las enmiendas que tanto el Partido Popular Europeo o los liberales europeos están haciendo. Son unas enmiendas que vienen a limitar de facto, o más bien imposibilitar de facto, que los hospitales públicos puedan desarrollar estas terapias. El Clínic, hasta la fecha, ha tratado a 300 pacientes y las propuestas que están haciendo los partidos políticos para limitar el alcance de la exención hospitalaria no permitiría ni de lejos este número de pacientes, junto con otras barreras que quieren introducir. 

Por eso nos hemos movilizado ahí tanto Salud por derecho como otras organizaciones de la sociedad civil, europea y española, pero también grupos de investigadores en terapias avanzadas, como es la red Terav, o muchos expertos que están trabajando en este área. En resumen, lo que decimos es que la estrategia farmacéutica europea tendría que, de introducir cambios, reforzar esta exención hospitalaria como una medida que pueda alentar la investigación en hospitales públicos sobre todo y destacar el modelo español, por ejemplo, el del Clínic, que se ha mostrado como un modelo a seguir en otros países europeos y que además ha permitido que muchos pacientes ya estén tratados. 

Es decir, la estrategia debería asegurar esta terapia y hacerlo, además, garantizando los máximos estándares de calidad y seguridad para los pacientes, puesto que sigue la misma autorización que seguiría un producto comercial. Es más, lo que se está buscando es que estas terapias como la del Clínic puedan tener una autorización centralizada en la Unión Europea como cualquier otro producto comercial. Esto es lo que las compañías farmacéuticas no quieren que pase y están poniendo todas las trabas posibles. Lo preocupante es que el Partido Popular Europeo y español y los liberales europeos están justamente haciendo enmiendas para que esto sea como quiere la industria.

¿Es este otro indicador de que no hemos aprendido de la pandemia, cuando se habló tanto de la necesidad de inversión pública en ciencia? ¿Hemos aprendido algo? 

Yo creo que ahora estamos mucho más informados, que ya no tenemos esa la venda en los ojos que teníamos hace algún tiempo. Estamos incluso advertidos porque lo hemos vivido en nuestras carnes. Y hemos visto cómo estas políticas que tienen que ver con la salud global o con la política farmacéutica han llevado a una situación de inequidad terrible, por ejemplo, en el acceso a las vacunas para la COVID. Es decir, hemos visto cómo el sistema no ha terminado de funcionar, por supuesto para los países pobres, pero para los países ricos tampoco. 

Ahora estamos observando, de nuevo, que los principios que se están manejando dejan mucho que desear. Por parte de Europa es la Comisión Europea la que está negociando la posición de los países miembro de forma consensuada y ahí nos está preocupando muchísimo cuál es la posición. Los textos que estamos leyendo, las medidas, no van en absoluto encaminadas a acuerdos vinculantes con los que se asegure la equidad entre los países, por ejemplo a la hora de acceder a vacunas o medicamentos si se desarrollan para una eventual pandemia. Pero es que por otra parte también estamos viendo que tampoco se están introduciendo medidas vinculantes que aseguren o que corrijan el desequilibrio que en la capacidad de hacer frente a un contexto de este tipo hay entre los países pobres y los ricos.

¿Por ejemplo?

Se exige muchas cosas a los países pobres como, por ejemplo, que compartan información sobre patógenos pero no estamos acompañando con compromisos que vayan encaminados a fortalecer la capacidad de los sistemas epidemiológicos o sistemas sanitarios de estos países, que solos ellos no pueden hacer frente a estas exigencias. Por otra parte, vemos que la actitud de los países ricos es de un exceso de proteccionismo, en el que se busca únicamente un enfoque de seguridad, pero, por otro lado, de nuevo no hay ningún tipo de compromiso a la hora de cómo transferir la tecnología sobre vacunas o medicamentos o, por supuesto, ningún marco de reparto de estas tecnologías que sea equitativo.

Aquellas lecciones aprendidas encaminadas a que los países pobres no pueden quedarse atrás, de que esto es algo compartido y que tenemos que crear mecanismos que realmente aseguren la equidad y un enfoque solidario y de responsabilidad mutua, no las estamos viendo.

Es un esquema parecido a lo que estamos observando con la crisis climática. ¿Cuáles son los retos para hacer frente a la crisis climática y reducir su impacto en la salud? ¿Qué propone Salud por Derecho?

En primer lugar, sería necesario tomar mucha más conciencia, tanto la ciudadanía como los responsables públicos, del impacto que tiene la crisis climática en la salud de las personas. Hay que tener una mayor conciencia del impacto de las altas temperaturas y los eventos climáticos extremos, de las enfermedades que son producidas por los golpes de calor, enfermedades que son transmisibles por el agua, como por ejemplo el cólera, o las enfermedades que se transmiten por vectores, por ejemplo mosquitos, el caso del dengue o de la malaria. Estamos viendo cómo los casos a nivel a nivel global están aumentando de manera exponencial incluso en regiones donde hasta ahora no era un problema de salud pública. O las enfermedades respiratorias que tienen que ver con la mala calidad del aire o cardiovasculares…

Por tanto, como primer punto, es importantísimo explicar mejor a la población que el impacto del cambio climático en la salud y en nuestra calidad de vida, en nuestro modo de vida, es tremendo. Y para ello, por supuesto, hay que intentar atajar de raíz el problema. Hay que eliminar los combustibles fósiles. Necesitamos reducir las emisiones en un 43% para 2030 y en un 60% para para 2035 y, sin embargo, no vamos por el buen camino. Necesitamos que la financiación climática aumente de manera también exponencial.

Hace ya muchos años que la comunidad internacional se comprometió a aportar 100.000 millones de dólares anuales para luchar contra el cambio climático y, ni de lejos, estamos en estas cifras. Pero, además, las inversiones para adaptación al cambio climático también tienen que aumentarse. Porque hasta ahora han estado dirigidas, sobre todo, a la mitigación, que es fundamental, pero hay que adaptarse, cómo los sistemas de salud pueden lidiar, con el cambio climático que está aquí. La salud tiene que estar en todos los planes nacionales de adaptación. Y esto todavía no está no está demasiado incorporado.