Martín Beristain: “Todos los sufrimientos tienen que ser reconocidos, no solo aquellos con los que nos sentimos afines políticamente”

Carlos Martín Beristain (Bilbao, 1959) es médico, doctor en Psicología y un referente internacional en la atención psicosocial a las víctimas de conflictos armados y de las más graves violaciones de derechos humanos. Fue el coordinador del Informe de recuperación de memoria histórica Guatemala: nunca más dedicado a los 36 años de guerra civil en el país centroamericano. También ha participado en comisiones de la verdad en Perú, Paraguay, Ecuador y Colombia, y ha asesorado a víctimas en varios casos africanos de la Corte Penal Internacional. Asimismo, ha trabajado de manera regular con víctimas de ETA, del GAL, así como de la Policía y de la Guardia Civil en Euskadi. Cuando se le habla de los procesos de justicia, verdad y reparación siempre añade uno menos reivindicado pero igual de importante para que las vidas puedan reconstruir sus vidas: el derecho a la no repetición, a menudo el más difícil de garantizar.

Conversamos con Martín Beristain sobre cómo se llega a escenarios de puro horror como el genocidio en la Franja de Gaza y cómo hacer justicia a quienes han sobrevivido a los crímenes más atroces y execrables. Lo hacemos en Barcelona, tras su participación como experto en cultura de paz en una mesa redonda organizada por el Museo Nacional de Arte de Catalunya en el marco de la excelente exposición Quina humanitat?, dedicada a los efectos de la Guerra Civil española y de la II Guerra Mundial.

Comencemos por el principio: ¿qué es la verdad para las víctimas?

La verdad para las víctimas es, en primer lugar, un marco social de reconocimiento de su experiencia. No estamos hablando de hechos aislados, sino que son resultado de causas socio-políticas, por lo que necesitan un espacio social de reconocimiento de que lo que les pasó es verdad. 

A menudo, a las víctimas se les acusa de mentir o de ser responsables de lo ocurrido. Entrevistando a una mujer colombiana exiliada en Chile para la Comisión de la Verdad, le pregunté qué era para ella ser refugiada. Me contestó que ser refugiada es convencer al otro de que tu verdad vale la pena. La víctima tiene que estar convenciendo al policía de migración, al trabajador social y a todos de que lo que cuenta es cierto. 

Wilson Gutiérrez es un hombre que fue secuestrado en 1994 por el DAS, la policía política colombiana. Llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y consiguió una sentencia que condenaba al Estado de Colombia por las torturas que sufrió, incluida la violación sexual. Cuando le pregunté por qué había luchado tanto para llevar su caso a la CIDH, me contestó que necesitaba que la Corte dijese que el Estado mentía y que él decía la verdad porque hasta su familia desconfiaba de él. 

En el caso de las personas desaparecidas de manera forzosa, la verdad es la que permite que se les reconozca como tal porque, en el caso contrario, lo que suelen decirle a sus seres queridos cuando denuncian su desaparición es que se fue con otra persona, que se unió a la guerrilla… 

«Es importante una justicia que reconozca la dignidad de las víctimas»

¿Qué otras funciones tiene la verdad en contextos de guerra y violencia estructural?

La verdad también es un reconocimiento de la dignidad de las víctimas. Las mujeres ruandesas que presentaron la denuncia ante la Corte Penal Internacional querían que la violencia sexual que habían sufrido adquiriese el mismo estatus que el delito de genocidio y querían que la Corte demostrase que ellas no habían sobrevivido porque se hubiesen dejado violar por los perpetradores, ni porque se hicieran sus novias, sino que fueron capaces de sobrevivir a sus agresiones. Es decir, la verdad también es una versión de la historia que rescata una identidad positiva de la víctima.

Por ejemplo, el caso de las Madres de Soacha, que denunciaron los casos de los llamados falsos positivos (asesinatos por parte del Ejército colombiano de civiles para presentarlos como bajas en los combates). Hicimos unos Encuentros por la verdad entre estas mujeres, miembros de las fuerzas militares y parte de la sociedad de Soacha, el barrio donde se cometieron los crímenes. Las madres querían que los responsables dijesen que sus hijos no eran guerrilleros, que sus hijos eran buenas personas, que ellos se inventaron una historia falsa para legitimar sus acciones. Es decir, trataban de rescatar una identidad positiva de sus hijos asesinados.

