La discriminación hacia el pueblo gitano aumenta en las redes sociales

El “cómo voy a ser racista, si tengo un amigo gitano y otro negro” (que está al mismo nivel de podredumbre argumental que el “cómo voy a ser yo machista, si tengo madre y hermana”) salta de la barra del bar –y de los argumentarios de ciertas formaciones políticas– a las redes sociales. El anonimato que proporcionan estos canales potencian los discursos de odio. El machismo, la homofobia, la xenofobia y también el antigitanismo avanzan por las redes sociales con menos trabas que en la calle.

¿Cuántos gitanos hay en España?

Según la Unión del Pueblo Romaní, en un artículo publicado en mayo de 2022, la población gitana en España es de 730.100 personas. Andalucía, con 300.000, es la comunidad donde más gitanos y gitanas residen, seguida de Catalunya (80.000), la Comunidad Valenciana (70.000), Madrid (60.000) y Castilla-La Mancha (40.000).

Desde la Fundación Secretariado Gitano (FSG) dan una cifra ligeramente menor (725.000) y subrayan la dificultad de ser certero en la contabilización, puesto que “no se recoge la etnia de las personas en los censos de población”. En toda Europa, apuntan desde la misma organización, se calcula que hay entre 10 y 12 millones, principalmente en Rumanía (2 millones).

Por tanto (con las cifras de la Unión del Pueblo Romaní), el 1,53% de los españoles y españolas es de etnia gitana. Porcentaje que es menor, por ejemplo, en uno de los principales órganos de representación del pueblo, el Congreso de los Diputados. Actualmente, solo hay 3 diputados gitanos de 349, el 0,86%.

Discriminación por ser gitano

Si resulta complicado conocer algo tan básico como el número de gitanos que hay en España, se antoja imposible obtener datos concretos acerca de los casos de antigitanismo que se dan. Pero sí se puede hacer una radiografía aproximada de la realidad gracias a diversas publicaciones.

La más interesante es el informe anual de la FSG Discriminación y Comunidad Gitana, elaborado en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica.

En 2021, la FSG recogió y atendió 554 casos de discriminación a personas gitanas, 190 más que el año anterior. Este aumento tan significativo, aclaran, se debe en parte a que durante 2021 se desarrolló el 6º ciclo de seguimiento del código de conducta sobre discurso de odio online, firmado entre las compañías de Internet y la Unión Europea (UE).

Del total, 185 son episodios individuales y 369 colectivos (276 contra la comunidad gitana en general, 49 con víctimas identificadas y 44 con víctimas indeterminadas). Esto ha llevado a la identificación de 265 víctimas, de las que 160 eran mujeres y 105 hombres. Por edades, 80 tenían entre 26 y 35 años, 67 entre 18 y 25 y 59 entre 36 y 45 (son los tres tramos mayoritarios).

Redes sociales y medios de comunicación

El mayor número de casos de discriminación detectados por la Fundación se dio en las redes sociales (donde adoptan la forma de discursos de odio): encontraron 189. Algunos de ellos son de una extrema gravedad, dado que incitan a la violencia o incluso al exterminio de las personas gitanas, o se las deshumaniza comparándolas con animales.

Este tipo de mensajes, destacan, “además de ser ilegales y de dañar gravemente el honor y la dignidad de las personas gitanas, pueden provocar un paso a la acción. Es decir, que se cometan actos graves de ataques y violencia contra hombres o mujeres, incluso niños/as gitanas”. El 72% de los mensajes fueron retirados por las plataformas.

Una muestra de los textos: “No merecéis respeto, sois peor que las ratas”, “lo que deben hacer en ese barrio es quemarlo entero”, “putos gitanos, ratas de mierda sin domesticar. Cucarachas”, “napalm sobre toda la barriada” o “qué ganas de matar gitanos”.

El segundo ámbito con más discriminación y antigitanismo son los medios de comunicación (87 casos). La mayoría de ejemplos, explican en el informe, son noticias donde se menciona la etnia de las personas en situaciones de violencia, delincuencia o criminalidad.

También hallaron con frecuencia comentarios de odio antigitano publicados por lectores de las noticias en las versiones digitales de los periódicos. Teniendo siempre en cuenta el respeto a la libertad de expresión, matizan, “estos medios deben moderar estos contenidos para garantizar la cero tolerancia a las expresiones racistas y antigitanas”.

Discriminación contra los gitanos en el acceso a servicios, educación y empleo

Se dieron 79 casos de antigitanismo respecto a la denegación de acceso a bienes y servicios por motivos discriminatorios. Destacan los que se produjeron en restaurantes, bares, discotecas, piscinas y otros centros de ocio en los que “se impide el acceso a las personas gitanas simplemente por su pertenencia étnica”.

