La perversión del extractivismo minero en Andalucía

La búsqueda de nuevas fronteras para la acumulación de capital a escala global, traducida ahora en el auge de la digitalización y en un simulacro de “transición hacia energías renovables” pretendida sin abandonar la lógica del lucro, han intensificado los requerimientos de materiales y energía en la economía mundial, duplicados desde el inicio del siglo XXI. Un proceso de fuerte “rematerialización” estimulada por la lógica financiera, que conlleva una ofensiva del extractivismo minero, uno de los instrumentos esenciales de la dominación y el colonialismo sobre los pueblos del Sur. Una reactivación que ha vuelto a situar al subsuelo andaluz, junto al de otras zonas de la Península Ibérica, como objeto del deseo de las grandes multinacionales de la minería, que se apresuran a explotar el importante potencial de mineral polimetálico situado sobre todo en la faja pirítica ibérica. En Andalucía se extrae hoy más del 90% de los minerales metálicos extraídos dentro del Estado español.

En este contexto hay que situar la llegada de la compañía Cobre Las Cruces (CLC) en el año 2000 para poner en marcha un megaproyecto minero que afecta a los términos de Gerena, Salteras, Guillena y La Algaba, al norte del Aljarafe sevillano. En 2004 la compañía minera obtuvo una concesión para el uso de agua del acuífero Gerena-Posadas, la más importante reserva hidrológica de la zona del Aljarafe y de la propia capital sevillana, con una población que se acerca al millón de habitantes y cuyas masas de agua fueron declaradas de carácter “estratégico”, quedando reservadas “para el abastecimiento urbano” (Plan Hidrológico del Guadalquivir de 1998). Derechos de agua que, como veremos, han sido sobrepasados ampliamente por Cobre Las Cruces de manera continuada y persistente desde el inicio de sus operaciones en 2005. 

En abril de 2008 la explotación minera fue interrumpida como consecuencia de irregularidades detectadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que ordenó la clausura de 20 pozos perforados ilegalmente en el interior de la corta minera cuando la compañía contaba solo con autorización para tres pozos. Además de esta ilegalidad, se detectó la presencia de contaminación, fundamentalmente por arsénico, en las aguas reinyectadas al acuífero a través del Sistema de Drenaje y Reinyección (SDR), autorizado en 2003, en contra de lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental y en la autorización otorgada en 2004. La suspensión derivó en una sentencia judicial en 2016 que declaró a los tres máximos directivos de la compañía culpables de delitos continuados contra el medio ambiente y daños al dominio público. 

En 2009, el Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Manuel Chaves –condenado en el caso de los ERE a nueve años de inhabilitación–, autorizó, en su último Consejo de Gobierno como presidente de la Junta, la reapertura de la mina; una autorización que fue declarada nula en 2015 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimando que la Junta tomó esa decisión sin que el requisito de incorporación de depuración en el SDR estuviera aprobado, por lo que no estaba garantizada la prevención frente a la contaminación del acuífero. Una sentencia que nunca fue ejecutada. 

Desde entonces, Cobre Las Cruces ha superado en más de cinco veces la cantidad de uso de agua legalmente autorizada, vulnerando sistemáticamente lo establecido en la vigente concesión de 2004. Prueba de estos incumplimientos e ilegalidades son los repetidos y continuados en el tiempo expedientes sancionadores relativos a la detracción ilegal de aguas subterráneas incoados por la CHG y resueltos algunos por el Consejo de Ministros del Gobierno de España, que deberían haber llevado a la revocación de la concesión de aguas. Como queda meridianamente claro en los Informes del Hidrogeólogo Residente de la CHG, realizados desde 2010 hasta la actualidad, no ha habido ni un solo día en que Cobre Las Cruces no haya actuado incumpliendo las autorizaciones vigentes en materia de protección del dominio público hidráulico de aguas subterráneas y por tanto no haya actuado en contra del concepto de utilidad pública que se le presupone.

La respuesta de la CHG a esa trayectoria persistentemente infractora ha sido flexibilizar las condiciones de autorización a Cobre Las Cruces, admitiendo la recarga artificial del acuífero con aguas procedentes de la depuración de aguas residuales de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de San Jerónimo, que alteran la calidad del mismo, y autorizando acuerdos de la compañía con agricultores y ganaderos del entorno para la compra de sus derechos de uso del agua, causando así una merma en la disponibilidad de agua en esas actividades económicas.

Como resultado de esta vulneración sistemática de las normas por parte de Cobre Las Cruces ha disminuido el caudal de los pozos en la zona y empeorado la calidad de las aguas, que ahora no son aptas para el consumo humano. Los municipios de Gerena, Guillena y Burguillos se han visto obligados a desconectarse del acuífero del que se abastecían para el consumo de sus poblaciones y a construir infraestructuras pagadas con dinero público para que les llegue el agua de otros aprovisionamientos. 