Y la verdad también es muy importante en términos de no repetición. Las madres del Retén de Catia fueron unas mujeres que denunciaron una masacre de una cárcel venezolana en los años 90. Cuando en la Corte Interamericana preguntaron a las madres qué esperaban del juicio, respondieron que no querían que ninguna madre volviera a pasar por lo que ellas habían pasado. La verdad también tiene un sentido de resignificación de la experiencia para toda la sociedad.

Y mucha gente también nos dice que la verdad tiene que ver con una necesidad de hablar de lo que nunca ha podido hablar, de quitarse un peso de encima, de convertir la historia de desprecio y sinsentido que son las violaciones de derechos humanos en una historia de dignidad.

Algo que también ha corroborado en casa, en Euskadi. 

Sí, entre 2007 y 2012, llevamos a cabo la llamada Iniciativa Glencree. Durante cinco años, reunimos a víctimas de ETA, del GAL y, después, a víctimas de la Policía y la Guardia Civil. Lo hicimos sin que se hiciera público y fue una experiencia bellísima, dura y conmovedora, de una enorme capacidad de reconstrucción. En un principio, no había una intención de contarla. Aún estaba ETA activa y también seguían las torturas. Sabíamos que si salíamos públicamente nos iban a dar por todos lados. Pero cuando estábamos en el final del proceso, las víctimas dijeron que querían contarlo para que sus nietos supieran que cuando todo eso estaba ocurriendo no se quedaron en casa, sino que se juntaron con las víctimas del otro lado para tender puentes y buscar salidas. 

Entonces, es una verdad que nace de ellas, una verdad en la que decían que habían empezado siendo de uno de los dos lados y que habían terminado siendo del mismo, del que sufre. Y todas se habían sentido utilizadas por distintos actores. Entonces, es una verdad en la que hay una lección moral de las víctimas para la sociedad.

De nuevo, el espacio público de reconocimiento social del que hablaba al principio.

Sí. Un día le pregunté a la madre Guadalupe (Mejía), líder del movimiento de los desaparecidos y ejecutados en El Salvador, qué había esperado de la Comisión de la Verdad que se había hecho unos años antes con resultados limitados. Me contestó: “Nosotras sabemos que ellos saben que son responsables. Lo que queremos es que lo sepa la sociedad”. Hay una verdad destinada a que la sociedad se deje tocar por ella, para que forme parte de una conciencia colectiva no solo de lo que pasó, sino también de lo que es intolerable que ocurra. La verdad moral tiene que venir no solo de la constatación de los hechos –lo mataron, los descuartizaron, lo desaparecieron–, sino que tiene que llevar una dimensión crítica, ética, que muestre y nombre  lo intolerable, como sostenía John Berger, porque solo lo intolerable convoca a la acción. 

«La reparación tiene que sintonizar con el proceso de reconstrucción de la víctima y tener un impacto positivo en sus vidas»

Parte de la sociedad concibe la justicia sólo como el castigo del culpable, pero para muchas víctimas representa muchas otras acciones. ¿Qué tipos de justicia son las que más contribuyen a la recuperación psicosocial de la víctima? 

En el caso de las personas que ya no están, es importante una justicia que reconozca la dignidad de las víctimas. Mucha gente me ha dicho que quería que se hiciera justicia porque su familiar no era un perro, para que quedase claro que su vida tenía valor. También tiene que ser una justicia que suponga una forma de reequilibrio social. Las víctimas han perdido la tierra, la guerra, sus vidas. No se puede hacer ningún proceso de reconstrucción del tejido social ni de reconciliación mientras los victimarios puedan seguir coaccionando. La justicia debe ayudar a romper la asimetría de las relaciones de la violencia. 

La condena también es un reconocimiento social de que lo que la víctima denuncia sí ocurrió, que es injusto, que esos son los responsables y que sus actos son sancionables. Y la sanción debe tener una concepción restaurativa. 

¿Por ejemplo?

La primera condena por desaparición forzada en Guatemala fue contra un comisionado militar, un agente del Ejército impuesto en las comunidades durante los años 80. Cuando preguntaron a las víctimas qué querían en términos de justicia, respondieron que lo único que querían era saber dónde estaban los desaparecidos. Y el condenado no lo dijo. 

