El Congreso avala la reforma de las pensiones

El Congreso de los Diputados ha convalidado finalmente el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. La nueva reforma de las pensiones del Gobierno de coalición ha contado, así, con 179 votos a favor, 104 en contra –PP y Ciudadanos– y 61 abstenciones, entre ellas las de VOX y EH Bildu. Asimismo, el Pleno del Congreso ha acordado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia por unanimidad.

Según ha explicado el Gobierno, esta reforma responde «a una necesidad extraordinaria del sistema de pensiones de reforzar la sostenibilidad financiera y la urgencia derivada del cumplimiento en plazo de los compromisos con la Unión Europea y la solicitud de pago de las contribuciones financieras correspondientes».

Entre las principales novedades, destaca la nueva fórmula para calcular la pensión, que dará opción a elegir, hasta 2044, entre los últimos 25 años cotizados o los últimos 29 años. En este último caso se descartarán los dos peores. En el periodo en el que convivan ambas opciones, el Estado siempre aplicará la más beneficiosa para la persona afectada. Además, el Real Decreto incluye la subida de bases máximas y cotizaciones y mejoras en las pensiones mínimas. Los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han resumido la reforma con una frase: incrementa los ingresos y no reduce el gasto.

Del aval, y con su abstención, se ha bajado finalmente EH Bildu, que había acordado con el Gobierno equipar las pensiones de viudedad con las mínima contributivas. El grupo parlamentario insiste en la necesidad de equiparar las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), para que no haya ninguna jubilación por debajo de los 1.080 euros.

Antes de dicho debate, el Pleno aprobó por 203 votos a favor, 52 en contra y 89 abstenciones el Informe de la Subcomisión para el estudio de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano, que plantea un conjunto de propuestas horizontales para combatir y prevenir el antigitanismo, erradicar la pobreza y la exclusión social y promocionar su participación; así como medidas sectoriales en los ámbitos de la educación, salud, empleo y vivienda, entre otras. Las propuestas de resolución mantenidas por los grupos han sido rechazadas por el Pleno. 

De la economía social al pacto antigitanismo

El Pleno del Congreso también ha acordado este jueves iniciar la tramitación de la Proposición de Ley del Grupo Mixto por la que se modifica la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, que fue aprobada con 303 votos a favor, 23 en contra y diez abstenciones. Según su exposición de motivos, su objetivo es incluir a los bares y los comercios de alimentación como entidades de economía social, para que «puedan ser viables a largo plazo» con la ayuda de incentivos y beneficios que las empresas tienen reconocidos, lo que permitirá, según el texto, a otros nuevos establecimientos abrir allí donde no han permanecido abiertos.

Además, ha aprobado el informe sobre el Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, que se ha abstenido, y VOX, que lo ha rechazado. Este pacto, con un enfoque integral, tiene como objetivo la visibilización del antigitanismo, un problema estructural que salpica tanto a las instituciones y la administración pública como a la sociedad.