El Gobierno asesta un duro golpe a los refugiados saharauis

MADRID // Los refugiados saharauis que desde hace más de 36 años subsisten a duras penas en el erial de la Hamada argelina están desde este sábado más solos y desprotegidos. La decisión del Gobierno del Partido Popular de repatriar a  13 cooperantes españoles que trabajaban en los campamentos de Tinduf (Argelia) es un varapalo más que acentúa un contexto de enorme precariedad para los saharauis, agravada en los últimos años por los recortes de la ayuda justificados con el omnipresente argumento de la crisis económica.

La orden de evacuación del Gobierno asesta un duro golpe a la imagen internacional del Frente Polisario que, desde el mes de octubre, cuando fueron secuestrados en el campamento de Rabuni los cooperantes Enric Gonyalons y Ainhoa Fernández, ha trabajado con denuedo para disipar las sospechas de una posible infiltración de la rama magrebí de Al Qaeda en los campamentos de refugiados. Unas sospechas que han hecho las delicias de Marruecos que lleva años tratando de vincular al movimiento independentista saharaui con el terrorismo yihadista, con el fin obvio de desacreditarlo y afianzar su ocupación ilegal de tres cuartas partes del territorio del Sáhara Occidental.

La evacuación, que el gobierno ha definido como “voluntaria” (un cooperante se ha negado a volver y sigue en Tinduf),  no sólo podría enturbiar la credibilidad del movimiento independentista saharaui, sino ahondar la miseria en la que viven alrededor de 150.000 refugiados que carecen de casi todo y que han visto como en los últimos años la ayuda internacional de la que dependen para sobrevivir se ha reducido casi a su mínima expresión.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, justificó el sábado la retirada de los cooperantes, de los que la mayoría trabajaban en proyectos financiados por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), aludiendo a “indicios fundados de un severo incremento de inseguridad y de posibles ataques contra objetivos extranjeros”.

El plan de seguridad que el Frente Polisario puso en marcha tras el secuestro de Fernández, Gonyalons y otra cooperante italiana no ha bastado, al menos a ojos del Gobierno español. El ministro explicó en una rueda de prensa que los españoles siguen siendo un “objetivo prioritario” de los terroristas de Al Qaeda en el Magreb Islámico que se han adueñado del norte del vecino Mali.

Las autoridades saharauis han deplorado ya la decisión de España a través de una declaración de su ministro de Exteriores: “El gobierno de la República Saharaui toma nota del anuncio y lamenta esta decisión que, sin lugar a dudas, tendrá efectos negativos sobre la situación de los refugiados saharauis, que esperan la celebración del referéndum de autodeterminación, la solución democrática del conflicto saharaui-marroquí”

En la nota, en la que se condena de nuevo el terrorismo recordando que se trata de un “fenómeno mundial” que se debe combatir “manteniendo la coordinación y la cooperación internacional”, el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) recuerda que, desde el secuestro de Fernández y Gonyalons, “las autoridades saharauis tomaron, progresivamente, las medidas necesarias para la protección de los huéspedes del pueblo saharaui”.

Las asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui no han sido tan circunspectas y han criticado con dureza la orden del gobierno. Médicos del Mundo y las Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui –entre otras- han deplorado en un comunicado conjunto una decisión que definen como una “cesión de España al chantaje”, que tendrá como consecuencia que los saharauis queden “abandonados a su suerte”.

Aunque la presencia de sólo 13 cooperantes en un territorio puede parecer irrelevante, lo cierto es que la formación y el apoyo que ofrecen estos profesionales altamente cualificados palía en parte las deficiencias cada vez más graves que padecen los refugiados saharauis en sectores vitales como la educación y la sanidad. Estos ámbitos, que el Frente Polisario ha considerado siempre como prioritarios han tenido que pasar a la fuerza a un segundo plano ante la necesidad acuciante de dedicar la cada vez más escasa ayuda internacional a dar de comer a una población que vive en una tierra yerma que sólo produce el 0,7% del mínimo indispensable para alimentar a los refugiados.

El personal médico que envía a la zona una organización como Médicos del Mundo sirve, por ejemplo, para formar a enfermeros y matronas para que puedan hacer diagnósticos médicos sencillos, una habilidad vital en unos campamentos de refugiados en los que hay menos de diez médicos para más de 150.000 personas, ya de por sí frágiles pues están mal alimentadas y viven en un entorno insalubre, en jaimas o precarias construcciones de adobe, y sometidas a temperaturas extremas.

El drástico recorte de la ayuda internacional a los saharauis- los fondos que les destina España se han reducido en un 50% durante los últimos años, según datos del Frente Polisario- ha comprometido objetivos mínimos como la seguridad alimentaria. La RASD, la Media Luna Roja saharaui y la ONG Infancia sin Fronteras alertaron hace ya tres meses de que el 30% de los niños saharauis menores de cinco años padece desnutrición. Una plaga que afecta también al 67% de las mujeres lactantes. El 50% de las saharauis que esperan un hijo sufren anemia.

En medio de este panorama de sufrimiento de una población que desde hace casi cuatro décadas asiste impotente a la pasividad de la comunidad internacional, la decisión del Gobierno español complica aun más las cosas. Cualquier sombra que pueda enturbiar la reputación del Frente Polisario, el único representante del pueblo saharaui reconocido por la ONU, podría afectar a su imagen internacional y, por ende, a sus peticiones de fondos para ayuda humanitaria.