Opinión
Jueces de clase
"Hasta que el acceso a la carrera judicial no se democratice de verdad, seguiremos teniendo jueces y juezas de clase, de la clase dominante", escribe la politóloga Arantxa Tirado
Estos días asistimos, entre la indignación y el hastío, al enésimo episodio en la estrategia de la derecha de bloqueo a la renovación de los órganos constitucionales, como el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ambos tienen a parte de sus integrantes con un mandato caducado desde hace años, incumpliendo con un diseño realizado para que pudieran representar las sensibilidades ideológicas de la coyuntura política española. No obstante, el sector conservador en estos órganos, todavía hegemónico pese al cambio político, se ha enrocado negándose a soltar las riendas de estas instituciones. Para evitar una renovación de mandato que trastocaría la correlación de fuerzas actual, la derecha judicial está cruzando líneas rojas que traspasan la separación de poderes, sacrosanta esencia de las democracias liberales desde tiempos de Montesquieu.
El Tribunal Constitucional pretende pretende interferir en el proceso de elaboración de una ley para evitar su tramitación en las Cortes. La injerencia y politización extrema del tribunal de garantías, reintroducido tras la dictadura para ayudar a la consolidación del naciente régimen democrático español, está socavando el principio básico de la democracia, como es la soberanía popular representada en las Cortes. Como establece la Constitución Española en su artículo 1.2. “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.
No hace falta ser alguien experto en derecho constitucional para ver que la decisión de torpedear la votación de esta ley para la reforma del poder judicial y la renovación del TC en la sede de la soberanía nacional, por parte de un órgano no legitimado por las urnas, tiene unas implicaciones que comprometen el funcionamiento institucional del sistema, por decirlo eufemísticamente. Si, encima, se trata de una ley que quiere poner fin al bloqueo en la renovación de los órganos judiciales, donde los mismos jueces con mandato caducado votan en el TC para impedir ser sustituidos por la nueva ley del legislativo, el escándalo toma visos de recochineo. Y cuando sabemos que el TC lo preside, también con mandato caducado, Pedro González-Trevijano, un jurista que se opuso a la exhumación del cadáver del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, las credenciales democráticas de quienes deben interpretar la Constitución quedan bastante en entredicho.
El TC y sus jueces llevan demasiado tiempo olvidando su función de resolver conflictos políticos aplicando criterios jurídicos, como debería ser su cometido. Más bien, parece estar creando problemas políticos utilizando cuestionables criterios jurídicos, no exentos de ideología reaccionaria. Como han denunciado varios magistrados y expertos en Derecho Constitucional, la sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010, sobre la Ley de Reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya, inició una deriva preocupante que proporcionó leña al fuego del conflicto territorial. Luego vendrían otras actuaciones del poder judicial (recordemos que el TC no forma parte del poder judicial), en las que la ideología conservadora de los jueces se tradujo en un activismo judicial contra el independentismo catalán, como antes se había ejercido contra el independentismo vasco.
Sin embargo, el Constitucional no es el único órgano del ámbito de la justicia que está demostrando que la idea de una justicia a-ideológica es una quimera imposible. El poder judicial, representado por su órgano de gobierno, el CGPJ, es otro órgano politizado que está comportándose como un actor político. Que el poder judicial le está echando un pulso a este gobierno de coalición, el primero desde tiempos de la Segunda República, es un hecho. La poca simpatía del poder judicial por el nuevo gobierno quedó clara a inicios de la legislatura, cuando el CGPJ se permitió pedir al Pablo Iglesias “moderación, prudencia y mesura” por una entrevista en la que el por entonces vicepresidente constataba cómo la justicia europea “humillaba” a la justicia española no dándole la razón en sus actuaciones contra los independentistas catalanes.
No era la primera vez que el CGPJ se permitía sugerirle a un representante político qué puede opinar y cómo. En todos los casos había una lógica compartida: el poder judicial reaccionaba de manera intransigente frente a las críticas a su función. Conviene aquí detenerse a reflexionar por qué el poder judicial es el único poder del Estado que se niega a ser fiscalizado, escudándose además en el supuesto ataque a su independencia cada vez que alguien muestra una discrepancia con una resolución judicial. Como si los jueces fueran seres que nunca se equivocan en la interpretación o aplicación de la ley. O como si el propio diseño de la ley no estuviera cargado de política, esto es, de principios detrás de los cuales hay unos intereses de clase determinados.