También abundan, dentro del mismo apartado, los episodios relacionados con la vigilancia excesiva a las mujeres gitanas en los centros comerciales y supermercados. Es una discriminación interseccional, puntualizan, ya que se da sobre todo contra las mujeres.

De 27 a 51 han pasado, en un año, las discriminaciones en el ámbito educativo. El incremento se puede deber a un mayor conocimiento por parte de las familias gitanas sobre los mecanismos de denuncia, o bien a un aumento real de la hostilidad y las situaciones de acoso contra el alumnado gitano en algunos centros escolares, argumentan en FSG.

En algunos casos, se trata de comentarios de algunos profesores y profesoras sobre la comunidad gitana, con estereotipos, prejuicios y generalizaciones. Estos estereotipos son especialmente marcados en contra de las niñas gitanas, sobre las que el profesorado a veces tiene muy bajas expectativas haciendo énfasis en los roles de género.

De igual forma, han subido los casos de discriminación relacionados con el empleo (de 28 a 40). Aunque también hay racismo dentro del puesto de trabajo, lo más habitual es que el antigitanismo se dé porque las empresas se niegan a aceptar el currículum cuando el candidato es gitano.

Vivienda, identificaciones policiales y salud

Otras 40 muestras de discriminación hay en vivienda y, mayoritariamente, señalan en el informe, tienen que ver con la negativa de algunas inmobiliarias o propietarios a alquilar o vender un piso cuando descubren que la persona o la familia que quiere comprarlo o alquilarlo es gitana. También acaecen casos de vecinos de gitanos “que se muestran hostiles al hecho de que haya gitanos en el edificio o que denuncian de forma injustificada a la Policía para acosar a algunas familias gitanas”.

Relacionado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está el siguiente ámbito con más casos: 26 episodios de discriminación ejercida por los servicios policiales. La mayoría, señalan, son identificaciones policiales por perfil étnico.

Y ponen un ejemplo que afectó a un grupo de jóvenes gitanos del Programa de Empleo Aprender Trabajando de la FSG. Durante su descanso, relatan, “cuando estaban en la calle frente a la sede de la FSG, tres agentes de la Policía Nacional motorizados les solicitaron la documentación. Además, les hicieron algunas preguntas tratándolos como presuntos delincuentes: ‘¿De dónde sois?, ¿Qué hacéis aquí?, ¿tenéis algún arma?, ¿dónde tenéis la droga?, ¿cuántos habéis estado detenidos?’”.

Al día siguiente, continúan, “a la misma hora se presentó un furgón de la Policía y bajaron cinco agentes. De nuevo preguntaron a los mismos chicos si llevaban algo que les comprometiera, les pidieron la documentación y registraron a tres de ellos, los más morenos del grupo”.

En el campo de la salud, les llegaron 16 casos de antigitanismo (el doble que en 2020). Sobre todo, versan sobre dar trato hostil hacia los pacientes gitanos/as por parte del personal médico, de enfermería, celadores, o comentarios negativos sobre el pueblo gitano. Algunos especialmente llamativos se refieren al registro en los informes médicos de la pertenencia étnica del paciente, algo que, recuerdan, está prohibido por la legislación española.

Por último, se dieron otros 26 episodios de otros ámbitos. Entre ellos, agresiones o amenazas violentas a algunas personas gitanas en la vía pública, o ataques incendiarios, y también pintadas amenazadoras y antigitanas en diversos edificios y espacios públicos.

Un ejemplo especialmente grave sucedió en Extremadura, “cuando un hombre gitano informó sobre el lanzamiento de artefactos incendiarios a un asentamiento de personas de etnia gitana en el municipio de Zahínos (Badajoz) al grito de: ‘Os vamos a matar a todos’”.

Delitos de odio por antigitanismo

Otra estadística que ayuda a esbozar el nivel de antigitanismo en España es el Informe sobre la Evolución de los Delitos de Odio del Ministerio del Interior. Según este documento, se dieron 1.802 delitos e incidentes de odio en 2021 (un 28,62% más que en 2020), de los que 18 estaban relacionados con ataques a personas gitanas (fueron 22 en 2020 y 14 en 2019). 16 fueron finalmente esclarecidos y afectaron a 30 personas (14 hombres y 16 mujeres).

Por la edad de la víctima: tres eran menores, siete tenían entre 18 y 25 años, cinco de 26 a 40, 10 de 41 a 50, en cuatro casos su edad iba a de 51 a 65, y en uno afectó a una persona mayor de 65.

