Sociedad
La privatización del agua: la hipoteca que están pagando los municipios
El proceso de remunicipalización está siendo complicado por el nivel de blindaje que tienen las concesiones.
Los vientos remunicipalizadores soplaron fuerte tras la llegada al poder de los autodenominados “ayuntamientos del cambio” a partir de 2015. Sin embargo, pocos consiguieron el objetivo final, como ocurrió en el caso de Barcelona, con Ada Colau al frente. En 2019, el Tribunal Supremo tumbó la única posibilidad de gestionar el abastecimiento de manera pública, lo que permitió que Aigües de Barcelona (participada en un 70% por Agbar) fuese quien se quedara con la concesión hasta 2047.
“Se trata de un proceso muy complejo porque normalmente la privatización está blindada. Si quieres romper el contrato por las malas, el ayuntamiento se quedaría en la ruina debido a las indemnizaciones que tendría que pagar. Por eso hay que judicializar el proceso y demostrar que la empresa privada está incumpliendo el contrato de la concesión. Es jurídicamente muy complejo”, explica Ricardo Gamaza, periodista y director del documental Trileros del agua.
La privatización del suministro de agua se convirtió en la vía rápida de muchos ayuntamientos para obtener liquidez, hipotecando así el futuro de los vecinos y vecinas durante las décadas que dura la concesión. En la actualidad, según los datos recopilados por la Red Agua Pública (RAP) y la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS),
31 de las 51 capitales de provincia tienen una gestión privada del agua frente a 20 públicas. Una de ellas es Valladolid. Tras la llegada de Óscar Puente (PSOE) a la alcaldía de la capital vallisoletana en 2016 de la mano de la plataforma Valladolid toma la palabra (Izquierda Unida, Equo y otros), revertir la concesión privada del servicio, en esos momentos en manos de una empresa del grupo Agbar, se convirtió en una prioridad. Y, veinte años después de la privatización del servicio, la gestión del agua volvió a ser pública en 2017.
Las multinacionales del agua
De acuerdo con los cálculos del citado documental, el 55% del abastecimiento de agua en España se encuentra en manos privadas. Dentro de ello, el 87% está gestionada por dos únicas multinacionales: Agbar, filial de la francesa Suez, y Aqualia, propiedad de FCC y de un fondo de inversión australiano. Esta segunda se presenta como “la cuarta empresa de gestión del agua de Europa y la novena del mundo por población servida”. Según los últimos datos, presta servicio a cerca de 30 millones de personas de 17 países, si bien el 66% de su facturación procede de España. Agbar ha declinado responder a las preguntas de La Marea.
Luis Babiano, director-gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), a la que pertenecen la mayoría de organismos que prestan un servicio público de suministro de agua, se queja de que, en España, existe una “invisibilización” de las diferentes problemáticas que existen con el agua: “Solo se habla cuando hay un fenómeno de sequía. Entonces sí pasa a las agendas económicas, políticas y públicas”, asegura.
Según el directivo de AEOPAS, el cambio climático “solo puede traer más sequías y de manera más recurrentes y, ahí, la planificación es fundamental”. El problema, defiende Babiano, “es que las empresas privadas solo piensan en el lucro, en la cantidad de clientes, el consumo y el beneficio. Si no da dinero, no van a acometer inversiones que permitan minimizar los efectos del cambio climático y de la sequía”.
Cambio climático
Gonzalo Marín, portavoz de la Red Agua Pública (RAP), mantiene una posición similar: “Para situaciones como la que están por venir necesitamos modelos democráticos, de participación de la ciudadanía en las tomas de decisiones. Unas decisiones que deben ser transparentes, que tengan en cuenta aspectos sociales y medioambientales en el uso del agua. Pero la privada solo tiene en cuenta la maximización de sus beneficios”.
Una de las últimas operaciones de remunicipalización del servicio de abastecimiento de aguas se llevó a cabo en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el pasado 2021. Una sentencia del Tribunal Supremo confirmó que la venta de Aguas de Alcázar a Aqualia por parte del PP local en 2014 fue una operación “puramente ideológica y política”, marcada “por las prisas y por las malas formas”. Finalmente, en septiembre, la alcaldesa firmó la salida de la multinacional del capital social de la empresa pública.