Cuestionar qué es la ley, quién la hace, para defender qué intereses y cómo luego se interpreta y aplica en los tribunales debería ser un derecho de cualquier ciudadano. Pero parece que la justicia y su ordenamiento reside en un olimpo al que la mayoría de los mortales no puede acceder. No es de extrañar si atendemos al sesgo de clase existente en dichos ámbitos. Datos de la propia Escuela Judicial en noviembre de 2021 sobre la última promoción de jueces y juezas apuntaban que el 94,57% de ellos contó con el apoyo de sus padres mientras preparó las oposiciones y el 54,45% de la promoción no había trabajado antes. Si, siguiendo la misma estadística de la Escuela Judicial, la mayoría de ellos tenía entre 25 y 31 años cuando inició unas oposiciones que, en promedio, requieren más de cuatro años de preparación, podemos empezar a entender el perfil socioeconómico de quienes acaban siendo jueces y juezas en nuestro país. Y, de ahí, quizás también podamos deducir la predominancia de perfiles conservadores, vinculados a una posición de clase privilegiada que puede no sólo permitirse el costo de oportunidad de no trabajar durante años, sino, además, pagar a imprescindibles preparadores privados que cobran centenares de euros mensuales. Todo bastante lejos de las posibilidades económicas de una familia trabajadora promedio.
Necesitamos un poder judicial que se parezca a la sociedad a la que debe juzgar y sobre la cual aplica la ley, así como leyes que no solo defiendan los intereses de la clase dominante ni tampoco visiones del mundo desfasadas en el siglo XXI. Es un total anacronismo que el poder judicial y otros órganos del ámbito jurídico estén copados por personas de pensamiento reaccionario, opuestas al derecho al aborto, por ejemplo, o a cualquier transformación social en lógica progresista, en un país donde los ciudadanos se auto ubican mayoritariamente en el centro-izquierda. Este hecho implica una sobredimensión de las ideas conservadoras en un ámbito de poder que tiene impacto sobre la vida de millones de personas, que forman parte de una sociedad mucho más plural de la que ellos pretenden representar.
En el programa de coalición firmado entre Unidas Podemos y el PSOE en 2019 se establecía la promoción de “acuerdos parlamentarios de consenso que permitan la elección y renovación de los órganos constitucionales”. Viendo el panorama político de una derecha que sigue actuando como si el Estado fuera suyo y las características del poder judicial, parece mucho más urgente acelerar otra de las medidas contempladas: “modernizar el sistema de acceso a la carrera judicial (…) previendo mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación socioeconómica de los aspirantes”. Hasta que el acceso a la carrera judicial no se democratice de verdad, seguiremos teniendo jueces y juezas de clase, de la clase dominante. Parece que en la España del régimen del 78, la palabra democracia nos sigue quedando muy grande.
*Actualización: 13/01/2023 a las 11:40h
¿El cambio político? Aquí todos los partidos, incluso la «izquierda» parlamentaria, aunque sea en menor medida, sirven al capital.
¿La democracia? Aún se la espera. Hablamos de ella con demasiada ligereza.
Cierto que en este país hay partidos políticos que llegan aún más lejos que el amo «lo llevan en sus genes», otros que no llegan tan lejos y otros que obedecen a regañadientes pero que acaban por obedecer.
La verdadera izquierda, anarquistas incluídos, no creen en las instituciones sobre todo en las de este país francofascista y por si ésto fuera poco lacayo del capital.
Es bueno que haya partidos parlamentarios más a la izquierda que el PSOE; pero sobre todo que haya izquierda radical, esa a la que no se puede comprar. Por éso se la encarcela o se elimina de alguna manera.
«Cuestionar qué es la ley, quién la hace, para defender qué intereses y cómo luego se interpreta y aplica en los tribunales debería ser un derecho de cualquier ciudadano».
Lo malo es que los súbditos de este país nos hemos convertido en un sumiso rebaño que ya ni sabemos pensar por nosotros mismos.
Ya veremos si en las próximas eleccciones esxs ciudadanxs votan centro-izquierda.
De nada parece haber servido el ejemplo de aquellx válida, generosa generación de republicanxs que supieron luchar y dieron su vida defendiendo los derechos y las libertades del pueblo.
