Residencias: las 7.291 historias que Ayuso sigue sin querer escuchar

7.291 personas mayores murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid sin ser trasladadas a un hospital como consecuencia de los protocolos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) en la pandemia. Hasta el momento, a pesar de las protestas familiares y la denuncia insistente de los denominados «protocolos de la vergüenza» –desvelados por InfoLibre–, no se había investigado la responsabilidad política. Ahora, por primera vez, por orden de la Audiencia Provincial de Madrid, el juzgado de Instrucción 1 de Collado Villalba ha admitido el recurso presentado por una familia afectada y ha abierto diligencias para determinar si concurren o no indicios de la comisión de un delito de homicidio o lesiones imprudentes u omisión del deber de socorro en el caso de la presidenta Ayuso y sus consejeros Enrique López y Enrique Ruiz Escudero. «Es una investigación que ya se cerró. No tiene más recorrido», ha afirmado Ayuso desde EEUU.

El suegro de Lola Parra fue una de esas 7.291 personas que no fueron derivadas al hospital. Lola iba todos los días a verlo a la residencia pública de Alcorcón hasta que la cerraron días antes de decretarse el confinamiento total, el 14 de marzo de 2020. “En cuanto cerraron, mi marido y yo intentamos sacarlo de la residencia, pero no nos dejaron”, recuerda. Ahí empezó un calvario que se multiplicó por cientos a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid. “Llamábamos para hablar con él y nos decían que o no nos lo podían pasar o que tenían mucho trabajo”, continúa su relato. Gracias a una trabajadora del centro, amiga de la familia, Lola pudo comunicarse con su suegro e intentar explicarle por qué no iban a visitarle todos los días, como habían hecho siempre, pero él no lo entendió.

“A los pocos días me llamó esta trabajadora y me dijo que estaba tosiendo y dando vueltas por la residencia, y le pedí por favor que le metiera en su habitación”, añade. Después, Lola se comunicó con el médico de la residencia no sin esfuerzo. Le dijo que su suegro estaba bien, sin problemas. Era el día 20 de marzo. El día 23, Lola recibió una llamada del centro. Le dijeron que estaba tosiendo y con fiebre y poca saturación. El día 24 la cosa seguía igual y Lola cuenta que intentó que lo derivaran al hospital: “Él tenía un principio de alzhéimer pero se comunicaba bien, comía solo, no iba en silla de ruedas…”.

Le respondieron que no estaba tan grave. Días después, su suegro sufrió una caída. “Era la ocasión perfecta para que le enviaran al hospital, pero tampoco quisieron”, concreta Lola. El día 27, su familia supo con certeza que estaba contagiado de COVID. “El médico me dijo que el autocar de la residencia ya estaba yendo al hospital a por la medicación. Yo le dije que sería más fácil si lo derivaban, pero nada”. Mientras tanto, la sanitaria que conocían en el centro les avisó de que su suegro no había ni desayunado ni comido, algo que la doctora de la residencia les negó en torno a las 14.30 horas. Volvieron a pedir que le enviaran a un hospital. Tampoco. 

A las 19.00 horas de ese mismo día, el suegro de Lola falleció. “Por la mañana me decían que todo estaba bien, que no hacía falta derivarle, y unas horas después está muerto. El cuerpo estuvo 24 horas en una habitación hasta que pudieron llegar los servicios funerarios”, explica. Murió solo, asfixiado, sin comprender lo que sucedía. Tampoco les dejaron verlo. La familia denunció por estos hechos al director de la residencia, la propia Isabel Díaz Ayuso y Enrique Escudero, como antiguo consejero de Sanidad, y a Carlos Mur, como alto cargo del Gobierno regional que rubricó estos “protocolos de la muerte”.

El hospital no acepta derivaciones de residencias

Cientos de enfermeras y técnicas auxiliares, en quien recaen mayoritariamente este tipo de cuidados en las residencias, también se convirtieron en protagonistas inesperadas de la historia. “A nosotras no nos llegó ninguna orden en concreto. Simplemente, llamabas a los hospitales para derivar y te decían que no podían enviar una ambulancia, que hiciéramos lo posible pero sin contar con el hospital”, relata una enfermera de la residencia pública Reina Sofía, en Las Rozas.

Es decir, el protocolo les llegó de forma práctica, sin remilgos. A todo ello se sumó la carga laboral desbordante: “Con muchas compañeras de baja, teníamos que hacer turnos dobles. Yo entraba a las 14 horas y salía a las 4 de la madrugada. Era imposible llegar a todo”, comenta esta sanitaria que prefiere mantenerse en el anonimato por temor a represalias laborales. En aquellos momentos, ni siquiera les llegaba la medicación desde el hospital. “Teníamos que ir a por ella en taxi”, dice.

