Sociedad

Amnistía Internacional acusa al Gobierno y la Justicia de obstaculizar los juicios al franquismo

La organización critica la sentencia 101/2012, de 27 de febrero de 2012, del Tribunal Supremo, y apela al Estatuto de Roma y a la justicia argentina para seguir investigando.

El general golpista, Francisco Franco.

De “falta de cooperación” y “obstaculización” ha acusado Amnistía Internacional (AI) al Gobierno español y a los tribunales en los procesos contra los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.

La organización ha hecho estas acusaciones en su informe El tiempo pasa, la impunidad permanece, que ha presentado esta misma mañana. El responsable del informe es Ignacio Jovti, quien ha denunciado que el poder judicial archiva sistemáticamente las denuncias de las víctimas. Asimismo, recuerda que la Fiscalía no colabora con la justicia argentina, a la que no remite la información solicitada.

«Todas las denuncias presentadas por víctimas de la dictadura y la Guerra Civil en España a las que Amnistía Internacional ha tenido acceso han sido archivadas. De las 47 investigaciones abiertas desde 2008, 38 han sido archivadas y de las otras nueve no hemos recibido la información solicitada a las instituciones públicas», concluye Jovti.

También critica que el Gobierno haya confirmado la Ley de Amnistía y, en cambio, no haya ratificado la convención internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, dejando en una situación de indefensión a las víctimas.

El informe, que es continuación de otro realizado por AI el pasado año, concluye con varias recomendaciones. Al Gobierno, por ejemplo, le insta a “colaborar con los tribunales extranjeros, en virtud del principio de jurisdicción universal” y a aplicar “plenamente las recomendaciones de los órganos internacionales en relación a la Ley de Amnistía y a la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional”.

En este sentido, pide que el poder judicial argentino “continúe la investigación sobre los crímenes o delitos de derecho internacional cometidos en España en el pasado, sin dilación. En particular, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 debería continuar atendiendo a la causa Nº 4.591/2010 (A12.447), caratulada “N.N s/genocidio”, en la que se investiga la posible comisión de hechos atroces de genocidio y/o lesa humanidad durante la Guerra Civil española y el franquismo”.

Críticas al Supremo

Pero donde el informe es especialmente duro es al hablar del Tribunal Supremo, que, a juicio de los responsables del mismo, “deniega la posibilidad de investigar los crímenes”.

Las críticas se basan en la sentencia del Alto Tribunal 101/2012, de 27 de febrero de 2012, donde se declara que los jueces españoles no deben investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en base a argumentos que Amnistía Internacional considera contrarios al derecho internacional.
Según el Tribunal Supremo, al haber transcurrido más de 20 años desde que se cometieron los hechos denunciados, los delitos habrían prescrito, pero AI señala que con este auto se contradice el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de Derecho internacional (Estatuto de Roma, artículo 29).

Tampoco le convence a la organización el argumento de “fallecimiento de las personas presuntamente responsables”, ya que supondría “ignorar que en el caso de crímenes de derecho internacional, los Estados tienen la obligación absoluta de investigar y de garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, sin que el transcurso de muchos años suprima esta obligación”.

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Comentarios
  1. Se niegan a condenar los crímenes e injusticias de la dictadura, obstaculizan que los perdedores de aquella guerra entre pobres y ricos (mal llamada civil) sean desenterrados de cunetas y descampados, mientras los suyos aún ostentan honores de héroes en muchos sitios, y se creen con autoridad moral para condenar, por poner sólo un ejemplo, los crímenes de ETA.
    Y como siempre ha estado en sus manos el poder mediático, hay mucha gente de buena fé que cree la historia que les han contado.

    • Y hay más… Una ley integral de memoria histórica y reparación de crímenes es necesaria para la economía.
      Al darse un nuevo reparto de posesiones y rentas, debido a los reintegros de posesiones a sus legítimos dueños, habría un mayor nivel general de vida, lo que redundaría en un mayor consumo y por esa vía en mayores ingresos por impuestos sin «necesidad» de subir los porcentajes.
      Por poner un ejemplo.
      Por no hablar de cosas como la salud, que obviamente, se refleja en los presupuestos.

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