Un fraude social intolerable

JOSÉ LUIS TORTUERO// El pasado viernes asistí a la ceremonia de graduación de la primera promoción del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Hace meses, el grupo de tarde me había elegido su padrino. Al terminar el acto, varios alumnos vinieron a presentarme a sus padres; otros se presentaron por sí mismos. A los pocos minutos me di cuenta de que no querían conocer al profesor de su hijo/a, al que habían llamado “sabio” en los medios y había participado en un Comité de Expertos creado por el Gobierno… No, querían preguntarme, con temor, qué ocurrirá con su pensión, pedirme consejo sobre su posible jubilación anticipada, etc.

La imagen era curiosa. En los pasillos de la Facultad, se reunían varias generaciones: el hijo, el padre/madre y el profesor, vestido con traje académico para hablar, no en abstracto del futuro de las pensiones, sino de la situación de pánico de ciudadanos concretos. Yo les preguntaba: ¿Cuántos años tiene?, ¿cuántos años ha cotizado?, ¿por qué quiere jubilarse antes de tiempo?, ¿cuál es su situación laboral? Las respuestas se sucedían: 61, 62, 63 años.., 39, 40, 42 años de cotización…, y mucho miedo a lo que ocurra con la pensión después de toda la vida trabajando y cotizando a la seguridad social. Intenté tranquilizarlos, aconsejarles con precaución y prudencia, pero notaba que, aun siendo ciudadanos privilegiados (con empleo a esa edad) y formados, ni siquiera el llamado “sabio” podía quitarles la angustia, por más que lo intentaba. A ella, se añadía la preocupación por el futuro laboral del recién graduado.

Era solo una muestra de la sensación de incertidumbre y zozobra, que se unía a la cantidad de correos que recibí durante el tiempo de permanencia en el Comité.

Al cambiar el traje académico por el de calle, me acordaba de la cantidad de veces que en las reuniones del Comité de Expertos, y después en el voto particular, advertí de la alarma social que crearíamos. El momento elegido era el peor de la crisis: destrucción de tejido productivo y de empleo, reducción salarial, congelación –plena o parcial– de las pensiones , efectos reductores de las pensiones propiciados por las reformas, elevación generalizada de impuestos, encarecimiento – y más restricciones- en el acceso a servicios públicos, etc. No era el tiempo de abrir un debate serio, transparente, explicativo, casi didáctico, honesto, desinteresado (si esto es posible) sobre nuestro sistema de pensiones y sus necesidades. El efecto alarma tiene sus consecuencias: precipitar jubilaciones anticipadas con pensiones reducidas y dejar a los ciudadanos sin capacidad de reacción.

También me acordaba de mi última conversación con un periodista sobre las generaciones malditas, las que, a partir de los 55 años – o antes–, son expulsados del mercado laboral sin posibilidades de retorno, ven reducidos sus derechos de protección y cerradas las puertas a los subsidios por desempleo. Junto a ellos, que abandonamos a su suerte, están los que son algo más afortunados y pueden enlazar con jubilaciones anticipadas y muy reducidas a partir de los 61 años. Incluso los más afortunados soportarán todos los efectos: los de crisis y los de las reformas de las pensiones (las ya realizadas y las próximas). Cuando hacemos su radiografía, observamos que son generaciones que comenzaron a trabajar a edades tempranas, que tienen largas carreras de pago del seguro –no para ellos, sino para sufragar las pensiones de sus mayores– y que son las que cambiaron la imagen de nuestro país, asumiendo su modernización y desarrollo. Ahora los dejamos fuera de la foto o, en el mejor de los casos, como mileuristas o poco más. El fraude social es intolerable.

Es claro que con la introducción de los “factores de sostenibilidad” daremos una vez más respuesta a las demandas de alguno de nuestros socios europeos (cada vez menos socios y más dictadores interesados) o de la Troika; en definitiva, aprobaremos como alumnos obedientes frente a terceros cada vez mas ajenos, pero suspenderemos como profesores frente a nuestros ciudadanos.

Sin duda tenemos otros caminos: realizar las reformas necesarias en el sistema de protección para modernizarlo y racionalizarlo, lo que producirá efectos en la relación ingresos-gastos; impulsar políticas de empleo para los jóvenes y los trabajadores de mayor edad –las pensiones se garantizan con el empleo, no con su reducción–; fomentar políticas de crecimiento económico y no solo las de austeridad. Unas tendrán efectos inmediatos, otras lo tendrán en el corto o medio plazo. Lo importante es diseñarlas y ponerlas en marcha.

* José Luis Tortuero Plaza es catedrático de Derecho Laboral, fue miembro del Comité de Expertos creado por el Gobierno para proponer una reforma de las pensiones y se opuso al dictamen final del grupo.

[Artículo publicado en El Mono Político]