Caen las peticiones de asilo en España, el “gendarme” de Europa

“Europa no debería ser sólo un lugar seguro para la banca, sino también para los ciudadanos”. Con estas palabras el presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Carlos Berzosa, denunciaba en rueda de prensa el “escaso compromiso” mostrado por los diferentes gobiernos españoles con las personas refugiadas en los últimos diez años. Una afirmación que viene avalada por los datos contenidos en el Informe Anual de la Comisión sobre la situación de las personas refugiadas en España y que presentaron con motivo del Día Internacional del Refugiado que se conmemora este jueves.

Según un informe de Eurostat, en 2012 España registró la cifra de solicitudes de asilo más baja en los últimos 25 años y se situó en el penúltimo puesto de la Unión Europea, por delante, únicamente, de Portugal. No porque haya menos personas que necesiten recibir protección internacional, sino porque, según afirman desde CEAR, Italia, Grecia y España se han convertido en los «gendarmes de Europa”. España, además, es uno de los países que más inmigrantes sin papeles rechaza, según el último estudio de la Comisión Europea. Durante el año pasado expulsó al 63% del total de la UE, la mayoría en las fronteras terrestres externas.

José Antonio Rubio, coordinador de Incidencia y Participación Social de la Comisión, explicó que los agentes de la Agencia Europea de Fronteras Exteriores (Frontex) cada vez realizan sus controles más lejos de las fronteras de los países receptores y más cerca de las costas de los países de origen o de tránsito. A esto hay que sumarle la restrictiva política de externalización de fronteras, que conlleva que se firmen acuerdos de readmisión con los países de procedencia de los solicitantes de asilo, que se condicionen las ayudas de Cooperación y Desarrollo a la suscripción de estos acuerdos o se militaricen las fronteras.

Esta situación debió haberse resuelto con la entrada en vigor, en noviembre de 2009, de la Ley de Asilo, aunque la falta de desarrollo de un reglamento que permita aplicarla lo ha impedido. Por este motivo se incumple, por ejemplo, la aplicación de trato diferenciado a los más vulnerables como es el caso de las víctimas de trata de personas. Las Oficinas de Asilo y Refugio denegaron el pasado año el 100% de las solicitudes planteadas por mujeres provenientes de países como Nigeria o Malí y que presentaban claros indicios de ser víctimas de estas prácticas. Las autoridades españolas, a pesar de lo contemplado en la ley, consideraron que no cumplían los requisitos para recibir protección internacional y que debían obtener la residencia en virtud de lo establecido en la Ley de Extranjería.

Ciudades-cárcel

Ceuta y Melilla constituyen otro ejemplo paradigmático del desprecio gubernamental por los derechos de los solicitantes de asilo. El procedimiento habitual de la Jefatura Superior de Policía Nacional consiste en iniciar sistemáticamente expedientes de expulsión “a todos los extranjeros que hayan entrado irregularmente” sin informarles de que tienen la posibilidad de pedir protección internacional. En estos casos, muchas de estas personas corren el riesgo de perder su libertad o de ser torturadas o incluso asesinadas. Mientras esperan para saber si las expulsarán o se tramita su petición, tienen prohibido viajar a la península y quedan  retenidas en Ceuta o en Melilla, que actúan como Centros de Internamiento gigantes. Algo que vulnera el derecho de libre circulación recogido en el artículo 19 de la Constitución Española así como la propia Ley de Asilo. Se explica así que en Ceuta el número de solicitudes haya descendido un 63% entre 2011 y 2012.

Otra de las situaciones que quisieron denunciar desde CEAR es la “apatía de la Oficina de Asilo y Refugio” respecto a los apátridas (personas sin nacionalidad porque ningún Estado las reconoce como ciudadanas). En 2012 se recibieron 400 peticiones de las que se admitieron a trámite únicamente 8. Y de estas solamente se aprobó una. “La mayoría de los solicitantes eran de origen saharaui y fueron devueltos a Marruecos” –explicó José Antonio Rubio-. “Las autoridades españolas prefirieron ignorar el hecho de que en este país se producen violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los migrantes y refugiados”, concluyó.

Todas estas prácticas conjugadas tienen como consecuencia un efecto disuasorio. Detrás de este se esconde el hecho de que, en 2012, la media de solicitudes de asilo de la UE haya aumentado hasta las 660 por cada millón de habitantes mientras que, en España, no llegue a 60. Pero también tienen impacto en el riesgo de aquellos que tienen que huir de sus países para tratar de salvar sus vidas. Primero porque se fomenta la proliferación de las redes de tráfico de personas, pero también porque los habitantes de regiones como Oriente Próximo o el norte de África no tendrán más remedio que elegir rutas más peligrosas para esquivar a los gendarmes del continente y tratar de acceder a Europa.

Derecho de Asilo común

A pesar de la preocupante realidad actual, la aprobación, el pasado 12 de junio, del sistema de asilo común por el Parlamento Europeo abre una vía de esperanza. Esta ley establece criterios y garantías comunes para los solicitantes que realicen su petición dentro de la UE. El acuerdo se ha demorado más de tres años por las reticencias de Alemania y Holanda, pero se han conseguido logros como el establecimiento de unas condiciones mínimas de salubridad en los Centros de Internamiento. Tras este primer paso, aún tendremos que esperar unos tres años para que entre en vigor debido a los trámites burocráticos que tiene que superar. Y es que, tal y como destacó Berzosa, “ya sabemos que la justicia en la UE es muy rápida para las entidades financieras pero muy lenta para los ciudadanos”.