14 personas fueron detenidas o investigadas: nueve hombres y cinco mujeres. Cinco de ellas, el tramo más numeroso, tenían entre 41 y 50 años.

Y por comunidades autónomas, destaca especialmente Navarra, donde se dieron 11 de los 18 casos. Tres se produjeron en Andalucía, dos en Castilla y León y 2 en Castilla-La Mancha.

Quejas ante el Defensor del Pueblo

Una vía adicional para emitir quejas sobre antigitanismo es hacerlo a través del Defensor del Pueblo. En su informe de 2021 cifra en 161 los expedientes abiertos en el área de ‘Igualdad de trato’, que es la que abarca las quejas por cualquier tipo de discriminación por motivo de género, orientación sexual, origen étnico, pertenencia a confesión religiosa, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Según han asegurado a La Marea, no disponen de la estadística específica de cuántas de esas actuaciones tienen que ver con antigitanismo. No obstante, en uno de los anexos del informe citan un ejemplo: una queja recibida en la que el Consejo Estatal del Pueblo Gitano trasladaba su preocupación por los contenidos y el tono utilizado en un programa de televisión de una cadena privada, en relación con los hechos ocurridos en Rociana (Huelva).

En concreto, puntualizan, se denunciaba que el programa realizó una reconstrucción distorsionada. En ella se vertieron una serie de acusaciones contra la víctima fundamentadas en estereotipos y prejuicios contra la comunidad gitana, condensados básicamente en la delincuencia y la marginalidad.

Tras la emisión del espacio, agregan, las redes sociales se colapsaron con mensajes antigitanos, alegrándose por el fallecimiento de un “ladrón” y apoyando al presunto asesino confeso.

La cadena en cuestión, exponían en la queja, “acumula denuncias por estas distorsiones verbales, que perjudican gravemente la imagen pública y el desarrollo social de la ciudadanía gitana”. Llamaba la atención, además, “el uso recurrente de un lenguaje cargado de imágenes estereotipadas y connotaciones peyorativas: ‘Guerras, clanes, familias conflictivas, etcétera’”.

En este caso, informan, la Fiscalía Provincial de Huelva incoó dos diligencias de investigación, a raíz de varios escritos presentados por una entidad, de las cuales una se archivó y la otra dio lugar a unas diligencias previas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de dicha población.

Ley Mordaza, miedo a denunciar y machismo: “Todavía hay demasiados gitanos que sufren discriminación en España”

La afirmación entrecomillada que titula este apartado es de Fernand de Varennes, relator especial de las Naciones Unidas en cuestión de las minorías, y refleja la principal conclusión que extrajo tras una visita a España a principios de 2019.

Demasiados gitanos, concreta en su escrito, “sufren agravios socioeconómicos significativos e incluso exclusión, así como discriminación y prejuicios en áreas como la educación, la vivienda y el empleo”.

Especialmente desconcertante, comenta, fue escuchar que, “en el área más importante de actividad económica de los gitanos, el comercio ambulante, la regulación varía de una localidad a otra, y puede estar sujeta a actuaciones caprichosas, a menudo arbitrarias y desdeñosas, e incluso discriminatorias”.

Menciona también que el grupo de análisis observó que “las disposiciones de la Ley de Seguridad de los Ciudadanos (Ley Mordaza), que imponen multas elevadas por filmar a los agentes del orden público y revertir la carga de la prueba, han tenido el efecto perverso de que las minorías no denuncien todos los actos discriminatorios cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, o que no se investigue ni se juzgue a los autores de delitos contra las minorías, en particular contra los afrodescendientes”.

Este es un aspecto que también subrayan desde la FSG en el apartado de conclusiones de su informe sobre el antigitanismo en España. Aseveran que las víctimas desean que se recojan sus casos y piden acompañamiento e información acerca de sus derechos y sobre cómo actuar. Pero en muchas ocasiones son reacias a llevar a cabo acciones formales jurídicas concretas.

Esto, sostienen, se debe en parte a que “no se producen muchas resoluciones positivas en los casos denunciados, donde se reconozca el móvil antigitano de los delitos y se repare a la víctima adecuadamente y se tomen las medidas que garanticen la no repetición”.

El machismo también está presente en los episodios de discriminación a las personas gitanas. Lo resaltan como corolario desde FSG: “El género es uno de los condicionantes de discriminación interseccional más habitual. Las mujeres gitanas enfrentan barreras sociales muy complejas, por lo que necesitan una atención y acompañamiento especializados”.