Seis años secos: la cuenca del Guadalquivir ha tenido escasez de agua 16 días de cada 20

La Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía aprobó, el pasado 19 de septiembre, el dictamen de la proposición de ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva. Es decir, dio el penúltimo paso para la legalización de alrededor de 800 hectáreas de cultivos ilegales de regadío en Doñana, según el Gobierno de Andalucía. Un estudio realizado por la organización WWF eleva esa cifra a más de 1.900.

La norma, cuya aprobación definitiva se ha retrasado a octubre para no coincidir con el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, ha generado una gran polémica desde que fue registrada por el PP y por Vox. Y ha sido una de las pocas cuestiones que, tras un contundente rechazo por parte de la comunidad científica e incluso de Europa, ha empañado, hasta el momento, la gestión del presidente andaluz, Juanma Moreno, que gobierna con una amplísima mayoría absoluta.

La medida, como declaró en el Parlamento el presidente del Consejo de Participación de Doñana, el científico Miguel Delibes –a quien en un principio PP y Vox habían vetado– choca de bruces con la realidad climática actual. Y más en una cuenca, la del Guadalquivir, que lleva años sufriendo episodios de sequías prolongadas y escasez de agua. En concreto, entre octubre de 2017 y marzo de 2023, el conjunto de la cuenca ha estado seis meses en sequía prolongada, según la información proporcionada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

En los Planes Especiales de Sequía (PES), explican desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, «se utiliza un sistema doble de indicadores, que diferencia las situaciones de sequía prolongada (entendida como un fenómeno natural), de las de escasez (relacionadas con problemas coyunturales en la atención de las demandas)». Por tanto, cada mes se informa del nivel en el que se encuentran los indicadores de escasez (normalidad, prealerta, alerta o emergencia) y, paralelamente, en esos mismos meses se puede dar una sequía prolongada.

Este escenario, según el Plan de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, «debe entenderse como una situación natural, persistente e intensa, de disminución de las precipitaciones producida por circunstancias poco frecuentes y con reflejo en las aportaciones hídricas». Por ello, agregan, «los indicadores de sequía prolongada deben identificar temporal y territorialmente la reducción coyuntural de la escorrentía por causas naturales, independientes de la gestión de los recursos por la acción humana».

El 84,5% del tiempo ha habido dificultad para atender las demandas

Más allá de la falta de precipitaciones (que se deriva en la declaración de sequía prolongada), sólo en 11 meses de los 71 que han transcurrido desde octubre de 2017 a agosto de 2023, la cuenca del Guadalquivir ha estado en situación de normalidad. Por tanto, en 60 meses (el 84,5% del tiempo), hubo problemas de escasez. O lo que es lo mismo, en casi 17 días de cada 20 ha habido, en mayor o menor medida, falta de agua para atender toda la demanda.

En concreto, ha habido 29 meses de prealerta, que, a tenor de lo indicado en el Plan de Sequías, «identifica un inicio en la disminución de los recursos disponibles que puede suponer un riesgo para la atención de las demandas». Para ello, el plan propone aplicar medidas de ahorro y control coyuntural ante el riesgo de agravamiento de la situación.

Durante 28 meses se estuvo en alerta, lo que quiere decir que se reconoció «una intensificación en la disminución de los recursos disponibles, evidenciando un claro riesgo de imposibilidad de atender las demandas». En este caso, el plan recomienda –además de las propuestas de prealerta– medidas destinadas a la conservación y movilización del recurso, con posibles reducciones en los suministros, la habilitación coyuntural de sistemas de intercambio de derechos y una mayor vigilancia de las zonas con alto valor ambiental.

Finalmente, hubo tres meses en emergencia, que es definida como la situación de máximo grado de afección por disminución de los recursos disponibles. «Aparte de las medidas que sean pertinentes entre las antes citadas, se podrán adoptar las medidas excepcionales y extraordinarias que puedan resultar de aplicación», indica el plan.

Desde la CHG, explican que lo primero en estos casos «es asegurar el abastecimiento a las poblaciones, y, a continuación, el mantenimiento de la actividad industrial y la supervivencia de la arboleda». «También se producen reducciones en las dotaciones, sobre todo a regadíos, en las correspondientes comisiones de desembalse atendiendo a los recursos existentes en el momento», concluyen.