Córdoba: 770.000 folios de terror político

Más de 20.000 personas fueron víctimas de la represión franquista en Córdoba. El dato, por sí solo, provoca escalofríos. Lo acaba de certificar el catedrático Antonio Barragán en una colosal investigación que le ha costado más de doce años de abnegado trabajo. En todo ese tiempo, ha revisado uno por uno 10.980 expedientes militares diseminados por tres archivos castrenses de Córdoba, Sevilla y Guadalajara. Por sus manos han pasado 770.000 folios de literatura de terror político. Y el resultado es un voluminoso libro de casi 950 páginas bajo el título Enterado. Justicia militar de guerra en Córdoba 1936-1945.

No hay en Andalucía un análisis tan completo y detallado de los consejos de guerra activados por los golpistas a partir de febrero de 1937. Hasta entonces, los militares sublevados aplicaban de forma mecánica el bando de guerra. Detención, arresto y, en su caso, fusilamiento. Sin procedimiento judicial ni acusación formal de naturaleza alguna. Hasta 2.500 personas fueron ajusticiadas sin juicio en Córdoba. Pero a partir del séptimo mes del golpe franquista se puso en marcha una maquinaria de justicia militar expeditiva y sin garantías jurídicas. Las conclusiones de Barragán son estremecedoras. Entre los casi 11.000 expedientes revisados, 1.980 tuvieron como consecuencia la pena capital. Son los acusados de delitos extremadamente graves. ¿Qué delitos? Por ejemplo, haber sido alcalde. O concejal. O diputado. O sindicalista. Es decir: haber tenido algún cargo político en la República.

“Aunque no hayan intervenido personalmente, se les responsabiliza de los actos violentos sucedidos en su pueblo o ciudad”, explica el catedrático, ya jubilado, de la Universidad de Córdoba. Para formular la acusación no es necesario aportar pruebas solventes. Solo basta con la declaración oral de testigos o los atestados de la Guardia Civil. Además, se trata de procedimientos sumarísimos de urgencia. Se acortan los plazos y apenas hay tiempo para articular una defensa en condiciones. Muchas veces las sentencias se producían el mismo día de la vista.

Los expedientes están plagados de latiguillos vagos o imprecisos. “Se dice que”, “se ha comentado que”, “viendo sus antecedentes no es extraño que” encabezan imputaciones que comportan hasta la pena de muerte. “Es un proceso muy poco garantista”, asegura Barragán. De hecho, el código procesal que se les aplica es el de 1890. La reforma impulsada por la República para ampliar sus garantías legales fue eliminada por Franco precisamente para tener mano libre en la formidable marea represiva que se avecinaba. Los tribunales estaban compuestos por cinco miembros y presididos por un coronel o teniente coronel. Los vocales solían ser capitanes y el fiscal formaba parte del cuerpo jurídico militar. La defensa del reo la ejercía un oficial aunque de graduación más baja que los anteriores. “Hay que reconocer que el defensor intentaba hacer todo lo posible por aminorar el peso de la condena”, aduce el historiador.

Casi 800 penas fueron conmutadas por condenas de rango inferior. Tras la condena a muerte, se imponían castigos de treinta años de prisión, aunque también de veinte, de doce y de seis. Un grupo notable de procesados fueron los soldados rendidos tras la Guerra Civil, cuyos expedientes fueron sobreseídos. No quiere decir, sin embargo, que fueran automáticamente puestos en libertad. Muchos de ellos fueron derivados a los batallones de trabajos forzados, que llevaba aparejada una condena mínima de nueve meses. Para la conmutación de la pena, era imprescindible contar con el aval de una persona de reconocido prestigio entre las nuevas autoridades.

Por ser mujeres

El caso de las mujeres represaliadas es particularmente revelador. Y anuncia las nuevas coordenadas en que se va a sustentar el nuevo régimen de carácter ultraconservador. A las condenas en distinto grado de rebelión, se les suman imputaciones de tipo moral. A las mujeres republicanas se las reprende judicialmente por su “dudosa moralidad”, porque viven amancebadas, porque no cumplen con sus obligaciones religiosas de llevar a sus hijos a la iglesia, o porque, en términos generales, llevan una “vida licenciosa”.

