Andalucía multará a los bancos si no dan salida a su medio millón de viviendas

SEVILLA // Andalucía tiene la tasa desahucios más alta de España, con casi 86.000 ejecuciones desde 2007. El ritmo actual es de 45 diarios, según la Consejería de Vivienda y Fomento. Para poner freno a esta sangría hipotecaria, la Junta ha presentado hoy un Decreto Ley «pionero» y «radical», que busca aumentar el alquiler de viviendas desocupadas y permitirá el uso durante los próximos tres años de los inmuebles expropiados. Para ello, ha puesto el foco en los bancos y en las empresas inmobiliarias, propietarios del 50% del los inmuebles deshabitados (entre 700.000 y un millón) que hay en la comunidad. A estos, la Junta les impondrá multas de hasta 9.000 euros si no los destinan estos a vivienda social.

Las sanciones establecidas por la Junta de Andalucía serán aplicadas a los bancos tras la inspección del inmueble. La Consejería de Vivienda establece que una propiedad no está habitada cuando “se acredite la no habitación durante seis meses y no cuente con contrato de suministro de agua y de electricidad o su consumo sea nulo o escaso”. La recaudación de estas multas será reinvertida en ayudas públicas para el patrimonio público del suelo y el incentivo de la vivienda. Entre los requisitos exigidos para acceder a las casas, la Consejería exige estar inmerso en un proceso de desahucio y cumplir una serie de condiciones.

Los inquilinos deberán demostrar tres requisitos: que el desalojo pueda generar “una situación de exclusión social”, que la economía familiar no supere los 20.000 euros anuales y que ningún miembro de la familia tenga actividad económica. Además, el endeudamiento familiar debe haberse originado con el préstamo hipotecario. 119 familias ya se han acogido a esta medida.

“Los gobiernos tenemos que considerar la vivienda como un producto humano, no como un producto financiero”, ha señalado en la presentación de la medida Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Las personas físicas que tengan viviendas vacías nunca tendrán sanción, “aunque un 5% de la población andaluza tiene en propiedad más de tres inmuebles”, ha apuntado Cortés. Una cantidad importante de viviendas desocupadas se destinan al ocio.

Los beneficios públicos que se deriven de este alquiler, tendrán ventajas fiscales y un seguro contra impagos y desperfectos. Además, se incorporará una norma pionera como es la creación de un registro de viviendas deshabitadas. “Hay que arrojar luz sobre una realidad incomprensiblemente desregulada», ha manifestado Cortés.

El uso de la vivienda expropiada

Respecto a los nuevos desahucios, la idea de la Junta es que, cuando una familia se encuentre ante uno, pueda seguir disponiendo de su vivienda. El nuevo decreto establece que la Administración “podrá expropiar temporalmente, durante al menos tres años, los inmuebles inmersos en procedimientos de desahucios”.

Las familias que se acojan a esta medida y cumplan los requisitos permanecerán en su vivienda habitual durante un período excepcional. Pero las medidas no contemplan el aumento de esta prórroga mas allá de los tres años. Cortés destaca que sólo “se llevaría a cabo si las condiciones de acceso de la vivienda no mejorarán”. A este respecto, la consejera afirma que espera que las futuras políticas permitan que la vivienda no se quede en “papel mojado” ni en un “derecho que solo esté en el balance de los bancos”.