Las plantas solares de Amazon que no son de Amazon

Ataviado con un casco blanco y un chaleco reflectante con las siglas AWS, el entonces consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo (PP), inauguró en junio de 2021 la planta fotovoltaica Cabrera Solar, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla. AWS son las siglas de Amazon Web Services, la marca de servicios en la nube de Amazon. Esta “planta solar de Amazon”, como la denominó el Gobierno andaluz en la nota de prensa que difundió con motivo de su inauguración, cuenta con 200 megavatios (MW) y fue proyectada para abastecer de energía hasta 120.000 hogares.

En su propia página web, la multinacional liderada por Jeff Bezos cuenta con un mapa interactivo con el título «Nuestros proyectos de energía renovable en todo el mundo». En España, por ejemplo, se contabilizan 45, la mayoría de ellos techos solares en sus centros de trabajo. El resto, 18, se corresponden con proyectos de mayor envergadura: “granjas solares” y parques eólicos. Periódicamente, además, Amazon publica notas de prensa de este tenor: “Amazon supera los 1,55 GW de capacidad renovable en España con dos nuevas plantas solares en Castilla y León y un nuevo techo solar en Cataluña”.

Hasta aquí, todo puede resultar normal dentro de las estrategias de cualquier empresa. Sin embargo, como ha podido comprobar lamarea.com, Amazon no es propietaria de, al menos, algunos de estos proyectos.

Al preguntar en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra por la planta Cabrera Solar, la respuesta es tajante y concisa: “Consultada la base de datos y archivo municipal, no constan licencias de obras para la construcción de planta solar fotovoltaica promovidas por Amazon”. En la documentación oficial publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) tampoco figura la multinacional estadounidense, sino la compañía británica Solarcentury (absorbida después por la noruega Statkraft) como promotora.

En la actualidad, tres huertos solares anunciados por Amazon están operativos, tal y como ha confirmado la multinacional del comercio electrónico a lamarea.com. El primero es el complejo de Alcalá, en funcionamiento desde 2020. Un año después, comenzó a producir energía la planta fotovoltaica de Almochuel, en Zaragoza, donde Amazon tampoco aparece en los documentos oficiales. El vecindario, el Gobierno de Aragón y Forestalia (la empresa que encabeza la intrincada ingeniería empresarial que se ha generado en torno al proyecto) también muestran su absoluto desconocimiento acerca del papel de la multinacional.

Y finalmente, el pasado 9 de marzo, se inauguró el huerto solar de Mérida, con la presencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara (PSOE), y del ministro de Presidencia, Félix Bolaños (PSOE). Durante este último acto, al contrario de lo que ocurrió en Alcalá de Guadaíra, el logotipo de la multinacional del comercio electrónico no estuvo presente en los soportes publicitarios, y el presidente extremeño explicó que esta planta fotovoltaica iba a producir electricidad “para Amazon”.

Ese es el papel que la compañía juega en estas instalaciones: compradora de la energía que allí se produce. En ninguno de los tres proyectos, Amazon participa como promotor a pesar de los múltiples titulares que así lo identifican: Amazon elige Sevilla para su primer proyecto solar en España (Diario de Sevilla, 2020), La planta solar de Amazon en Zaragoza ya aporta energía, que se suma a la producida en Alcalá de Guadaíra (El Periódico de la Energía, 2021) o La fotovoltaica de Amazon en Mérida ya tiene luz verde para su construcción (Canal Extremadura, 2021).

Desde Amazon confirman que la inversión de la compañía en energías renovables “se realiza, en su mayor parte, a través de acuerdos de compra de energía”. Este medio también ha preguntado a la multinacional por qué presenta estos proyectos como propios y si ha advertido a la prensa de que Amazon no es propietaria de las plantas fotovoltaicas, pero no ha obtenido respuesta a estas cuestiones. Ni la Junta de Andalucía ni Amazon han explicado tampoco por qué el consejero Elías Bendodo acudió a la inauguración de la planta de Alcalá de Guadaíra ataviado con ropa de AWS. Todas estas acciones se enmarcan dentro de una enorme campaña de greenwashing de una de las empresas más contaminantes del mundo.