El componente restaurativo de la justicia comprende que personas que han perdido tanto reciban apoyo, que recuperen su parte de la historia, que haya una respuesta de respeto frente a los derechos de las víctimas. En el caso de Colombia, tenemos la Justicia Especial para la Paz (JEP), que está basada, precisamente, en un concepto restaurativo de la justicia, no penal. Si los responsables de los crímenes acuden a la JEP y proporcionan información relevante y completa sobre los hechos en los que participaron, tendrán una pena restaurativa. Aún no sabemos cuáles son porque todavía no ha habido una sentencia de esta Corte. Pero el tema es que si no colaboran de manera total en la recuperación de la verdad, la JEP puede excluir a esas personas de la justicia restaurativa y pasar a un proceso penal. Eso demuestra que el esclarecimiento de la verdad es un punto central para la justicia.

Además, en la JEP, como en otros procesos de justicia restaurativa, lo importante no es solo la sentencia, sino que el proceso debe tener elementos de reparación, tiene que ayudar a la gente a ponerse de pie, a dar sentido a lo vivido, a rescatar su valor como seres humanos. 

También hay casos con resultados ambivalentes, como el de una mujer que logró que se condenara al miembro más condecorado del DAS, la policía política de Colombia. Ella me contó que, tras la condena, se puso muy triste y no pudo volver a la Asociación de Familiares de Desaparecidos porque la lucha había sido una forma de mantener vivo a su hermano. 

Los procesos judiciales, a menudo, siguen siendo espacios en los que los perpetradores reproducen la violencia contra las víctimas.

Sí. Un día, dando un taller a fiscales colombianos me contaron que en un juicio a un paramilitar, este no dejaba de decir “mis amigos invisibles” para referirse a las víctimas que él mandó matar. Él sabía que allí estaban sus madres, y al referirse así a sus hijos, las estaba golpeando. Los fiscales me preguntaron qué debían haber hecho para que hubiese sido un proceso cuidadoso con las víctimas. Les contesté que ellos son los fiscales y quienes saben hacer su trabajo, pero que si ese tribunal exige garantías en la verdad y en el respeto a las víctimas, yo habría parado a ese hombre diciéndole que si seguía llamando “mis amigos invisibles” a las víctimas perdería los beneficios de esa ley. 

En el caso de Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años desaparecido en 1981 por los servicios de inteligencia de Guatemala, cuando la Corte le preguntó a su madre qué medida encontraría reparadora, contestó que ella era maestra y que querría que una escuela llevara el nombre de su hijo. La reparación tiene que sintonizar con el proceso de reconstrucción de la víctima y tener un impacto positivo en sus vidas. 

«La justicia tiene que dar sentido a lo vivido”

Muchas de las víctimas que recurren a los tribunales y que, incluso pueden lograr una condena de los perpetradores, tienen que seguir viviendo en contextos en los que siguen sufriendo amenazas, hostigamiento, violencia o, incluso, el asesinato o la desaparición. ¿Así es posible su recuperación psicosocial?

El primer derecho de las víctimas es a no ser golpeadas de nuevo, a la no repetición y, por tanto, a tener garantías de seguridad para rehacer su vida. Sabemos que muchas de las medidas de las que hemos hablado se dan en contextos que mantienen condiciones de violencia. Por eso, hay que analizar desde su contexto las medidas que se pueden adoptar. 

Por ejemplo, en 1987 unos paramilitares asesinaron a 19 comerciantes colombianos que cruzaban la frontera con Venezuela. Tras el juicio, la prensa tituló que la Corte Interamericana había condenado al Estado de Colombia a pagar cuatro millones de dólares a las víctimas. Cuando regresaron a sus casas los familiares de las víctimas, los paramilitares les amenazaron para que les dieran el dinero de la sentencia. La falta de cuidado de los medios de comunicación y de las autoridades evidenciaron que, en ese contexto, la reparación económica era una fuente de peligro para estas personas. Y ha ocurrido más veces. 

Volviendo al caso de Marco Antonio Molina, cuando la Corte obligó al Estado a que pusiera su nombre a una escuela, hubo padres del colegio elegido que se opusieron. Eran militares y decían que no iban a permitir que el centro llevara el nombre del hermano de una guerrillera. Era 2008, doce años después de la firma de los Acuerdos de paz y veintisiete de la desaparición del niño. El caso de Marco Antonio está relacionado con que su hermana logró escapar de un centro de detención en el que los militares la estaban violando y torturando, acusada de ser militante política. 

