“Es imposible actuar sobre el mercado del alquiler sin intervenir sobre los pisos turísticos y las viviendas vacías”

-¿Cómo están los precios por aquí, por Triana?

-Puff, aquí no se puede comprar. Lo que hay es todo turístico o bloques de lujo.

-Esos de ahí detrás habrán costado tela.

-Si son de cooperativa igual salen más baratos, pero igualmente son una locura.

-¿Estás pensando en comprar?

-Sí, bueno, mi mujer. Llevamos viviendo de alquiler muchísimos años en el centro, pero ahora nos da miedo que un día el propietario nos diga que nos tenemos que ir porque necesita el piso para un hijo o para lo que sea. ¿Adónde vamos? No hay pisos para alquilar. Y comprar tampoco se puede. Para pagar una locura por vivir aquí, me voy a Camas. 

Camas es lo que siempre se ha venido conociendo como pueblo dormitorio. Está más próximo al centro de Sevilla que otros barrios de la capital. La conversación se produce entre dos padres de unos 40 años largos en un parque de la capital andaluza, mientras sus hijos juegan. No es la primera vez que surge el tema en este contexto. Y no será, probablemente, la última. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la preocupación por la vivienda ha subido cinco puntos entre la población española, lo que la sitúa en niveles similares a los peores momentos de la crisis que comenzó en 2008. La subida de los tipos de interés ha completado el nefasto panorama. 

Como ejemplo, y como consecuencia de todo ello, el centro histórico de Sevilla ha pasado de ganar habitantes anualmente desde que comenzó el siglo XXI a perder habitantes y envejecer de forma acelerada desde 2012. Desde entonces, en los últimos diez años, ha perdido más de 5.000 habitantes. Son los datos del padrón recogidos en un informe sobre la situación de la vivienda en Andalucía elaborado por la Red de Conflictos Urbanos (Nodo Sevilla-Cadiz).

Esta marcha o huida –narrada de manera muy detallada en El malestar de las ciudades, el libro que acaba de publicar el escritor Jorge Dioni– es solo un rasgo de la radiografía general que realiza el estudio, que muestra las principales causas del encarecimiento de los precios, sobre todo del alquiler.

“La elevada rentabilidad de las viviendas turísticas y la ausencia de regulación (quedan fuera de la Ley de Arrendamientos Urbanos, tras la modificación de esta en 2013 por la que el Gobierno central se inhibe y deja los alquileres de corta duración al albedrío de las comunidades autónomas) invita a pensar que muchos propietarios preferirán alquilar sus viviendas en las plataformas digitales de alquiler de corta duración (tipo Airbnb) antes que hacerlo como alquileres convencionales”, sostiene el informe. Y en la nueva Ley de Vivienda, recién aprobada por el Senado, ha vuelto a ocurrir lo mismo. Los pisos turísticos quedan al margen. La realidad, por tanto, es que la oferta de vivienda para alquiler convencional se reduce aún más drásticamente.  

“Esto es un terrible error, porque se regula como si fueran mercados distintos. Pero no lo son, un propietario puede pasar del alquiler convencional al turístico en Andalucía sin ningún problema. El alquiler turístico le da todas las libertades, ninguna obligación y mayores rentabilidades, así que ya sabemos lo que va a pasar”, explica el profesor de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla Iban Díaz, uno de los autores del estudio.

Una búsqueda rápida de pisos en alquiler en todo el barrio de Triana muestra de manera gráfica esa realidad. Entre este jueves y viernes, en el portal Fotocasa.es, había 152 pisos en alquiler. De ellos, 113 tenían al menos dos habitaciones, lo imprescindible para una familia de un hijo. Y de esos 113 solo había 22 que no superaran los 800 euros al mes, en su práctica totalidad pisos viejos sin reformar. En el casco antiguo de Sevilla, solo se ofrecían 26 de 160 en total.

Si nos ajustamos al salario mínimo y a no sobrepasar el 30% de los ingresos en el alquiler, una familia compuesta por dos personas trabajadoras y un hijo, el alquiler debería ascender como máximo a 750 euros al mes. En ese caso, en Triana solo encontramos 8 y en el caso antiguo 10. En Idealista.com, la búsqueda con estos filtros obtiene un resultado parecido: 6 en Triana –de 212– y 5 en el casco histórico –de 310–. Para alguien que viva solo, no hay ningún piso por menos de 500 euros en Triana. En el centro hay 8 y prácticamente todos están por encima de los 450. Sólo hay registrado un estudio por 375.

La vivienda y los pisos turísticos en campaña 

Durante la campaña de las municipales, la regulación de estos pisos está siendo uno de los temas más abordados, sobre todo por algunos partidos. La candidata de Adelante Andalucía, Sandra Heredia, prometió en un acto con Teresa Rodríguez, en pleno corazón de Sevilla, que no concederá ni una sola licencia turística más. “Se busca vecino” o “Aquí vivía gente”, “Antes, todo esto era barrio”, se podía leer en algunos carteles que portaron en aquella convocatoria. “Estamos perdiendo la identidad de nuestros barrios, nuestros servicios públicas, nuestras vecinas ya no pueden vivir aquí”, dijo Heredia.

