Qué dice -y qué no- el decreto ley de medidas de ahorro energético

Este artículo se ha publicado originalmente en CIVIO. Puedes leerlo aquí.

EVA BELMONTE | La noticia más importante del verano llegó en el BOE del dos de agosto: un decreto ley de 83 páginas que mezclaba medidas de ahorro energético, becas, bonos transporte, reformas y varios paquetes de ayudas. Las columnas de opinión críticas con la medida y las entrevistas a personas afectadas, muchas de ellas de la hostelería, no tardaron en llegar. En muchos casos basándose en puntos que no estaban incluidos en el decreto ley u obviando las excepciones al límite de temperatura, por ejemplo, o el hecho de que ya hubiera una normativa anterior. Vamos a ver qué es lo que dice el decreto ley exactamente.

La norma amplía las obligaciones que ya existían en cuanto a temperaturas máximas y mínimas que pueden alcanzar determinados locales gracias a calefacciones y aires acondicionados. El RITE (Reglamento de Instalaciones Técnicas en Edificios) ya marcaba desde hace años umbrales para unos tipos concretos de de edificios: administrativos (públicos), tiendas, supermercados, centros comerciales, teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones, establecimientos de espectáculos públicos, bares, restaurantes, cafeterías, estaciones y aeropuertos. Hasta la llegada del decreto ley, los locales con esos usos no podían bajar la temperatura gracias al aire acondicionado de 26 grados ni subirla, con la calefacción, de 21. Lo que hizo la norma fue subir un grado lo que se podía conseguir con aire acondicionado: de 26 a 27. Y bajar dos en el caso de la calefacción: de 21 a 19. La norma estará en vigor hasta noviembre de 2023.

Tanto en la normativa anterior como en el decreto ley se mantienen las mismas excepciones a estos límites, tal cual: lugares en los que se justifique por la actividad que se realiza o porque tenga una normativa específica; y, esta es muy importante, las reglas mínimas que marca el decreto, muy anterior, de seguridad y salud en el trabajo. De hecho, el nuevo decreto ley establece que esos mínimos establecidos “se adaptarán” a esa normativa laboral, que dice que en trabajos sedentarios la temperatura deberá estar entre 17 y 27 grados; y en trabajos ligeros, entre 14 y 25. Así, todos los lugares en los que haya personas trabajando de forma activa pueden bajar la temperatura de los 27 grados generales que marca el decreto ley para asegurar el bienestar de las personas trabajadoras. Eso sí, y solo en los casos en los que sea posible, las zonas con temperaturas más bajas deberán estar separadas del resto de las instalaciones.

Los locales deben informar en carteles o pantallas de forma visible de la temperatura en cada momento. Además, deben contar con sistemas de cierre para que las puertas que dan a la calle no estén abiertas de forma permanente. Esta última medida se tiene que aplicar antes del 30 de septiembre, según el texto, pese a que ya estaba en el RITE desde hace años, excepto para aquellos que usaran exclusivamente energías renovables.

Otra de las medidas de ahorro energético pasa por obligar a apagar los escaparates a las 22:00 horas, también el alumbrado exterior en edificios públicos desocupados. Eso sí, este decreto no afecta en absoluto al alumbrado de las calles.

Además, el decreto ley permite que los contratos de mejora de eficiencia energética en edificios públicos puedan adjudicarse como negociados sin publicidad por imperiosa urgencia.

400 euros extra para quienes tengan beca y más descuentos en los abonos de tren

La norma, además, aprueba 400 euros extra para quienes cursen estudios postobligatorios y alumnado con necesidades especiales específicas mayores de 16 años que tengan beca oficial. De forma automática, recibirán 100 euros al mes de septiembre a diciembre. Para quienes fueron becarios en el curso anterior ese pago será automático; quienes estén a la espera de recibir su primera beca empezarán a cobrarlo en cuanto se apruebe.

En paralelo, amplía los descuentos a los abonos de transporte. Gracias a este decreto ley, el descuento en Cercanías y Media distancia pasó del 50% al 100%. Esta medida se detalló unos días después en una resolución ministerial. Así, los nuevos abonos se pueden adquirir desde el 23 de agosto en las apps y webs de Renfe y sirven para viajar entre el 1 de septiembre y fin de año, aunque en algunos casos se alarga hasta enero de 2023. Para que el abono sea efectivo, en ese tiempo se deben realizar 16 viajes. En el caso de Cercanías, con viajes ilimitados gratis dentro de cada núcleo, independientemente de origen y destino, se pagará una fianza de 10 euros que se devolverá si la persona viaja al menos esas 16 veces. En Media distancia sí será necesario origen y destino fijo, y en este caso la fianza es de 20 euros. En Avant y algunos trenes de alta velocidad (los que cubren las rutas internas de Castilla y León, las conexiones con Madrid desde Palencia, Zamora y Burgos, León-Valladolid, Ourense-Zamora y Huesca-Zaragoza) el descuento no es total, sino del 50%.

Fin de las obligaciones covid en aeropuertos y ayudas al transporte

El decreto ley deroga todas las reglas covid de los aeropuertos, como la obligación de llevar mascarilla, tomar la temperatura o guardar distancia en las colas. Todas esas medidas quedan como recomendaciones. En paralelo, la norma se prepara para futuros episodios similares y establece que las compañías deberán cumplir, a partir de ahora, directrices obligatorias de emergencias en problemas de salud pública internacional, como ha pasado con el covid.

El decreto ley concede, además, ayudas a armadores y otros sectores, especialmente al transporte. Por un lado, 450 millones de euros para otra ronda de ayudas directas como la que se aprobó a finales de marzo. Trabajadores autónomos y empresas podrán recibir ayuda por camiones (1.250 por cada uno), furgonetas (500), autobuses (950), taxis y VTC (300) y ambulancias (500 euros). Se pueden pedir hasta el 30 de septiembre aquí.

Las entidades públicas de autobuses urbanos podrán recibir hasta 950 euros por autobús, Renfe Mercancías recibirá 500.000 euros y las otras empresas ferroviarias de mercancías 15.000 por locomotora con tracción diésel.