Cuando la familia se encuentra con la oposición de los militares a que el colegio llevase su nombre, hay una parte que quiere seguir poniéndoselo porque es su derecho. Sin embargo, su madre decide que no, que ella quiere que sea un centro que merezca el nombre de su hijo y donde sea recordado con cariño. La reparación tiene que convertirse en un reconocimiento. 

«Todos los sufrimientos tienen que ser reconocidos, no solo aquellos con los que nos sentimos afines políticamente»

¿Cuándo se puede dar por finalizado un proceso de acompañamiento para la recuperación psicosocial?

Es muy difícil saberlo, no hay reglas. Una de las cosas que se puede evaluar es que las personas hayan aprendido a vivir con algunas de esas experiencias, que las hayan resignificado para dotarlas de algún sentido, que se hayan reducido los síntomas de su trauma y que interfieran menos en su vida diaria, que haya aumentado su apoyo social. También hay víctimas que quieren entrar en una fase distinta. 

Las Comisiones de la Verdad tienen la compleja labor de documentar, investigar y recoger los crímenes cometidos durante años o décadas de violencia y mostrar el contexto social e histórico que los hizo posible. ¿Cómo se logra en contextos tan polarizados?

Hay que recoger las historias de las víctimas de distintos actores, deben sentirse escuchadas y respetadas y percibir que sus historias son consideradas importantes para la reconstrucción de la verdad. Pero eso no significa dar la razón a todas. La Comisión tiene que hacer una escucha amplia y, después, contrastar los datos y hacer un análisis lo más sensible y objetivo posible de los datos con el fin de alcanzar unas conclusiones solventes para las siguientes décadas.

¿Cómo hay que recoger los testimonios para que contribuyan a la recuperación psicosocial de las víctimas?

No se trata solo de recoger sus datos y sus historias, sino que deben sentir que en ese acto hay un reconocimiento que lo que han vivido es injusto. Richard Wilson, un amigo antropólogo, explica que en la Comisión de la Verdad de Sudáfrica hubo un proceso de igualación moral del sufrimiento. Durante las sesiones públicas, Desmond Tutú reconocía tanto la injusticia del sufrimiento de una madre a la que la policía había matado a su hijo como el de la que explicaba que a su hijo le habían prendido fuego por considerarlo un chivato. Ambos dolores tenían que reconocerse para la construcción de la nueva Sudáfrica. 

Es decir, todos los sufrimientos tienen que ser reconocidos, no solo aquellos con los que nos sentimos afines políticamente. Otra cosa es que a la hora de analizar los mecanismos que han hecho posible el horror se muestre que no es lo mismo el Congreso Nacional Africano (el partido político de Nelson Mandela) que el régimen del apartheid. Hay que señalar las violaciones que ambos cometieron, pero es importante construir una memoria incluyente de todas las víctimas porque si no estaríamos construyendo una visión politizada de la verdad o de la memoria y volviendo al principio de los unos y los otros, precisamente el que hay que quebrar porque es el  principio de la guerra. 

«La lucha por la verdad y la justicia siempre busca resquicios por los que avanzar»

¿Cómo se lleva a la práctica esa diferenciación?

Trabajé con Ignacio Martín-Baró, uno de los jesuitas asesinados en El Salvador en 1989, y él decía que “en la guerra, el pragmatismo instrumental sustituye la ética”. Es decir, lo que sirve para mis objetivos, es bueno. La guerra es la politización de todas las cosas en sentido negativo, una valoración distorsionada o sesgada de la realidad en función de si coincide con mi visión. 

Una comisión de investigación se basa en lo contrario: su valor es la consistencia y solvencia del análisis para aguantar el debate público, por ejemplo en el caso de la Comisión de la Verdad de Colombia, durante los próximos veinte años. 

Cuando publicamos el informe sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa (México), hubo periodistas que en las entrevistas nos decían “ustedes opinan que” y los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes les explicábamos que nosotros no opinamos, que nosotros habíamos demostrado con peritajes científicos y con el resto de pruebas recogidas en el informe que, por ejemplo, los jóvenes no habían sido quemados en la gran pira infernal del basurero de Cocula de la que se hablaba. 

Quienes trabajamos con las víctimas no tenemos plata ni fuerza militar, lo único que tenemos es la legitimidad y la consistencia de nuestras investigaciones.

Hay un intento de convertir la verdad en una opinión a gusto del que opina para que cada uno tenga su verdad. Y no. Uno puede tener toda la verdad de todas las visiones, pero existe un principio de realidad. Nuestro trabajo incluye demostrar la consistencia de las revelaciones conseguidas. 