“Sabes que tus ideas son buenas cuando empiezan a salir imitaciones”, escribió en un tuit la portavoz de Podemos Sevilla, Susana Hornillo, candidata de la coalición Con Andalucía –Podemos, IU, Más País, Verde Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alianza Verde, Los Verdes de Andalucía y Alternativa Republicana–. En ese mensaje estaba retuiteando al alcalde y candidato del PSOE, Antonio Muñoz, que había escrito anteriormente: “Queremos que Sevilla cuente con una regulación para declarar zonas saturadas de viviendas turísticas. El año pasado dimos un paso importante con la limitación de nuevas viviendas y la modificación del PGOU. Ahora queremos ir más allá, para avanzar hacia un turismo sostenible”.

La Junta de Andalucía, sin embargo, tiene recurrida la regulación en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En el caso del Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por José María González Kichi y cuya regulación también recurrió, el Alto Tribunal ha rechazado las pretensiones de la Administración autonómica. Este mismo jueves, no obstante, el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), anunció que prepara un decreto para regular los pisos turísticos. De media, en las grandes ciudades andaluzas, el 70% de las viviendas turísticas suele ubicarse en el centro histórico; y el resto, en su mayoría, en los barrios limítrofes. En el centro histórico de Málaga y el barrio de Santa Cruz en Sevilla –indica el estudio–, más de un 30% del total de viviendas están registradas como viviendas turísticas. 

El actual problema de vivienda no responde a un déficit de vivienda sino al funcionamiento del mercado de la vivienda, concluye el informe. “La construcción pública de vivienda se ha utilizado en este país como política contracíclica desde hace 40 años; cada vez que ha pinchado el sector de la construcción se ha incrementado la vivienda pública para mantener el sector. El hecho en la actualidad es que tenemos un stock de viviendas infrautilizado. Hay stock pero no se pone en alquiler, y tampoco se establecen medidas para sacar estas viviendas al mercado”. 

Según el estudio, hay 628.705 viviendas vacías en Andalucía y 96.898 viviendas registradas para uso turístico, principalmente concentradas en las grandes ciudades. “Es imposible actuar sobre el mercado del alquiler sin intervenir sobre las viviendas vacías y las viviendas turísticas”, dice el texto, que no cita la recién aprobada Ley de Vivienda, cuya principal novedad es precisamente la regulación del alquiler. “Parece lógico que, con esta nueva norma, más alquileres convencionales se vayan a este sector, que en el caso andaluz está totalmente desregulado”, afirma Díaz.

Vivienda pública y población vulnerable

Otro de los problemas que señala el informe es adjudicar la vivienda pública a personas que sí podrían pagar una hipoteca, con lo que –denuncia– se deja fuera a la población más vulnerable. “La vivienda pública se ha enfocado desde hace medio siglo a la propiedad y a gente que puede hipotecarse, esto se ha intensificado desde la democracia. En Andalucía, durante las dos últimas décadas del siglo XX se malvendió el parque público de vivienda. Se privatizó. Se ha hecho lo posible para que la gente acceda a la propiedad y no tener que gestionar desde la administración este parque público. Esto ha dado la cara en la crisis de 2008 y la ha dado ahora. Ni la Junta ni los ayuntamientos tienen un parque de vivienda pública en alquiler que puedan utilizar en contextos de emergencia habitacional”, explica el investigador. 

En Sevilla –argumenta– existe una lista de espera de casi 100 familias en situación de emergencia social: “Están prácticamente en la calle, pero la empresa pública de vivienda simplemente no tiene viviendas. La propuesta sería tener un parque público de pisos en alquiler amplio, con una cuota para situaciones de emergencia social. Este parque público aparece recogido en los planes autonómicos y municipales, pero no se ponen las medidas para llevarlo a cabo. Una de las posibilidades para desarrollarlo sería construir, que es lo que propone la nueva Ley de Vivienda. Lo ideal sería captar parte del parque de viviendas vacías para esto”, insiste.

Este sábado, el Movimiento por la Vivienda de Sevilla han convocado una manifestación en Sevilla desde el Parlamento de Andalucía. Las organizaciones convocantes son la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Sevilla-Centro, el Punto de Información sobre Vivienda y Encuentro (PIVE) Diamantino García, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Sevilla Este-Amate, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Oficina de Derechos Sociales de Sevilla, la plataforma Barrios Hartos, la Oficina de Okupación y el Punto de Información sobre Vivienda y Encuentro (PIVE) de Mairena del Aljarafe.

Para el investigador, nos enfrentamos a un problema de modelo económico: “El problema no es ya que la vivienda sea cara, sino que los sueldos son ridículamente bajos. Tenemos una tasa de desempleo estructural que está cerca del 20% en Andalucía. El oficio más frecuente en Sevilla y en muchas ciudades andaluzas es camarero, lo que quiere decir que, cuando se tiene la suerte de que se cumple el convenio, el sueldo puede llegar a 1.200 euros. El mercado de la vivienda no responde a las necesidades reales de la población, está totalmente desconectado. El modelo turístico deja un mercado laboral raquítico y encima saca las viviendas del mercado de alquiler convencional inflando sus precios. El mercado de la vivienda responde a los intereses de los especuladores y los promotores”, concluye.