Economía
El Estado comprará un 10% de Telefónica y se convertirá en su máximo accionista
La SEPI considera que la adquisición "permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial"
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la compra de un 10% de Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). De esta forma, el Estado español volverá a formar parte del capital social de la sociedad más de dos décadas después de su privatización y se convertirá en su principal accionista. Así lo ha informado la propia SEPI a la Comisión Naciona del Mercado de Valores (CNMV) en un escrito en el que sostiene que la operación «permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas».
La presidenta del oraganismo industrial del Gobierno, Belén Gualda, explica en la misiva que la compañía de telecomunicaciones es «líder» tanto en España «como en el plano internacional», y desarrolla «un conjunto de actividades que resultan de crucial relevancia para la economía, el tejido productivo, la investigación, la seguridad, la defensa y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos». Todo ello lo convierte en una empresa estratégica para los intereses de Estado.
La SEPI explica en el escrito que «procederá a llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan poner en marcha el proceso para, minimizando el impacto en la cotización, completar la adquisición del volumen de acciones necesario».
La operación se produce después de que el operador de Arabia Saudí, STC Group, se hiciese con un 9,9% de la compañía a principios de septiembre en una operación de la que no se informó al Gobierno. A finales de octubre, la SEPI ya informó a la CNMV de que llevaba un tiempo «monitorizando» la situación de Telefónica para realizar un «análisis exploratorio interno» que les permita valorar la posibilidad de adquirir una parte de su accionariado.
La entrada en el capital de la compañía por parte del Estado se produciría 28 años después de su primera privatización parcial en 1995, bajo el último gobierno de Felipe González, y 24 años después de la privatización completa, en 1999, durante el primero de José María Aznar.