De todas formas, el sufrimiento se cebó con los más mayores: “Yo quizá me jugué una sanción, pero hacía todas las videollamadas que podía entre los usuarios y sus familias”. En cambio, no todos corrieron esa suerte, al menos hasta el final. “No teníamos medios, ni siquiera mórficos para suministrarles y que no sufrieran. No puedo ni describir la imagen que tengo de ellos antes de morir. Era tal angustia, tal ahogo… No quiero ni removerlo”, aduce esta enfermera. Ella terminó recibiendo atención psicológica por esta experiencia traumática y siempre costeada de su bolsillo.

La pandemia desde la política

Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid con Ciudadanos en aquellos momentos, decidió abandonar la política en octubre de 2020. En él recaían las competencias de las residencias cuando estalló la pandemia. “El primer caso que se dio de un positivo por coronavirus en una residencia fue el 4 de marzo, en la residencia de La Paz”, rememora. Ese fue también el primer caso en toda la región madrileña. 

Desde aquel momento, afirma, se activaron las alertas preparadas, pero todavía se pensaba que la COVID-19 podría ser algo controlable sin demasiados esfuerzos. Dos días después, la Comunidad de Madrid cerró todos los recursos sociosanitarios. “Pensábamos que el material de protección individual sería suficiente, pero luego vimos que no”, acepta el antiguo responsable político.

Llegó el 17 de marzo y, con él, el primer brote importante. Se dio en la Residencia de Monte Hermoso y dejó un volumen importante de personas contagiadas y fallecidas. Y aquí empieza lo que Reyero denomina como “cosas especiales que hacen de la Comunidad de Madrid una región diferente a las demás” en cuanto a la gestión de la pandemia en las residencias.

Un día después, el 18 de marzo, se publicó el primer protocolo que hablaba de excluir de la derivación hospitalaria a aquellas personas con algún tipo de discapacidad o enfermedad que vivieran en las residencias. “De aquello se enviaron varias versiones pero yo todavía no lo conocía. El día 21 de marzo vi el protocolo más grave de todos, confeccionado un día antes, y advertí al consejero de Sanidad [Enrique Ruiz Escudero] de que, en el caso de hacerse firme, todas esas personas excluidas morirían de forma indigna”, prosigue. De hecho, ese es el título del libro en el que Reyero plasmó su experiencia al frente de la crisis sanitaria vivida en las residencias: Morirán de forma indigna, (Libros del K.O., 2022).

Él mismo resume lo ocurrido: “Como tampoco se medicalizaron las residencias como se dijo que se iba a hacer, no solo se evitó el intento de salvar esas vidas en los hospitales, sino que se condenó a las personas que no trasladaron a no recibir la atención de paliativos que necesitaban”. Además, el hospital de campaña levantado en Ifema excluyó a personas procedentes de una residencia, a tenor de lo explicitado por Reyero. “De las cinco semanas que estuvo abierto, ingresaron 3.000 personas. De ellas, sólo 23 venían de una residencia”, subraya.

Derivaciones por seguros privados

Desde su punto de vista, el hospital de campaña de Ifema, en teoría levantado para atender a quien más lo necesita y que se llevó a todos los sanitarios de los centros de salud cerrados en lugar de ser enviados a las residencias, fue un plató de televisión, una estrategia de marketing, en palabras de Reyero. Más tarde se enteraron de que tampoco se derivó directamente a un hospital privado a ningún usuario de una residencia. Mientras los hospitales públicos estaban atestados y languidecían, en los privados sobraban camas. “Los únicos derivados fueron aquellos que tenían un seguro privado, lo que permitía que superaran esa barrera que había creado el protocolo de exclusión”, añade el antiguo militante de Ciudadanos. En definitiva, tan sólo el 23% de los usuarios de residencias, de un total de 9.468, fallecieron en un hospital durante aquel periodo.

Entonces, ¿por qué Reyero aguantó tanto en el cargo? Según explica, pronto se dio cuenta de que no tendría los medios sanitarios para luchar contra tal emergencia sanitaria, y asegura que en marzo de 2020 ya se planteó dimitir. “Tampoco el Gobierno central responde a mis peticiones, pero decido continuar al frente de la consejería hasta el final del estado de alarma porque considero que no es momento de dimitir”, añade. Una vez finalizado este periodo, desde el partido, Ciudadanos, le pidieron que continuara algo más. Lo hizo hasta que el 2 de octubre de 2020 oficializó su salida del gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso. Desde entonces, Reyero no ha desempeñado ningún otro cargo político.