El organismo diseñado para mejorar la gestión de la ciencia sigue en el limbo de Hacienda

Daniel Mediavilla // El 24 de julio de 2005, la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, anunció la creación de la Agencia de Financiación, Evaluación y Prospectiva de la Actividad Científica. Aquel organismo funcionaría “de forma independiente, alejada de los avatares políticos y estaría dirigida por científicos”, todo con el objetivo de mejorar la gestión del dinero dedicado a I+D y de acercarse a los países más avanzados. La proximidad del cumplimiento de una demanda antigua de la comunidad científica entusiasmó a los investigadores y el entonces presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), Joan Guinovart, manifestó su “satisfacción” por el nacimiento de la Agencia.

Sin embargo, en los últimos ocho años, el optimismo se está desvaneciendo. San Segundo, que falleció en 2010, no pudo hacer realidad su anuncio y fue destituida menos de un año después de realizarlo. El 1 de junio de 2011, el Congreso aprobó la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en la que se afirmaba que el Gobierno crearía “en el plazo máximo de un año la Agencia Estatal de Investigación”. Algo más de doce meses después, De Guindos anunciaba, como antes lo había hecho San Segundo, la creación de la Agencia. El ministro, como si se refiriese a algo que ya fuese realidad, afirmaba en junio del año pasado que el organismo nacía ”con el objetivo de crear instrumentos y mecanismos de financiación y gestión más eficientes que mejoren el impacto de la inversión de la Administración central en investigación”. Pero la Agencia sigue en el limbo.

Al mismo Guinovart que expresaba su satisfacción en 2005, lo ha ganado el escepticismo. “Yo ya no doy un duro por nada”, afirma el director del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona. En su opinión, precisamente ahora que hay menos recursos es “cuando más necesaria resulta la Agencia, que no tendría por qué costar más dinero, pero permitiría gastar mejor lo que se tiene y con criterios científicos”. “Pero este Gobierno ignora la ciencia, la trata con lo que yo llamo agresiva indiferencia”, lamenta.

Mentiras y cambios de fecha

Desde la secretaría de Estado de I+D+i se reafirman en las palabras de la titular del departamento, Carmen Vela, que en abril aseguró en el Senado que la Agencia estaría aprobada a finales de este año y empezaría a gestionar los proyectos de investigación de 2014. En esa intervención, Vela afirmó que la creación de este organismo era uno de los retos más importantes del sistema científico de nuestro país ya que a estas alturas solo cinco países de la Unión Europea carecen de una Agencia de estas características.

El Gobierno, en aparente sintonía con la secretaria de Estado, incluyó la creación de este organismo en el plan de reformas para reparar la economía que presentó en septiembre del año pasado. Entonces, fijaban la puesta en marcha de la Agencia para el primer trimestre de 2013, pero en su último documento de reformas, de abril, retrasaban la fecha hasta el cuarto trimestre de este año. No tranquiliza respecto a la credibilidad de las previsiones del Ejecutivo que esta planificación forme parte del mismo grupo de documentos en el que mintió a Bruselas sobre sus recortes en I+D.

Fuentes conocedoras del proceso apuntan que la aprobación de la Agencia no está parada, pero que tampoco es, ni mucho menos, una prioridad política. De momento, Hacienda es reticente a creer que la creación de este organismo no tendrá coste y, como con muchas otras políticas de I+D en este Gobierno, seguirá siendo un lastre. Hasta ahora, Vela ha demostrado más buena voluntad que capacidad política para influir, así que, según otro investigador, la esperanza para la ciencia española reside en que De Guindos empiece a apoyar con hechos sus palabras.

[Artículo publicado en Materia]