La PAH pide respeto a las víctimas ante la “criminalización” del PP

“Es indudable que están intentando una campaña de criminalización contra nosotros”. Con esta contundencia, el abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Rafael Mayoral, se refiere a los últimos ataques sufridos por el colectivo de desahuciados por parte de varias personalidades del Partido Popular.

Este lunes, la diputada del PP Carmen Maniega ha denunciado a la PAH por “acoso” después de que un grupo de activistas la persiguiera en Oviedo durante al menos una hora al grito de “asesina, criminal y sinvergüenza”, según ha explicado a los medios. El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, ha declarado en algunos medios que un grupo de miembros de la PAH rodeó su casa en Valencia y se comportó de forma “violenta”.

Se trata de una serie de acusaciones que han dado hoy un paso más de la mano de la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, quien ha acusado a los activistas de la plataforma de simpatizar con el “entorno de ETA” y ha comparado su acción con la de la kale borroka. «Ada Colau y las personas que están en la plataforma anti desahucios han manifestado su apoyo, en determinadas ocasiones, a Bildu, a Sortu y a esos grupos que a mi modo de ver y al de muchos españoles tienen que ver con el entorno de ETA», ha insistido.

“Todas estas declaraciones son un auténtico despropósito y una irresponsabilidad, ya que ellos son plenamente consciente de que son falsas”, niega, tajante, el abogado Rafael Mayoral. “Estas palabras son un menosprecio a las víctimas, porque el Tribunal de Justicia europeo ya ha dejado claro que los procesos de ejecución hipotecaria están fuera de la ley. Eso significa que bajo la responsabilidad de, por ejemplo, Cristina Cifuentes, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han ejecutado órdenes de jueces que aplicaban procedimientos ilegales”, ha recordado.

De este modo, Mayoral advierte que el PP quiere “ocultar las consecuencias de la sentencia del tribunal europeo”. “Las acciones de la plataforma son absolutamente pacíficas, todo el mundo sabe cómo actuamos, no tenemos que acreditarlo, ellos lo saben de sobra. El escrache es el grito de las víctimas de violaciones de derechos humanos, que piden que cesen de inmediato”, ha explicado.

La portavoz de la PAH en Barcelona, Ada Colau, ya ha avisado de que la organización está estudiando acciones legales contra Cifuentes. Sin embargo, la “prioridad” de los afectados por las hipotecas es, según adelantan, entregar escritos “de forma masiva” en todos los juzgados del país exigiendo que se paralicen los desahucios, acción que tratarán de llevar a cabo mañana por la mañana. “Es sorprendente ver que el ministro de Justicia no haya salido ya para dar la orden de suspenderlos”, ha lamentado Mayoral.

Un “cordón democrático” para proteger a la PAH

El letrado ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que abra “un cordón democrático ante una campaña de criminalización absolutamente injustificada”. “Me gustaría preguntarle a Cifuentes si se ha leído la sentencia del tribunal europeo y si le va a pedir perdón a las víctimas de desahucios ejecutados al amparo de un procedimiento ilegal”, ha añadido. A juicio de Mayoral, la ley viola no solo la legalidad, sino también la seguridad jurídica, el derecho a una tutela efectiva, entre otros.

“Lo más importante es recordar que en este asunto hay vidas en juego, que muchas se han perdido ya, que se han destrozado demasiadas familias y se ha empleado la violencia contra la población de forma sistemática. Lo menos que merecen estas víctimas es respeto”, ha concluido el abogado.