La Fiscalía ve indicios de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación en unas obras de Red Eléctrica en Teruel

La denuncia presentada el pasado 15 de marzo de 2023 por la Asociación Plataforma Aguilar Natural contra Red Eléctrica Española (REE) por un presunto delito ambiental en Teruel sigue su camino. De momento, la Fiscalía ha apreciado indicios de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Tal y como informó lamarea.com, el objeto de la acusación era el proyecto de una subestación eléctrica de 400 kV en la Plataforma Logística Teruel (Platea) y una línea aérea de transporte eléctrico (LAT) a 400 kV, de doble circuito, entre Mezquita de Jarque (Teruel) y la propia Platea. Tras el inicio de las obras, la plataforma denunció la posible comisión de delitos contra el medio ambiente, prevaricación ambiental y delitos contra la ordenación del territorio.

Los demandantes alegaron en su escrito ante la Fiscalía Provincial de Teruel que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la línea eléctrica, concedida en 2011, estaba caducada, ya que la autorización para el comienzo de las obras no se otorgó hasta 2023. Asimismo, la organización la organización aseguraba que se habían producido cambios sustanciales en las condiciones ambientales y que la construcción de proyecto se había iniciado sin la correcta autorización sustantiva y ambiental.

De forma paralela, cinco particulares (propietarios de las tierras donde se desarrollan los trabajos) denunciaron también a REE ante la Guardia Civil de Teruel por irrumpir en propiedades privadas sin permiso de sus respectivos titulares ni derecho acreditado para efectuar esos trabajos.

Este medio se puso en contacto con REE y desde la compañía se aseguró que “la autorización administrativa previa emitida por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) autoriza a construir hasta cota 0. Es a ese ámbito al que se restringen los trabajos previos que se llevan a cabo actualmente, que anteceden a la construcción de la línea propiamente dicha”.

El fiscal pide al SEPRONA que investigue y llama a testificar a Red Eléctrica

La denuncia fue trasladada al Fiscal Delegado de Medio Ambiente, que emitió un decreto al que ha tenido acceso lamarea.com. En él se asegura que “los hechos denunciados revestirían, indiciariamente, los caracteres de delitos contra la ordenación del territorio y/o prevaricación ambiental, sin perjuicio de otros aspectos de tipicidad ambiental”. En el mismo escrito, insta al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) a comprobar la realidad de los hechos denunciados.

También se refiere a las Diligencias Previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel ante la denuncia de un conjunto “de particulares afectados por la ocupación de terrenos”. El fiscal considera oportuno unificar ambas denuncias y que sea el Juzgado quien continúe con la investigación, además de reclamar la declaración, en calidad de testigo, del representante de REE.

El informe pericial de un investigador del CSIC

El último paso dado por la Asociación Plataforma Aguilar Natural, el pasado 24 de julio de 2023, fue la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que solicita la adopción de la medida cautelar de suspensión de la eficacia de las resoluciones recurridas y las obras en ejecución.

Los demandantes incluyen en este recurso un nuevo documento: un informe pericial de un doctor en Biología e investigador del Instituto Pirenaico de Ecología –que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)–. Entre otros aspectos, afirma que es de una “importancia crítica señalar que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) tiene 12 años de antigüedad y los estudios del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), en los que las DIA se basa casi exclusivamente, tienen 13 años de antigüedad”.

En este periodo de tiempo, continúa el informe, “han ocurrido cambios en el estado de conservación de nuestra biodiversidad, que hacen que la DIA, y el EsIA [Estudio de Impacto Ambiental] en el que la DIA se fundamenta, estén obsoletos, que, por lo tanto, no recojan las afecciones reales y actuales del proyecto considerado, y que no pueda cumplir su fin último. Además, se ha incrementado la presión sobre la biodiversidad por los efectos acumulativos y sinérgicos de otras instalaciones y proyectos que entonces no existían”.