La propia multinacional reconoce que las emisiones de carbono absolutas aumentaron un 18% en 2021 respecto al año anterior debido al “crecimiento” del negocio. Un informe de Pacific Environment y Stand.earth situaba ese año a Amazon en el octavo puesto del ranking mundial de contaminación climática a través del transporte marítimo de sus productos. Otros estudios han situado a la compañía en el punto de mira por su contaminación plástica o por las emisión que generan los servidores de su propia página web.

Macroproyectos partidos

En el marco de una investigación conjunta con el Investigative reporting project Italy (IRPI), lamarea.com ha visitado los tres proyectos renovables activos en la actualidad que abastecen a la multinacional estadounidense. En todos los casos se trata de macroproyectos renovables que superan los 50 MW de potencia instalada, es decir, deberían haber sido autorizados por el Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, todos han sido aprobados por las comunidades autónomas en las que se sitúan, las cuales solo tienen potestad para autorizar proyectos de menos de 50 MW.

Esto ha sido posible debido a que los proyectos han sido fraccionados en diferentes partes para evitar superar ese límite, a pesar de que las diferentes plantas conforman un todo compacto. Así, el complejo fotovoltaico Cabrera Solar, en Sevilla, según se explica en la página web de la operadora, cuenta con una potencia instalada de 200 MW. Sin embargo, el proyecto fue dividido en cuatro partes para así poder pasar los filtros autonómicos. En Zaragoza, el Proyecto Vendimia, de 247 MW de potencia instalada, fue dividido en cinco plantas de 49,5 MW con el mismo objetivo. San Serván 400, en Mérida, “es un cluster de 150 MW […] con tres plantas fotovoltaicas de 50 MW”, como se reconoce en la web de la empresa propietaria.

Según explican diferentes especialistas, el fraccionamiento de macroproyectos renovables es una práctica habitual y legal si las autorizaciones de las diferentes plantas fotovoltaicas se solicitan utilizando diferentes empresas, como es el caso de todas las mencionadas. Sin embargo, puede conllevar riesgos medioambientales aparejados si no se tienen en cuenta los impactos acumulados del complejo al completo. Abel La Calle, profesor de Derecho Ambiental en la Universidad de Almería y presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), considera que el fraccionamiento es un tipo de fraude de ley, “ya que se está utilizando una táctica concreta para cambiar la autoridad competente en la evaluación del proyecto” Asimismo, La Calle explica que de esta forma se “elude” el análisis completo del principal impacto de los proyectos ambientales, la dimensión: “En el caso de los impactos ambientales, uno más uno más uno no da como resultado tres, sino que puede dar diez debido a la acumulación de los mismos”.

El profesor considera que el Ministerio para la Transición Ecológica estaría cometiendo una supuesta dejación de funciones al no impugnar todos los proyectos fraccionados que deberían haber sido autorizados desde la administración central y no desde la autonómica. Desde el MITECO, sin embargo, han declinado hacer comentarios sobre este tema.

Los proyectos de Sevilla y Zaragoza son un claro ejemplo de la especulación empresarial que existe en torno a las tecnologías de generación de energías renovables. Así, ambos complejos solares han cambiado de propietario y/u operador desde que comenzaron su funcionamiento. Según La Calle, se trata de una práctica “muy usual” en el mercado renovable español: “Hay empresas oportunistas que consiguen el proyecto, las autorizaciones, cuyo único objetivo es venderlo cuanto antes obteniendo un pingüe beneficio de esa venta”.

A finales de año, el Gobierno de España flexibilizó la ley para agilizar los trámites de los proyectos verdes. Algo que Javier García Breva, ex director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), calificó como el triunfo de las “renovables especulativas”. Un proceso en el que, principalmente, se verán afectadas los territorios de la España vaciada, los más golosos para las grandes empresas renovables, al encontrar allí terrenos más extensos y baratos que en otras zonas más pobladas. También por una teórica escasez de resistencia social. En definitiva, por una mayor facilidad para acometer determinados proyectos que, en otros lugares, sería más complicado.

Así lo admitía la declaración e impacto ambiental de Almochuel, que admitía “la generación de afecciones sobre la fragilidad del paisaje del entorno”. Sin embargo, “la escasez de población en las localidades del entorno hace que el número de observadores sea bajo”. La despoblación como buena noticia.

Este reportaje forman parte de una investigación conjunta entre La Marea y el Investigative reporting project Italy (IRPI). Con financiacion de Journalismfund Europe.