España deportó a 1.294 personas en situación irregular en 2022

En torno a las 22.30h, un avión de Air Nostrum salió el pasado martes 24 de octubre del aeropuerto de Gran Canaria. En dos horas, recorrió más de 1.500 kilómetros hasta aterrizar en Senegal. Desde las redes sociales de la campaña Stop Deportación alertaban de que el vuelo había salido primero desde Madrid y el objetivo del mismo era deportar a migrantes en el que iba a ser el primer vuelo de este tipo a Senegal desde marzo a pesar de que “continúa la inestabilidad en el país”.

El fin de la pandemia de la COVID-19 ha llevado aparejado un aumento en el número de personas que España ha deportado a sus países de origen. Mientras que en 2020 y 2021 las cifras de deportaciones descendieron hasta las 779 y 811, respectivamente, en 2022 volvieron a crecer hasta las 1.294. Así lo ha especificado el Ministerio del Interior, a través de la dirección general de a Policía, en respuesta a una petición de transparencia solicitada por lamarea.com.

Según Irene Carrión, activista de Stop Deportación, uno de los grupos de trabajo sobre vuelos de deportación de la campaña CIEs NO, no se puede hablar de un repunte en el número de personas deportadas: “En 2020 y en 2021 se produjeron menos por el contexto: primero por la pandemia, porque no hubo vuelos desde marzo hasta otoño de 2020, y luego por el conflicto con Marruecos, que provocó que las deportaciones al país estuvieran paralizadas entre la Semana Santa de 2021 y febrero de 2022 por razones diplomáticas”, explica.

Desde la moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, España ha deportado a 6.023 migrantes, siendo 2019 el año completo que se saldó con un mayor número de casos: 2.379.

Como viene siendo habitual, Interior elude en su respuesta especificar la nacionalidad de las personas expulsadas y el país o continente al que fueron deportadas, alegando que “la difusión de este tipo de datos estadísticos podría derivar en problemas en las relaciones exteriores de España con los países afectados”.

Esta opacidad, explica Carrión, se ampara bajo la seguridad nacional: “Lo argumentan siempre de esta forma para evitar informar, pero en realidad es una cuestión política e ideológica: considerar que no hay que rendir cuentas respecto a estos dispositivos y, a mayor opacidad, más posibilidad de gestionarlos como quieran, a través de acuerdos biletarales opacos, con cláusulas no publicadas…”.

En abril del pasado año, la fundación porCausa denunció que España reanudaba los vuelos de deportación al Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí, “una de las zonas más militarizadas del mundo” y un “agujero negro informativo”, en palabras de la propia organización especializada en migraciones. De acuerdo con Lucila Rodríguez Alarcón, directora de la organización especializada en el periodismo de migraciones, las medidas políticas en el ámbito migratorio “son un caos y no obedecen a una lógica determinada”: “A veces dependen de las pulsiones de momento, otras de las relaciones dipolomáticas, de la opinión y narrativa pública… no hay un orden”, asegura.

El negocio de las deportaciones

Air Nostrum y Evelop volvieron a conseguir hace unos meses la concesión para la gestión de los vuelos de deportación de aquellos inmigrantes que se encuentran en España de forma irregular. Un contrato valorado en casi 10 millones de euros y que fue adjudicado por la subdirección general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, y que ha sido financiado con fondos europeos. El objetivo del contrato, según informó el diario Público, es “el traslado de ciudadanos extranjeros mediante la organización de vuelos específicos no integrados en líneas regulares”.

La activista Irene Ruano considera que parte de la opacidad que rodea a este tipo de vuelos responde a una falta de apoyo de la opinión pública a estas medidas: “La cantidad de personas que se deporta en un mismo vuelo, que son apenas unas decenas, no generan ningún problema real para la sociedad y no sustentan el enorme desembolso económico que se realiza para ello”, explica. Las 1.294 que se deportaron en todo 2022, subraya Ruano, no suponen una problemática social y no avalan contratos millonarios con las aerolíneas.

Este tipo de vuelos se incluyen en lo que la fundación porCausa ha denominado Industria del Control Migratorio, un concepto que se refiere “a todas las interacciones económicas destinadas a controlar los flujos migratorios”. Para Lucila Rodríguez Alarcón, estos vuelos de deportación ofrecen una imagen “muy gráfica del problema de esta industria”: “Asociamos los vuelos con un elemento de ocio, turístico; pero aquí se pervierte ese sentido y se llenan de personas a las que se trata como delincuentes beneficiando a una empresa privada que recibe fondos públicos. Es un proceso muy duro contra una persona que solo ha cometido una falta administrativa”, apunta la directora de porCausa.

A principios de 2023, España reanudó los vuelos de deportación con países como Senegal, y ha dado la orden de volver a recuperar el ritmo de devoluciones de migrantes a Marruecos, parados tras la pandemia y la crisis diplomática entre Rabat y Madrid. Las cifras, sin embargo, demuestran un descenso en el número de entradas irregulares en el país: en 2022 lo hicieron unas 31.200 personas, más de un 25% menos que el año anterior.