Este expolio se ha perpetrado siempre bajo la coartada de la creación de empleo. En el caso de Cobre Las Cruces, esta compañía recibió subvenciones a fondo perdido por valor de 53 millones de euros de las administraciones públicas, con la justificación de la creación de 169 empleos. Subvenciones concedidas por el Ministerio de Economía encabezado por Rodrigo Rato (condenado a cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida con carácter continuado en el caso Bankia) y por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, dirigida por Antonio Fernández (condenado a siete años de cárcel por prevaricación y malversación en el caso de los ERE). Estas subvenciones se concedieron a pesar de que la empresa no estaba cumpliendo con las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 2002. Los 53 millones de euros subvencionados corresponden a más de 313 miles de euros por trabajador, es decir 1.659 euros mensuales (14 pagas anuales) durante los 13 años y medio de funcionamiento entonces previsto. Llegándose a la evidente conclusión de que el mantenimiento de los puestos de trabajo directos de CLC ha corrido a cargo de subvenciones de dinero público que han salido de nuestros bolsillos.

Con esta trayectoria a sus espaldas, CLC trata ahora de poner en marcha una ampliación de su actividad con un Proyecto de Explotación de Mina Interior y Refinería Polimetalúrgica (PMR) que supone una modificación sustancial de las condiciones que para su funcionamiento la empresa tenía concedidas por parte de la administración pública hasta el momento. Sobre todo, en términos de uso de agua subterránea, para el que se pretende una ampliación de la cantidad a disponer que estaría entre 8 y 11 veces por encima de la cantidad que hoy tiene cedida para su uso. 

En su solicitud, la corporación minera reconoce que este incremento producirá un descenso de los niveles piezométricos que llevará al incumplimiento de los objetivos medioambientales de la planificación hidrológica para 2027 en dos masas de agua subterránea que empeorarán en cantidad y calidad. Incumplimiento que impide legalmente las concesiones de aguas públicas subterráneas que CLC dice necesitar. Para sortear esta imposibilidad legal pretende acogerse a una excepción de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea que exige para poder ser utilizada la declaración del proyecto como de Interés Público Superior –por encima de intereses como el del posible abastecimiento para el consumo humano del Área Metropolitana de Sevilla–, con la consiguiente autorización para la modificación del Plan Hidrológico del Guadalquivir. Todo esto con los precedentes a los que nos hemos referido antes y en un entorno de grave escasez hídrica agravada por el cambio climático y traducida en situaciones de sequía severa como la que se viene padeciendo actualmente. La Junta de Andalucía ya ha otorgado autorizaciones ambientales y mineras al nuevo proyecto PMR y ha realizado un pronunciamiento por el que considera que sí es de Interés Público Superior, proponiendo así que la CHG pueda incumplir los objetivos medioambientales establecidos legalmente en la Directiva Marco del Agua, quedando ahora en manos de la CHG la autorización definitiva de la ampliación solicitada.

Para justificar el interés del PMR, la compañía minera presenta en la documentación un Informe encargado por la propia compañía en el que se ocultan los costes sociales y ecológicos del proyecto detrás del velo de lo monetario, única dimensión considerada en el enfoque de la economía convencional, que es el utilizado en este Informe. Esto a pesar de los episodios que se han sucedido, (entre los que figura un importante derrumbe en las escombreras norte del complejo minero, ocurrido en 2019 por factores relacionados con la propia actividad de la mina que sepultó parte de la corta y obligó a paralizar la extracción de mineral), o de los riesgos que conlleva el almacenamiento de residuos durante largos periodos de tiempo en depósitos que están justo sobre el acuífero para el que se solicita el aumento de uso del agua al que nos hemos referido. En la solicitud que hace la corporación no hay ninguna evaluación de los residuos que se generarán ni de los riesgos a ellos asociados y ni siquiera se aportan datos sobre el consumo de agua, cuando el reconocimiento de Interés Público Superior serviría para ampliar de manera sustancial tanto la extracción de agua del acuífero como el volumen del vertido al estuario del Guadalquivir.

En cuanto al grado de articulación de la empresa en el tejido empresarial local, según el citado Informe, por el lado de las compras su incidencia es de muy escasa relevancia y recae solo sobre una actividad extractiva, contribuyendo Cobre Las Cruces también por esta parte a la profundización de esa dedicación primaria de la economía andaluza que le confiere el carácter de economía subalterna. Nada se dice en el Informe sobre su conexión con el entorno por el lado de las ventas. Con lo cual se evidencia a partir de la información proporcionada por el Informe encargado por CLC algo que viene siendo una peculiaridad propia de este tipo de actividades extractivas: su carácter de economía de enclave desconectado de la economía de la zona, sin integración en la trama económica del territorio en el que se localiza y por tanto sin repercusiones positivas en algo tan necesario como es el fortalecimiento de las relaciones intersectoriales que articulan y cohesionan ese tejido económico local. Una falta de articulación con el entorno que junto a su escasa significación en términos de empleo y renta (el impacto de los salarios es de tan sólo el 2,5% de las rentas del trabajo de los municipios afectados según el Informe), no justificarían en modo alguno ni una declaración de interés público para el proyecto PMR ni la autorización para el incumplimiento de la Directiva Marco del Agua que la puesta en marcha del proyecto exige. 