De hecho, quienes trabajamos con las víctimas no tenemos plata ni fuerza militar, lo único que tenemos es la legitimidad y la consistencia de nuestras investigaciones.

En el caso de Euskadi, ¿qué pasos habría que seguir dando para avanzar en la construcción de paz y de la convivencia real?

La sociedad vasca ha mostrado una capacidad muy positiva de despolarización, de transformación y ha llevado a cabo iniciativas importantes de reconocimiento a las víctimas, especialmente a las de ETA, incluso por parte de ayuntamientos gobernados por Bildu. En cambio, no las ha habido tanto a las víctimas del GAL, de la Policía y de la Guardia Civil. Se aprobó una ley de atención a las víctimas del terrorismo, destinada fundamentalmente a las de ETA y de la que se excluyó a las del GAL, lo cual es una injusticia. 

Para crear marcos legales incluyentes se necesita que la izquierda abertzale dé pasos en el reconocimiento de su silencio o de la justificación que hizo muchas veces de las acciones de ETA, de los ataques a miembros de la población, a partidos políticos, etcétera. Creo que se han dado pasos significativos en este sentido, pero es necesario que, tanto en la sociedad vasca como en la española, se dejen de utilizar los procesos como arma arrojadiza para ganar control político. Cuando el PP llegó al Gobierno de España en 2011, paró todo el trabajo que había hecho la Dirección de Atención a Víctimas del Gobierno vasco de Maixabel Lasa, como los encuentros restaurativos con los presos de ETA, los seminarios que habíamos organizado para generar un diálogo en profundidad… Todo se bloqueó por motivos políticos. Hay que tener mucho cuidado con usar pánicos morales para polarizar y ganar votos porque eso provoca que ciertos sectores ganen control y perjudica a la reconstrucción de la convivencia. 

Hay quienes quieren un reconocimiento por parte del Estado español de lo que hizo, que no lo ha hecho nunca. Y quienes sólo lo quieren por parte de ETA. Pero ambos son importantes, no en función de mi posición política. 

«Las heridas sólo se pueden curar con el bálsamo del respeto«

La anomalía española de ser un país que no ha desarrollado procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la guerra civil y del franquismo, ¿cómo afecta al conjunto de la sociedad?

Ha construido una visión selectiva y distorsionada de la realidad que, por un lado, potencia la desafección con la democracia y, por otro, refuerza las creencias de superioridad de un grupo. Por ejemplo, sí ha habido muchos procesos judiciales por ataques a la dignidad de las víctimas de ETA, pero ninguno por los que reciben las víctimas del franquismo. Esto es clave. Si esas acciones no tienen un coste político, se perpetúan en función de la ideología que ha promovido esa visión estereotipada de la realidad y la falta de sensibilidad hacia las víctimas. Y termina construyéndose una representación de la realidad en la que la verdad es lo que dicen ciertos líderes políticos. Eso no se puede hacer en Alemania o en Francia con la II Guerra Mundial, por ejemplo, pero aquí sí porque no ha habido un examen crítico y una ruptura con el pasado. 

Tenemos pendiente una comisión de la verdad en este país que permita abordar estas cuestiones. Hace unos años, el Gobierno Vasco de Patxi López creó la Comisión de Valoración de Víctimas para otorgar reconocimiento y reparación a las víctimas de los últimos años del franquismo. En la Comisión estábamos Manuela Carmena, Álvaro Gil-Robles, Sabino Ormazabal Elola, yo… Gente diversa que escuchábamos a las víctimas, hacíamos un análisis de sus casos en base a la documentación que teníamos, otorgábamos un dictamen y, en algunos casos, una reparación económica. 

El primer caso que llevamos fue el de una persona que había participado en una manifestación en 1968 contra la contaminación generada por una fábrica en Erandio, cerca de Bilbao. Cuando llegó la Policía Armada y comenzó a disparar contra la gente, él se subió a un balcón para observar lo que estaba ocurriendo. Un policía le disparó y, tras varios días en el hospital, murió. Se había presentado su caso por la Ley de Memoria Histórica y no se reconoció, pero sí el de otra persona que también murió por los disparos dentro de la protesta. Pero la Ley de Memoria Histórica vigente reconocía como víctimas a las personas con actitud activa, los resistentes contra el franquismo. Y el hombre del balcón lo era. Eso demuestra la inconsistencia de los criterios con los que la Administración ha tomado decisiones sobre las víctimas del franquismo. Y tiene que ver con que España no ha querido adoptar los criterios basados en la experiencia y en los estándares internacionales de derechos humanos, como si estuviese en otro nivel, como si fuesen para otros países como Chile o Guatemala.

