Los terratenientes condenados por el robo de agua en Doñana recibieron 420.000 euros de la PAC entre 2021 y 2022

Ana María, Antonio, Ernesto, Francisco y José María Campos Peña han sido los primeros terratenientes en ser condenados a penas que prevén su entrada en prisión por el expolio de agua en el Parque Nacional de Doñana. Así lo decidió la jueza titular del Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla en una sentencia calificada como “histórica” que sanciona con tres años y medio de cárcel a los cinco hermanos propietarios de la finca Hato Blanco Viejo, situada en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), por hechos acaecidos entre 2008 y 2013.

En los últimos años, los latifundistas han cobrado importantes cantidades de dinero público a través de subvenciones de la Política Agraria Común (PAC). En concreto, tal y como ha podido recopilar lamarea.com, los hermanos Campos Peña se han embolsado más de 420.000 euros en los años 2021 y 2022, los únicos a los que es posible acceder en la actualidad a través de los datos ofrecidos por el Fondo Español de Garantía Agraria, el organismo que gestiona estas ayudas en España.

Una parte importante (104.000 euros) la reciben a través de la sociedad Hato Blanco Viejo SL, de la cual forman parte todos los hermanos a excepción de Ana María Campos Peña. Esta compañía, según reza en la sentencia, fue excluida de la acusación por parte de la Fiscalía, si bien ha sido una de las constituciones legales de los terratenientes para la explotación de las tierras. El resto de subvenciones de la PAC son otorgadas a título individual a cada uno de los hermanos, siendo Ernesto Campos Peña el que mayor cuantía recibe: 81.140 euros entre ambos años. Le sigue Francisco, con 76.400 euros en los mismos años. Antonio, por su parte, ha recibido casi 40.000 euros de ayuda entre 2021 y 2022. Ana María y José María, sin embargo, no recibieron ninguna ayuda en 2021, pero sí al año siguiente: 65.146,46 y 57.773,13 euros respectivamente.

Los hermanos Campos Peña cuentan con participaciones en multitud de otras empresas, la mayoría dedicadas a la actividad agrícola o ganadera, aunque no es posible conocer si tienen o no relación con la finca Hato Blanco Viejo. Este medio ha preguntado al Ministerio de Agricultura si existe la posibilidad de que los terratenientes pierdan este tipo de subvenciones o tengan que devolverlas tras la condena, pero no ha recibido respuesta. Tampoco lo han hecho los abogados de la defensa, a quienes lamarea.com ha preguntado a través de correo electrónico.

Los “abusos” hídricos de los latifundistas

La finca Hato Blanco Viejo, dedicada al cultivo rotatorio de algodón y de arroz, cuenta con una concesión para el riego de 456 hectáreas. La sentencia, sin embargo, asegura que durante el periodo 2008-2013 “los cinco acusados, teniendo plena conciencia de la protección legal y valor ambiental del espacio de su propiedad en la finca […] han incumplido de forma deliberada las condiciones establecidas por el organismo de la cuenca”, llegando a duplicar el consumo de agua permitido a través de captaciones ilegales. Estos “abusos” ya habían provocado en años anteriores que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir incoara diferentes expedientes sancionadores que “finalizaron todos con cuantiosas sanciones”.

Las reiteradas actuaciones ilegales de los latifundistas han puesto “en grave riesgo” el sistema natural del Parque Nacional de Doñana, asegura la sentencia, provocando una afección directa al acuífero sobre el que se encuentra la finca, actualmente en un “mal estado cuantitativo”. De acuerdo con un informe pericial adscrito a la Unidad Técnica de la Fiscalía de Medio Ambiente, el robo de agua ha sido de tal magnitud que ha provocado un descenso de hasta 15 metros en el nivel freático del acuífero. En total, los daños causados por los acusados en esos años asciende a casi dos millones de euros, que deberán ser abonados por los terratenientes en concepto de indemnización. Además, los cinco hermanos han sido condenados como coautores directos de un delito contra el medio ambiente y un delito de daños al dominio público.

La sentencia se ha conocido escasos días después de que la Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía aprobase el dictamen de la proposición de ley que pretende legalizar captaciones de agua hasta ahora ilegales en unas 800 hectáreas del entorno del parque nacional. Finalmente, la presión social, científica y política ha hecho recular por el momento a la Junta de Andalucía, que, de manera inesperada ha aplazado la aprobación de la norma tras una reunión mantenida con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera.

La medida ha sido muy criticada por ser contraria a la realidad climática de la cuenca del Guadalquivir, que lleva años sufriendo episodios de sequía prolongada. Desde octubre de 2017 hasta agosto de 2023, la región ha sufrido escasez de agua el 84,5% de los días para atender toda la demanda. Unos datos que demuestran la presión hídrica que ya sufre la zona.

Los presuntos pozos ilegales de la Casa de Alba

El caso de los hermanos Campos Peña no es aislado en Doñana. El pasado miércoles 21 de junio de 2023, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y una patrulla del Seprona de la Guardia Civil acudieron a la finca Aljóbar, también situada en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), con el objetivo de clausurar de manera cautelar ocho pozos presuntamente ilegales que estarían extrayendo agua para el riego de cultivos. Sin embargo, según explicaron a lamarea.com, la propiedad les impidió el paso. Ante ello, solicitaron una orden judicial para poder acceder a los terrenos privados y así llevar a cabo las medidas cautelares que impidan que se siga extrayendo agua. En octubre, desde la CHG aseguran que todavía no han recibido la orden para llevar a cabo estas acciones.

Aljóbar es una de las múltiples propiedades de los herederos de la duquesa de Alba, en la cual se cultivan naranjas que después se utilizan para la confección de productos gourmet. En la actualidad, la finca está gestionada por la empresa Eurotecnica Agraria SA, presidida por Eugenia Martínez de Irujo Fitz-James Stuart, hija de la que fuera duquesa de Alba. En el consejo de administración se sientan sus hermanos Cayetano y Fernando José Martínez de Irujo, además de su sobrino Luis Martínez de Irujo y Hohenlohe-Langenburg, según figura en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Esta sociedad se ha embolsado más de 210.000 euros de dinero público desde 2019 a través de 15 ayudas diferentes otorgadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.