El Gobierno colombiano ampara los crímenes de los militares

En los últimos años, miles de personas han sido asesinadas en Colombia a manos de militares. La directiva ministerial 029 de 2005 del gobierno de Álvaro Uribe otorgaba hasta 2.500 dólares a aquél que presentase un guerrillero muerto. Tras su aplicación arreciaron los casos de “falsos positivos”, asesinatos de civiles a quienes miembros del ejército hicieron pasar por guerrilleros para ser recompensados con dinero, permisos para ausentarse del batallón o ascensos de rango. En el 2010, el entonces Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, llegó a la presidencia y amplió la directiva, incluyendo recompensas si el guerrillero era abatido portando armas

La mayoría de los casos han contado con un denominador común: la impunidad. Pocos militares han sido condenados, y siempre de rangos menores o soldados rasos. La reforma del fuero penal militar aprobada el 27 de diciembre del pasado año, y cuya cobertura legal fue presentada hace 15 días por el ministro de Defensa colombiano, ahondará más si cabe en la impunidad en tanto que dejará en manos del ejército la potestad de decidir qué crímenes fueron cometidos en acto de servicio, y por tanto deben ser juzgados por un tribunal militar, y cuáles no, lo que llevaría el caso a la justicia ordinaria.

Así lo denuncian diversas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, tanto colombianas como de fuera del país, como la Corte Interamericana y la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “Lo que hace esta reforma es darle facultades a los militares para investigar, juzgar y sancionar hechos que se han cometido contra la población civil y que a la luz del derecho internacional constituyen graves violaciones a los DDHH”, lamenta la abogada Olga Silva, codirectora de Humanidad Vigente.

Aunque la reforma va aun más allá. Crea un tribunal especial para juzgar a los militares, integrado por miembros en activo y retirados de las fuerzas de seguridad, lo que para Silva “rompe con la división de poderes consagrados en un Estado de Derecho como Colombia”. Contempla también un fuero carcelario que otorga a los militares unos centros de reclusión especiales fuera de las cárceles comunas. Y establece un fondo para la defensa técnica de los miembros del ejército con cargo a los recursos del Estado. “Uno se pregunta, ¿y las garantías para las víctimas?”, expresa Silva.

La Mesa sobre ejecuciones extrajudiciales, un espacio de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, ha documentado 3.512 casos de falsos positivos. En 31 de los 32 departamentos que forman Colombia se han registrado casos. En todos menos en Amazonas, la región menos poblada del país. “El Gobierno está muy interesado en devolver estos casos a la justicia penal militar antes del final de la legislatura, este verano”, asegura la letrada.

La esperanza de las organizaciones reside en que prosperen las dos demandas de inconstitucionalidad que han presentado en contra de esta ley, con el apoyo del congresista Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo, y que han hecho llegar a la Corte Constitucional. Consideran las organizaciones que los términos de la reforma del fuero militar socavan los pilares fundamentales de la Constitución Colombiana.

La persecución del campesinado

Una de las mayores oleadas de falsos positivos se dio entre el 2002 y 2008 en el Departamento de Arauca, una zona habitada por campesinos. En el 2006, por ejemplo, un joven de 14 años fue asesinado tras toparse con dos patrullas del ejército. “La mamá lo envió a traer unas yucas para el almuerzo, se encontró con los militares, lo bajaron de la bestia donde iba, lo asesinaron”, explica José Antonio Amaya, presidente de la Asociación Campesina de Arauca (ACA).

Al igual que en otros casos, el joven apareció muerto vestido con una chaqueta de guerrillero. Las pruebas periciales determinaron que fue disparado de costado a un metro de distancia. Mientras su camiseta interior tenía un agujero de bala, no así la chaqueta militar, lo que probaría que habría sido puesta a posteriori para presentarlo como miembro de la guerrilla.

La ACA ha estado en el punto de mira del ejército y el gobierno colombiano. Incluso en el 2004 se emitió una orden de captura contra la junta directiva de la asociación. “Gran parte de las ejecuciones extrajudiciales han sido de nuestros afiliados, gente totalmente campesina”, asegura Amaya. Y es que, defiende el presidente de la ACA, “la persecución en Colombia es contra el campesinado, contra la población civil”.

Riqueza natural en la zona

“Porque en el campo están las riquezas naturales: está el agua, el oro, el coltán, el petróleo, la biodiversidad… Quieren que los campesinos abandonemos las tierras para ocuparlas ellos: terratenientes, multinacionales… y a nosotros nos quieren mandar a la ciudad a pedir limosna, inclusive a que las niñas se prostituyan, a que los niños roben…”, expresa Amaya. “Es como un plan que el Estado tiene contra los campesinos”, concluye.

La asociación se dedica a la defensa del territorio y de la permanencia de los campesinos en sus tierras. También organizan proyectos de enseñanza, de agricultura limpia, y educa a los campesinos para que conozcan qué derechos tienen. Los casos abiertos contra miembros de la asociación bajo acusaciones de pertenencia a grupos guerrilleros se han resuelto a su favor.

“En los casos contra la fuerza pública creo que el único condenado en Arauca es el del militar contra los niños”, expone Amaya. El caso del que habla lo protagonizó un oficial, que violó y asesinó a una niña de 13 años, otra de 14, un niño de 9 y otro de 6, los tres últimos hermanos. La jueza que comenzó a judicializar el crimen también fue asesinada, y el caso tuvo que trasladarse a la capital, Bogotá, para garantizar la seguridad de los profesionales de la justicia.

Olga Silva y José Antonio Amaya hablan con La Marea en Barcelona, donde se han desplazado para tender puentes con la Asociación Catalana por la Paz (ACP). Aseguran que la cooperación y la denuncia internacional son imprescindibles para frenar el proceso y forzar al gobierno colombiano a castigar los crímenes cometidos por miembros de su ejército.