Antonio Barragán ha examinado más de 750 expedientes militares de mujeres. El nuevo orden moral impone un rol femenino tradicional que las vuelve a enclaustrar en los estrictos márgenes de la vida doméstica. “Se les imputa no solo por consideraciones políticas, sino por el propio hecho de ser mujeres”, argumenta el catedrático de la UCO, “sobre todo cuando entran en contraste con el tipo femenino que homologa la dictadura”. En el nuevo marco mental, las mujeres están condenadas a la “atención al marido y los hijos, a la custodia de la vida hogareña y a la defensa de los valores familiares”. En muchos casos, las mujeres eran condenadas por el mero delito de ser esposa, hija o familiar de dirigentes republicanos.

Antes de febrero de 1937 no se constituyen tribunales militares, excepto para los uniformados leales al orden constitucional. La primera ejecución militar que se produce en Córdoba fue para el capitán de guardia de asalto Manuel Tarazona Anaya. Fue detenido el mismo 18 de julio porque se resistió a sumarse al golpe de Estado. Se le instruyó un consejo de guerra y el 8 de agosto, apenas veinte días después, fue ejecutado en el cuartel del Marrubial. Tarazona Anaya era de talante conservador, pero los sublevados querían enviar una señal clara sobre la determinación imparable de su alzamiento. En Córdoba capital no se produjeron combates. El golpe del 18 de julio triunfó desde el primer momento y no hubo resistencia alguna. Incluso así, la represión civil fue implacable.

“Es una paradoja que yo llame a mi libro justicia militar de guerra”, alega Barragán. “Es decir, que llame justicia a algo que no lo fue. Se acusa de rebelión a los defensores de la legalidad constitucional. Lo hicieron sin tapujos. Y yo intento explicar en el libro cómo se hizo ese proceso de inversión”. El historiador cordobés ha examinado todos los consejos militares hasta octubre de 1945. Esa es la fecha en que Franco decretó el indulto para todos los represaliados por delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939.

El decreto no afecta, sin embargo, a los detenidos en zona republicana. A partir de 1941, los condenados a penas menores de seis años de prisión son puestos en libertad. Los consejos de guerra se prolongan en la década de los cuarenta. En 1949, por ejemplo, un expediente militar procesa a 32 cordobeses por intentar recomponer al PCE.

Cárceles y campos

El centro principal de detención de Córdoba durante la Guerra Civil fue el Alcázar de los Reyes Cristianos, uno de los monumentos históricos más señeros de la ciudad, y sede de la Inquisición a partir del siglo XVI. La cárcel de Fátima, la única de Córdoba hasta el siglo XXI, no se terminaría de construir hasta 1941. En la provincia, se erigieron campos de prisioneros en Valsequillo, La Granjuela, Peñarroya, Montilla, Aguilar y otros tantos para dar cabida al ingente número de detenidos, que en Córdoba alcanzó la pavorosa cifra de 25.000 al término de la guerra. El hacinamiento en los centros de reclusión fue tremendo, lo que provocó una elevada mortandad en los primeros años de posguerra.

“Lo más conmovedor de mi trabajo ha sido constatar que detrás de cada expediente hay una vida”, lamenta Barragán. “No son números. Son personas, para quienes la guerra fue un cataclismo”. En su opinión, el análisis pormenorizado de la justicia militar revela la sistemática falta de respeto a los derechos humanos. “Se consideraba delito el ejercicio de derechos protegidos por la Constitución. A un ciudadano del siglo XXI todo esto hoy le resultaría increíble”. El profesor de la Universidad de Córdoba admite igualmente la existencia de una dura represión en zona republicana.

Pero realiza distingos: “Fue una represión profundamente asimétrica. La de Franco fue planificada y tiene continuidad en el tiempo. En zona republicana es producto de la descomposición de la administración, que se hundió desde el primer día. En cuanto se recompusieron las instituciones republicanas, la represión fue desapareciendo”.

Solamente en Cádiz y Almería se ha abordado el estudio de los consejos de guerra en Andalucía, y no de manera tan exhaustiva como lo ha hecho el profesor Barragán. No es el primer trabajo que el historiador cordobés acomete en relación con la República y la Guerra Civil. Toda su trayectoria investigadora la ha desarrollado en los márgenes del estudio de aquellos años decisivos de la historia de España y sus consecuencias en Córdoba. De hecho, fue el primero y el único docente durante décadas que radiografió este espinoso tema en la Universidad cordobesa.