Terratenientes salpicados por el agua robada en Doñana

Las informaciones sobre la escasez de agua en Doñana, con la ley que pretendía aprobar el gobierno de Juanma Moreno de fondo, se han incrementado en los últimos tiempos. «Doñana sigue agonizando: se seca por segundo año consecutivo su laguna más grande», publicaba Climática el pasado agosto en un reportaje que señalaba al «turismo y la agricultura, junto con la sequía y las altas temperaturas» como culpables de la situación. Lejos de tratarse de fenómenos naturales, la mano del ser humano ha venido jugando un papel crucial en el maltrato del parque y su entorno, principalmente a través del robo de agua subterránea.

Tras meses de rechazo por parte de la comunidad científica, ecologistas, el Gobierno central y la Unión Europea, la Junta de Andalucía retiró el pasado noviembre la ley con la que se iban a regularizar regadíos hasta ahora ilegales tras llegar a un acuerdo con el Ejecutivo. El protocolo incluye ayudas para los agricultores que decidan dejar de cultivar sus tierras para renaturalizarlas o convertirlas en terrenos de secano o de producción ecológica. Si cumplen con los requisitos, aquellos propietarios que tengan expedientes sancionadores abiertos por presunto robo de agua también se podrían acoger, aunque sigan su curso legal.

La lista de investigados y condenados por este tipo de prácticas ha crecido en los últimos meses gracias a diferentes actuaciones judiciales. Entre ellas, destaca la primera sentencia que puede acarrear cárcel. En septiembre, el Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla condenó a los hermanos Campos Peña a tres años y medio de prisión por esquilmar el acuífero de Doñana para el riego de su finca entre 2008 y 2013. De acuerdo con el fallo, los latifundistas, propietarios de la finca Hato Blanco Viejo, en el término municipal de la localidad sevillana de Aznalcázar, detrayeron 19,4 millones de metros cúbicos de agua de forma ilegal durante esos cinco años, logrando con ello «un enorme beneficio» a costa de un bien público.

Los abogados de la familia Campos Peña han remitido a este medio un comunicado en el que critican las «excesivas y desproporcionadas» penas impuestas en la sentencia, a la cual achacan «errores tanto fácticos como jurídicos» relacionados con el volumen de agua robada. Asimismo, consideran que el fallo judicial «se ha dictado en un contexto político y social poco idóneo» y que «los diversos postulados ideológicos que se mantienen» han podido «interferir en el resultado».

Pero los Campos Peña no han sido los únicos terratenientes a los que les ha salpicado el agua robada en los alrededores de Doñana en los últimos meses. La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla se ha querellado contra una sociedad de herederos de la duquesa de Alba y contra otra compañía del extorero Miguel Báez, El Litri, provocando la apertura de sendos casos en los juzgados por presuntos riegos ilegales. En el caso del matador, el Ministerio Público acusa a su empresa de sustraer más de 2 millones de metros cúbicos de agua de forma ilícita durante cuatro años de un acuífero próximo al parque para mantener 360 hectáreas de olivo superintensivo, de acuerdo con la información publicada por El País.

La defensa de El Litri asegura que dicha información publicada por el diario «falta gravemente a la Verdad [sic] en diversas cuestiones». Entre ellas, que la finca Carrascalejo no se encuentra ubicada en el entorno del Parque Nacional de Doñana, ni en la zona conocida como «Pre Parque», así como que la empresa propietaria de la misma, en el momento en el que sucedieron los hechos, solo estaba participada en «un porcentaje mínimo» por el extorero. Los abogados de Báez, de la misma forma, niegan «que se haya producido riego alguno» en la finca, al contar ésta, aseguran, con permiso para la producción de olivar hiperintensivo pero «de secano»: «En ningún caso es posible físicamente que se haya dispuesto del volumen de tan exageradas cantidades de agua, ni se ha producido un perjuicio a lo público del volumen y dimensión que se ha comentado en algunos medios y otros ámbitos», subrayan.