Este carácter de economía de enclave del proyecto minero de CLC, que se traduce en el prácticamente nulo efecto inductor positivo de la actividad de la empresa sobre el tejido económico de la zona, lleva aparejada la conclusión de que el cese de la actividad de CLC no tendría repercusiones negativas en el mismo. Por otra parte, el Informe no aporta ninguna información acerca de que la puesta en marcha del proyecto PMR por parte de CLC vaya a suponer ningún cambio en esta condición de actividad desconectada del tejido económico del entorno.

En este sentido, hubiera sido una información relevante hacer referencia en el Informe a que CLC es una empresa cuya matriz, First Quantum, está asociada al capital global, y no a lo local. First Quantum es una compañía minera multinacional con sede en Vancuver para la que Cobre Las Cruces es una pieza más dentro de la estrategia global de una gran corporación cuya supervivencia está supeditada a garantizar la “creación de valor” para sus inversores; una “creación de valor” equiparable a la revalorización de sus activos financieros, fundada en expectativas de ganancia que se concretan en presión, desde lo global, para maximizar la apropiación de riqueza y los beneficios obtenidos en lo local, con el consiguiente traslado de esa presión sobre las condiciones sociales y ecológicas del entorno. Con la ventaja que le da el poder de la corporación sobre esas condiciones para llevar a cabo su mandato.

Un poder que tiene su reflejo también en la esfera mediática, donde, con algunas excepciones, las prácticas de medios, públicos y privados, en relación con las corporaciones mineras, han ido aquí desde la manipulación descarada de la información para ocultar la socialización de costes y la privatización de beneficios hasta pactos de silencio cuando se trata de dar cuenta del deterioro y/o la apropiación de bienes comunes, pasando por el amaño de encuestas y su interpretación o la ocultación de datos, a la vez que se hace apología de las actividades y empresas que causan daños presentando como “sostenible” lo que en realidad es un atentado contra la vida del entorno en el que actúan.

El caso de Cobre Las Cruces sirve para ilustrar la presencia de algunos de los rasgos estructurales históricamente consolidados en el extractivismo minero andaluz. Entre ellos, la subordinación del sistema político (central, autonómico y local), incluidos los sindicatos mayoritarios, a los intereses corporativos. Con dos hitos importantes en la gobalización. Uno, el caso Bolidén, la empresa causante en 1998 de una catástrofe evaluada en un estudio del CSIC como cien veces superior a la del Prestige de 2002. Un desastre anunciado que tuvo lugar con la complicidad, por acción u omisión, de todas las administraciones y del que fue protagonista la empresa que hasta entonces había recibido más subvenciones a fondo perdido en concepto de incentivos regionales por parte de la Junta de Andalucía.

El otro hito es el que tiene lugar en 2014 con el abrazo de la minería como “pilar estratégico” de un “nuevo modelo productivo” para Andalucía por parte de todas las fuerzas políticas, lideradas por el PSOE e Izquierda Unida, que entonces gobernaban en la Junta de Andalucía. Desde entonces, el subsuelo andaluz se ha puesto a disposición de la reactivación de un extractivismo minero que ahonda el papel de Andalucía como “zona de sacrificio”, como área de extracción y de vertidos. Un papel que marca de manera fundamental las condiciones en las que la vida se desenvuelve en Andalucía; su dependencia económica y su subalternidad política y cultural. 

Detrás de cada megaproyecto minero hay una larga historia de despojo, de destrucción de hábitats, de contaminación y agotamiento de agua, de envenenamiento de tierras y de impactos sobre la salud de las personas; de corrupción y prácticas ilegales y/o alegales; de opacidad y ocultación de información; de profundización de la subalternidad y la dependencia. 

En Andalucía, en sintonía con lo que el mundo necesita, urge la necesidad de abandonar esta economía para la dominación, centrada en la acumulación de capital, social y ecológicamente depredadora, para transitar hacia otra manera de entender lo económico que rompa con la lógica de la acumulación y tenga como propósito el cuidado de la vida. Una ruptura que acabe con la extralimitación ecológica de la que se alimenta el extractivismo reduciendo sustancialmente el uso y el deterioro de materiales y energía, promoviendo el uso de energías renovables y la conservación y el reciclaje de materiales, desactivando el consumismo. Una profunda transformación desde abajo; una transición que necesita que nos hagamos cargo colectivamente de promoverla y gestionarla en la medida en que avancen la conciencia y la capacidad de organizarnos. 

Manuel Delgado, Andalucía Viva; Isidoro Albarreal, área de Minería de Ecologistas en Acción; Félix Talego, Plataforma Alcalaboza Viva.