Este ejemplo también demuestra que la lucha por la verdad y la justicia siempre busca los resquicios por los que avanzar. Ante la falta de una comisión de la verdad, en el País Vasco aprobamos este decreto porque no puede admitirse que haya víctimas que no importan porque no interesan políticamente. 

Hay que abrir nuevos caminos. En el País Vasco ahora también tenemos una comisión de valoración de los casos posteriores al 79 que no han tenido una investigación judicial efectiva, o en las que no se determinó quién fue, por ejemplo, el policía que les torturó y que, por ello, no hubo reparación. La víctima tiene derecho al reconocimiento y a la reparación aunque no se identifique al autor.

Hay que recordar que, en España, hubo una reconciliación política entre las élites de los partidos para que hubiera elecciones, una Transición, una nueva Constitución… Pero dejaron fuera los derechos de las víctimas. En aquellos años, hubo intentos de exhumaciones y procesos de memoria que, como me explicó un amigo historiador, se suspendieron el 23 de febrero de 1981. Todo quedó borrado por el miedo hasta finales de los 90.

«Lo que tenemos ahora son nuevas formas de victimización de las víctimas del franquismo»

¿Qué le dicen sus colegas en los foros internacionales sobre esta anomalía española de que los crímenes del franquismo sigan impunes? 

¿Y qué le dice el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas al Estado español? ¿Y el Relator de Verdad, Justicia y Reparación en sus distintas visitas a España? Son conocidos sus informes críticos con la política española. Este país tiene una de las cifras de desaparecidos más importante del mundo*. Y, sin embargo, es como si eso no existieran. La antigua y la nueva Ley de Memoria Histórica son intentos de dar respuesta a esas graves falencias y complicidades que han provocado que nunca se hayan tenido en cuenta los derechos de muchas víctimas o, peor, que los hayan instrumentalizado los partidos políticos.

Las heridas sólo se pueden curar con el bálsamo del respeto. Y, por el contrario, lo que tenemos ahora son nuevas formas de victimización  de las víctimas del franquismo. Estas acciones deberían tener consecuencias para quienes las infringen, como las tienen cuando los responsables de los crímenes son otros.

Hay otras víctimas a las que no se les trata ni concibe como tal que son las víctimas de las políticas de cierre de fronteras de la Unión Europea. Entre ellas, las decenas de miles de personas desaparecidas en el Mediterráneo como consecuencia de la prohibición de poder migrar subiéndose a un avión. La mayoría de sus familias no reciben ninguna información sobre su paradero por parte de los Estados y sufren el trauma del duelo inconcluso por sus desaparecidos porque no pueden confirmar si se ahogaron o si siguen vivos pero no se comunican por distintos motivos. ¿Por qué seguimos sin considerarlas víctimas y sin exigir su derecho a la justicia, verdad y reparación?

No las nombramos como víctimas porque se les sigue atribuyendo la responsabilidad de montarse en una patera en lugar de apuntar a las razones por las que tienen que salir de una vida que no se puede vivir para tratar de buscar una que merezca ese nombre.

La Unión Europea ha tercerizado sus fronteras para que no se vea lo que hacen con estas personas en Túnez, en Senegal o en Marruecos. Las mafias que actúan en Libia, desde hace años, tienen su origen en la operación militar que llevaron a cabo países como Francia e Italia. La destrucción del sistema libio, con toda la perversión y todo lo demás que tuviese en su interior, ha generado unas condiciones que permiten que el nuevo aparato se organice en función de controlar el territorio y la población, de crear mafias y de tener centros clandestinos de detención. Y claro que Europa tiene una enorme responsabilidad en todo esto. 

Lo que pasa con los desaparecidos en el Mediterráneo es un agujero negro que se lo traga todo y en el cual nadie asume responsabilidades. Hace unos años, fui juez en el Tribunal Permanente de los Pueblos, una corte ética que dedicó una de sus sesiones al pueblo migrante en el Mediterráneo. Hay una sentencia que recoge un buen análisis sobre el horror que está ocurriendo a nuestras puertas y que hacemos como que no vemos, como si fuese un problema africano.