Murió Manuel Arango, 74 años, militante comunista (PCEr), preso durante 22 años (Video de su intervención al salir de la cárcel): clandestinidad y prisión.
CRIMENES DE ESTADO, TERRORISMO DE ESTADO.
Te matan pero no te derrotan tus convicciones revolucionarias muy firmes.
LIBERACION DE TODXS LXS PRESXS POLITICXS, LUCHA POR LA AMNISTÍA.
(víctimas de abandono sanitario, negligencias, presos políticos enfermos, dispersión, aislamiento, garrrote, falta de derechos, ect).
Había salido de prisión, enfermo, hacía solo un año y medio. Militante comunista desde 1974, estuvo 22 años en prisión. Su compañera Isabel Aparicio había muerto en prisión por culpa de la desatención médica.
“Nosotros, los comunistas, somos los que servimos a la clase obrera. Y vosotros hacéis que el asesinato de Isabel Aparicio nunca quede impune”, afirmó Arango refiriéndose al fallecimiento en prisión de su compañera de vida. Arango acudió en su día a un homenaje a Isabel Aparicio, fallecida el 1ro. de abril de 2014. En una reciente misiva, publicada el 16 de marzo en el sitio de PreS.O.S., Arango Riego denunciaba la represión sufrida por él y por su companera, Isabel Aparicio en la prisión política.
Echando la vista atrás, les diré que en todos estos años en las prisiones ha imperado de manera constante la política represiva de la dispersión carcelaria y del aislamiento con respecto a los presos políticos. Nos han aplicado, y nos aplican, en suma, diversos tipos de represión: es el Estado de Excepción carcelario, sustentado en diversas leyes y disposiciones de naturaleza fascista.», afirmaba Arango.
Arango Riego, de largo trayecto en organizaciones comunistas españolas, como la Organización Marxista Leninista de España y el Partido Comunista de España (reconstituido), del cual fue figura dirigente, sufrió prisión y tortura en diversas ocasiones durante su militancia política, bajo la acusación de “asociación ilícita y propaganda ilegal”.
Este estado tiene dos piedras angulares: la explotación y el terrorismo de estado.
La lucha antirepresiva debe extenderse constantemente.
https://insurgente.org/murio-manuel-arango-militante-comunista-preso-durante-22-anos-video-de-su-intervencion-al
La el valor relativo de las hechos y las cosas se mide no solo por sus cualidades y defectos sino por la cantidad e intensidad con que estas se presentan, el maniqueísmo no solo es un error sino una manipulación intencionada que esconde la voluntad de no dar cuenta de la moral, en un “entre todos la mataron y ella sola se murió”, que en al ideología populista se resuelve ofreciendo enemigos responsables de nuestros males previamente asimilados como, precisamente “los malos”, que evita tener que medir el comportamiento en cantidad y magnitud para, como en una suma de fuerzas mostrar la resultante. Así, el reduccionismo populista agita, en su hipertrofiada presencia mediática, la repetición “goebbelsiana” con que se sustituye el análisis axiológico por el eco de la propaganda agitando el odio esconde se esconde la verdad.
Es más fácil agitar el miedo y la fobia que dar cuenta de las causas del mal. Resaltar el malestar internalizado por los adversarios, a estas alturas enemigos, que asumir la propia responsabilidad de los hechos y los objetivos que orientan nuestra voluntad. El otro como culpable no vale y la realidad es que cada uno da cuenta de los suyo en el momento en el que hablamos. La realidad es la que es y no vale contar lo mal que el otro trata nuestra institución para no responder de desprestigio y denigración que nace de dentro. Es la propia institución la primera que, antes de esconderse en las demás, se debería dignificar a sí misma evitando la grieta que corroe sus cimientos.
¿Pero como pueden creer que la cortina de humo de “los otros” va a evitar, en cuanto corra un poco el aire, que la gente crea que este Constitucional no es garante de nada?.
Ya se que, al parecer, hablan de “esos” como delincuentes, impresentables e ilegales, no está bien visto.
Pero yo creo que seguir considerándolos a todos ellos como legales y en su caso, sus decisiones como legales y a las que hay que acatar, es una temeridad de la que podríamos tener que lamentarnos.
Esperemos que no sea demasiado tarde.