A los Alba, la Fiscalía les acusa de contar con ocho pozos presuntamente ilegales en la finca Aljóbar, también en el municipio de Aznalcázar, el mismo en el que se encuentran los terrenos de los hermanos Campos Peña. En este caso, el riego ilícito de los herederos de Cayetana Fitz-James Stuart, solo en la última campaña, habría sido de unos 306.000 metros cúbicos, según los cálculos del Ministerio Público. Ante esto, el juzgado ha citado como investigada a Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, por un delito contra el medio ambiente, como presidenta de Eurotécnica Agraria, la sociedad que gestiona dicha finca. Su hermano, Alfonso Martínez de Irujo, ha pedido su desimputación y ha asegurado que los encargados de los terrenos son él y su hijo Luis. El duque de Híjar ha reconocido la existencia de captaciones de agua no registradas pero, a través de su abogado, sostiene que «el caudal extraído es el correcto, nunca más de lo autorizado».

Los juzgados encargados de estos casos no han facilitado más información a este medio sobre la situación actual de los procedimientos abiertos contra el extorero y contra los aristócratas de la Casa de Alba.

A principios de noviembre, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir anunció una resolución sobre 100 pozos y 17 balsas, y especificaba que ya se había ejecutado el cierre voluntario de 13 sondeos en el mes de agosto. A ello «se sumarán», explicitaba la CHG, la clausura de otros siete en las siguientes semanas, «todos ellos en el entorno de Doñana». En julio, el organismo regulador de cuenca del Guadalquivir adoptó medidas provisionales de precintado de 25 captaciones en la zona.

Sensación de impunidad

Para Juan Cuesta, miembro de Ecologistas en Acción Sevilla, las diferentes administraciones públicas encargadas de la regulación de la cuenca, han cometido una «histórica dejación de funciones». «De la ocupación de suelos que en muchos casos eran públicos y de la sobreexplotación de los recursos hídricos tenemos constancia desde que se publicó un informe de expertos en el 92, y hemos tardado 30 años en ver actuaciones efectivas. Eso es una clara negligencia», explica el activista.

No obstante, sí considera que la Confederación «se ha puesto las pilas» en los últimos años, aumentando el número de inspecciones y de acciones para limitar el expolio que sufre el parque nacional. Felipe Fuentelsaz, coordinador de Agricultura y Agua de WWF España, también pone en valor el cambio de rumbo de la CHG gracias a la nueva dirección, aunque considera que, en parte, son rehenes de «la herencia de desgobernanza» de las últimas décadas: «Los terratenientes, durante años, han accedido a las confederaciones como si estuviesen en su casa y han sido los dueños y señores del agua en España».

Esta falta de control histórico derivó, según Cuesta, en «una sensación de impunidad» de estos grandes terratenientes: «Por un lado, veían que nadie vigilaba lo que estaban haciendo. Y, por otra parte, cuando sí había inspecciones y expedientes sancionadores abiertos, estos quedaban en nada. La impunidad era manifiesta», asegura el activista.
En el caso de los hermanos Campos Peña, antes y durante el periodo investigado (2008-2013), la sentencia recoge hasta nueve resoluciones sancionadoras desde 1997, más otras cuatro del Consejo de Ministros, una de ellas confirmada por el Tribunal Supremo. Estas multas oscilaban entre los 31.050 euros hasta más de 300.000 euros.

Para Fuentelsaz, muchas de estas y otras sanciones, especialmente las que se producen a través de vías administrativas, «son mucho más bajas que el valor del agua robada»: «En ciertos cultivos, sobre todo de frutas y hortalizas, robar agua ha sido rentable incluso recibiendo multas». Ahora, sin embargo, cree que eso ha cambiado, sobre todo a raíz del trabajo de la Fiscalía de Medio Ambiente, que, en su opinión, ha provocado «sentencias que marcan un antes y un después».

Desde 2007, los tribunales han impuesto medio centenar de condenas por la tenencia de pozos ilegales o por transformación de fincas de secano en regadío, según un recuento elaborado por la Fiscalía de Huelva.

Desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sin embargo, defienden no haber dejado de cumplir con sus obligaciones «en ningún momento», si bien reconocen que la aprobación del Plan de la Fresa en 2014 «supuso un punto de inflexión en la eficacia a la hora del control de captaciones ilegales», ya que «se intensificaron las inspecciones en esas áreas no regables». Desde 2019, el organismo regulador de la cuenca asegura haber aumentado sus labores de vigilancia y control y, desde entonces, se han clausurado 259 pozos ilegales «a los que se van a sumar otros 278 actualmente en tramitación para el cierre», explicaron durante el mes de diciembre.

La Confederación también reconoce «un enorme cambio en el ámbito de la vigilancia y el control de Doñana y su entorno» desde la pasada legislatura, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico incrementó los medios humanos, pasando de dos agentes medioambientales a seis, los cuales «permanecen constantemente en el territorio». A ello hay que añadir el refuerzo de otros seis agentes en la provincia de Sevilla cuando las circunstancias operativas así lo exijan. «Además, la estrecha cooperación y colaboración con la Guardia Civil nos ha permitido un nivel de eficacia en estas tareas de vigilancia y control muy superior», explican a lamarea.com.

En 2020 y 2021, los últimos años recogidos por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), los hermanos Campos Peña, El Litri y los miembros de la Casa de Alba han recibido subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) procedentes de la Unión Europea. La familia de terratenientes condenados, por su parte, ha cobrado más de 320.000 euros de manera individual en esos dos años, a los que hay que sumar otros 620.000 euros para la sociedad de transformación agraria Sotogordo, responsable civil subsidiaria de los hechos, según la sentencia. La sociedad Santa María del Río, participada por el extorero, se embolsó en ambos ejercicios 287.000 euros. Finalmente, Eurotécnica Agraria SL, la compañía gestora de Aljóbar, ha permitido a los Alba obtener subvenciones valoradas en 1,4 millones de euros.

¿Subvencionando el robo?

En el caso de los Campos Peña, los hechos por los que han sido condenados pertenecen al periodo 2008-2013, por lo que no es posible conocer el dinero público recibido en esos años. Las subvenciones otorgadas a los aristócratas de la Casa de Alba y a la empresa de El Litri, sin embargo, sí corresponden a una parte del periodo que está siendo investigado. A pesar de ello, los especialistas consultados por lamarea.com consideran que, aun terminando estos casos en una sentencia condenatoria, esta posiblemente no afectará a los fondos obtenidos ni a los derechos de futuros cobros.

Desde el departamento especializado en Derecho Agrario de RZS Abogados explican que «salvo que la sentencia lo especifique, es muy complicado retirar subvenciones públicas» a estos latifundistas. Para hacerlo, aseguran, la Junta de Andalucía en este caso (que es la encargada de distribuir estos fondos europeos) debería considerar estos hechos como muy graves y ampararse en la Ley General de Subvenciones. Esta norma, en su artículo 58, establece que las infracciones muy graves se producirán cuando se obtenga una subvención «falseando las condiciones requeridas para su concesión» o cuando éstas estén tipificadas como tal en la normativa de la Unión Europea. Todo ello podría conllevar la pérdida de fondos durante hasta cinco años.

No obstante, desde RZS Abogados consideran difícil incluir el robo de agua en algunos de estos preceptos. Asimismo, explican que el conocido como «procedimiento de recuperación de pagos indebidos» de la PAC, de producirse, solo permite actuar hasta un máximo de cuatro años hacia atrás. Este medio ha preguntado al Ministerio de Agricultura sobre esta posibilidad pero no ha obtenido respuesta.

El exdiputado Juan Antonio López de Uralde, líder de Alianza Verde, defiende que el robo de agua es incompatible con la obtención de subvenciones públicas, por lo que solicita una reforma legal para evitarlo: «Si de verdad hay voluntad política para hacer frente a esto, habrá que modificar la ley para no dar ni un euro de dinero público a propietarios de fincas que operan de esta forma. La ley tiene unos límites en la actualidad, sí, pero se puede cambiar para evitar que siga sucediendo en el futuro», asegura.