La asamblea que lo cambió todo: Extremadura se levanta por la sanidad pública

La semilla fue una asamblea. “Vente, vamos a hablar de sanidad en la región”, me dijo un amigo, que fue también quien me consiguió el coche para ir de Badajoz a Mérida. Al volante, un amable señor mayor, Remigio Cordero, resultó ser uno de los ponentes de esa reunión organizada por la Asociación 25 de marzo con distintos colectivos. “Encantado”, sonrió, mucho antes de contarme su labor como médico internista durante 40 años, y las tres décadas que fue profesor de la Facultad de Medicina en la capital pacense y jefe de estudios de los MIR.

Apenas media hora más tarde nos encontramos debatiendo con multitud de plataformas que se quejaban de los fallos del sistema sanitario: falta de facultativos, zonas rurales sin servicios básicos, largas listas de espera… “No es ésta la sanidad que quiero dejarle a mis hijos”, afirmó entonces Concha Ortiz, médica y miembro de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS). Una vez terminada la asamblea, a la que acudieron unas veinte personas, en representación de muchas más, el objetivo era unánime: organizarse para cambiar la situación. 

Casi dos meses después, no sólo estaba constituido el movimiento Extremadura por la Sanidad Pública, sino que se habían celebrado en su nombre concentraciones en las localidades citadas, en Don Benito, Montijo, Miajadas, Navalmoral de la Mata y en Valencia de Alcántara. Estas protestas, realizadas el pasado 9 de marzo, congregaron a cientos de manifestantes que se habían unido bajo el paraguas de la defensa de la sanidad de todos, con una serie de reivindicaciones muy claras.

En el comunicado que consensuaron en sucesivos encuentros y conversaciones virtuales piden un aumento del gasto sanitario público hasta igualar la media europea de 2.244€ por habitantes (en 2021 estaba en 1.935€, por debajo de los 2.100€ del País Vasco, en primera posición, y superando por mucho a Andalucía, con 1.525€, en último lugar). Exigen también un aumento de la inversión en atención primaria hasta el 25% del total del gasto sanitario, y acceso a un médico en un máximo de 48 horas, lo cual rara vez se cumple, así como la derogación de los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, de 1986, y de la Ley 15/1997 en su totalidad. Estos últimos puntos, los más polémicos, los explicó el doctor Cordero tras la manifestación de Badajoz, que se celebró frente al hospital donde solía trabajar, el Perpetuo Socorro.

“Vamos a mi antiguo despacho”, me indicó. Antes de entrar, me señaló las marcas que habían dejado en la pared unas letras de metal hoy desaparecidas. “¿Ves que pone ‘aislados’? Aquí internaban a los tuberculosos”. Noté cierta nostalgia; miraba las cajas apiladas que aún contenían enseres suyos; una enfermera interrumpió nuestra entrevista para hacerle llegar varias cartas a su nombre, a pesar de que lleva jubilado un año.

En su voz, serena, pesaba la historia de una sanidad regional que lideraba el ranking en España –“antes de los recortes de la crisis de 2009”, aseveró– y hoy renquea. Remigio Cordero, quien fue portavoz municipal de Podemos de 2015 a 2019, recuerda cómo la Ley 15/97, aprobada en los años de Aznar con el apoyo del PSOE, “establece la gestión privada de los recursos sanitarios públicos, permite privatizaciones”. Según él, el estancamiento actual de la Ley de Equidad, también llamada Ley Darias, en la coalición de gobierno se debe a que mantiene la del 97 prácticamente intacta, de ahí que Unidas Podemos la haya rechazado. “La estrategia privatizadora ha sido compartida por el PSOE y el PP”, aclara, una denuncia que también oigo en la calle. 

María Isabel Alonso ha acudido a la concentración para luchar por la sanidad pública: «Nos la estamos dejando robar”. Y culpa a los dos partidos mayoritarios: “El PP lo está haciendo de forma más descarada y el PSOE lo está haciendo de forma encubierta, pero están colaborando en lo mismo, en la privatización”. Los riesgos de la sanidad privada son muchos y ya han sido analizados por la comunidad científica. Recientemente, un estudio publicado en la prestigiosa revista The Lancet vinculaba la privatización de servicios sanitarios con un aumento de las muertes evitables.

Mari Ángeles Esteban, también presente en la manifestación, en representación del movimiento de pensionistas y de la residencia pública de la Granadilla, en Badajoz, cuando le pregunto sobre las consecuencias de que se privatice la sanidad pública, me responde efusiva: “¡Sería el declive total del ser humano! Los ricos con sanidad privada y los pobres sin sanidad, o sea, ¡nos morimos!”. El doctor Cordero califica el fenómeno como “dualización de la atención”, caracterizada por una población depauperada que tendría “una sanidad de baja cualificación, y una población con sanidad privada que no se siente concernida por esto”. 

Más allá de la Ley 15/97, este médico advierte de los peligros de los conciertos sanitarios, permitidos por el artículo 60 de la Ley General de Sanidad (1986) y me da un ejemplo: la Junta de Extremadura acaba de contratar el servicio de hemodiálisis con una empresa privada por más de 70 millones de euros. Esto se puede hacer cuando no existan recursos públicos, “pero si la administración pública decide no colocar esos recursos públicos pues entonces se justificará”, argumenta.

De hecho, la tendencia es al alza: Extremadura dedicará 101 millones de dinero público a la atención privada, un 14% más que el año anterior. En una comunidad que ha visto cómo se triplicaban los seguros privados desde el comienzo de la pandemia, también se dan otros problemas, como la dispersión geográfica de la población, que vuelve a las zonas rurales muy vulnerables. Desde Hervás, una amiga con dos niños pequeños me escribió hace varias semanas para contarme, preocupada: “Nos hemos quedado sin pediatra”. Días después, el 4 de marzo, se celebraba una sonora cacerolada repudiando la situación, y ahora parte de la población de este y otros municipios del Valle del Ambroz también se ha sumado al movimiento Extremadura por la Sanidad Pública. 

Las carencias se multiplican. En la protesta de Badajoz, Manoli Expósito y Toni Martín denunciaban la situación de las celadoras y coincidían en señalar la pandemia como el punto de inflexión a partir del cual todo empeoró. Soportan meses maratonianos con demasiados turnos de noche; a veces, surgen encontronazos con las auxiliares: “Es un círculo vicioso, ellas están cansadas, nosotros también, y todo eso repercute en el enfermo”. Demandan mejores contratos, y son conscientes de que cada trabajador de los múltiples que hacen falta para que la calidad de la atención médica mejore debe contar con derechos laborales.

Al terminar la jornada, sin embargo, me voy a casa con cierta esperanza, porque lo que comenzó como una simple asamblea de unos cuantos ciudadanos ya engloba a cientos organizados y con un eco mediático notable. La próxima concentración está convocada para el 22 de abril, en la ciudad que vio nacer las primeras reflexiones: Mérida.