Y claro, hay países como Marruecos que utilizan la inmigración para conseguir otros objetivos, como que no haya una respuesta digna y acorde con los Acuerdos de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental.

En el caso del genocidio que Israel está cometiendo en la Franja de Gaza, ¿qué supone para sus víctimas saber que están siendo exterminadas con el apoyo de Estados Unidos, la aquiescencia de la Unión Europea y el conocimiento y seguimiento televisado de, prácticamente, toda la humanidad?

Antes hablaba de la importancia de nombrar lo intolerable para convocar a la acción. En el caso de Gaza, solo hay una descripción del horror: han matado a 10.000 niños. Pero no hay una conciencia de que eso es intolerable. Y por eso lo que está a punto de perderse es el principio básico de una humanidad compartida. Y para las víctimas, que se sepa lo que les están haciendo sin que cambie nada, supone una forma de desprecio por sus vidas, por su historia y por lo que les está pasando. La parálisis ante su sufrimiento es una forma de legitimar y justificar lo que está pasando.

Como dice Amin Maalouf, leer veinte páginas sobre colonialismo ayuda más a entender el terrorismo islamista que todo el Corán. Sólo cuando uno tiene conciencia de la opresión entiende que el extremismo es un refugio de las heridas producidas por tanta impunidad.  En el conflicto israelo-palestino llevamos viendo cómo la respuesta es siempre peor que la anterior: más militarización, más violencia, más represión, más control y más exclusión social. Este conflicto sólo tendrá salida cuando los israelíes tengan un sentido de seguridad y los palestinos de esperanza. Y ese sentido de esperanza de tener un futuro, de tener una tierra, de tener un reconocimiento de su situación ha sido aplastado durante décadas. 

En la mesa en la que ha participado sobre sobrevivir a la guerra, decía que cuando hablamos de la humanidad intentamos omitir su parte más oscura, cuánto también forma parte de lo que somos. Tras entrevistarse con cientos de víctimas y de victimarios de los peores crímenes, ¿qué es para usted la humanidad?

Hay mucha investigación intentando dar respuesta a esa pregunta. Por ejemplo, desde la psicología tenemos el experimento Milgram, que intentó mostrar qué hizo posible el horror del nazismo. En un contexto simulado, el director de la investigación ordenaba a los participantes que dieran descargas eléctricas a una persona que estaba tras un vidrio. Aunque esta mostraba un dolor creciente, muchas personas seguían aumentando las descargas hasta niveles incompatibles con la vida. No sabían que era un actor. Esto demuestra el poder de la obediencia.

O el caso de una de las madres de los coroneles represores de Grecia que le dijo a los jueces que quería entender cómo su hijo, un buen muchacho, educado en el respeto a la autoridad, en la obediencia de la religión católica, se había convertido en un torturador. 

Ya sabemos mucho sobre los sistemas que promueven el horror a gran escala, aquellos en los que hay una marcada división entre el nosotros y el ellos, en los que se convierte al otro en un subhumano, en los que solo se obedece y rinde cuentas a la autoridad… En esas dinámicas está la base de lo que está pasando en la Franja de Gaza. Necesitamos una humanidad que sea sensible al dolor y al sufrimiento, que reconozca en el otro, aunque sea diferente, esa parte que soy yo mismo. También necesitamos abrir espacios para la solidaridad y poner mecanismos que impidan que los sistemas sociales y políticos terminen justificando contextos que favorezcan el horror.

En psicología hay un fenómeno que se llama pie de puerta. Y se entiende con lo que nos contó Noel de Jesús Beteta, un sargento del Estado Mayor Presidencial de Guatemala que en 1990 asesinó a la antropóloga Mirna Mack. Él nos explicó que cuando empezó su entrenamiento militar lo primero que tuvo que hacer fue conducir un camión; el segundo día, ir en los asientos traseros con los detenidos; el tercero, dar la patada en la puerta;el cuarto, torturar a los detenidos… Para entonces, explicaba, ya sabías que no podías escapar porque en el Ejército guatemalteco hay una máxima: si no lo haces, te lo hacen. Este proceso de insensibilización frente al sufrimiento humano es el que lleva a justificar determinadas acciones en nombre de la defensa de la patria o del deber de acatar las órdenes de los superiores frente a la vida humana. La salida es la humanización en un sentido positivo.

*Actualización: 2 de enero de 2024