La primera edil del consistorio, Rosa Melchor, califica de “bonito” el proceso de remunicipalización: “Partió de la ciudadanía y nunca estuvimos solos, y eso es muy importante”. La alcaldesa, sin embargo, subraya que la pugna se libró en los juzgados: “Lo que hicimos fue poner en manos de la justicia todos los errores de forma cometidos por la derecha cuando privatizaron el agua y eso fue lo que nos permitió ganar. En los resquicios legales está la clave”, explica.
Para Gonzalo Marín, portavoz de la Red Agua Pública, hay dos elementos esenciales a la hora de acometer un proceso de remunicipalización de la gestión del agua: “Es muy importante que el ayuntamiento tenga voluntad política de hacerlo, pero solo con eso no basta: hace falta un acompañamiento por parte de la ciudadanía, que apoye y que, si se logra, impulse un tipo de gestión democrática y participativa”.
La hipoteca la pagamos los Usuarios.
Habría que investigar la Sociedad formada por la Comunidad de Madrid (Sra. Esperanza Aguirre), el Canal de Isabel II y los Alcaldes de los Ayuntamientos asociados y que cobran Dividendos.
Javier (22/07/2022 a las 10:24), aventurada afirmación la suya, más aún cuando para argumentarla sólo enlaza una auditoría sobre municipios de la Comunidad Valenciana durante el periodo 2015-2017, documento en el que tampoco he podido encontrar nada que corrobore lo que escribe, eso de que «la mejor gestion (del agua) sigue siendo privada».Que ese sería su deseo, queda claro: pero la realidad no parece apoyarle.
AGUA PUBLICA Y REVITALIZACION DE LOS RIOS.
El río Limia, un verano más, sigue siendo víctima de la sobreexplotación de su caudal, por lo que exigimos medidas de protección de este entorno que ya afecta a las áreas de interés natural presentes en las zonas ZEC y ZPP de la ZEP.
Activistas de Ecologistas en Acción de Ourense en un recorrido de campo por la zona, observamos la tarde del sábado 2 de julio de 2022 dos puntos en el río donde había bombas de extracción funcionando (¿legal-ilegal?), sacando agua para usos agrícolas, motores que además de contaminar el aire con los humos que despedían, vertían combustible al río.
Nos llama poderosamente la atención que algo tan obvio ya la vista no se persiga y denuncie, nos están agotando los recursos y no pasa nada. La guerra silenciosa del agua: la codicia de las multinacionales crea graves problemas humanitarios. Lecherías, soja, granjas industriales y hasta los grandes bancos continúan con su cruenta labor y provocan severas sequías a pesar de las crecientes protestas populares. Una batalla que se pronostica muy reñida en Limia, papas, macrogranjas, cambio climático, jurros, vamos sumando razones.
También en los arenales de Sandiás, una finca dedicada a la extracción de áridos y sus pequeñas parcelas que sirven de hábitat a la flora y fauna de la zona, se podrían contabilizar hasta un total de siete bombas extractoras distribuidas por distintas localidades por la tarde. del sábado 02 de julio de 2022, agua corriente, de bombeo, con algún circuito de tubería soterrada, destinada a usos agrícolas en fincas cercanas, vimos como con esta agua regaban plantaciones de papa.
El río Limia, es un río sin cauce natural, presenta desecación, alteración de los ciclos hidrológicos, a lo que hay que sumar que en los últimos años ha aumentado la demanda de agua (poblaciones, cultivos y fincas industriales) que proliferan las actividades de extracción de agua (legal e ilegales?), afectando a los cauces al descender el nivel freático” y agravado por los numerosos incendios que se están produciendo.
Hay que hacer más labores de limpieza, llevar más caudal al río y agua limpia evitando bloqueos en infraestructura de paso, remoción de árboles caídos, desbroce selectivo, extracción de plantas exóticas invasoras. romper las laderas o limpiar algunas de las presas de maleza. etc…
Invitamos a todas las instituciones a reflexionar sobre la necesidad de un nuevo concepto: revitalizar los ríos, lo que implica devolver sus meandros, repoblar sus riberas y manantiales, retirar presas, eliminar especies exóticas de peces y repoblarlos con especies autóctonas. finalmente, restaurar la salud de los ríos, que es muy importante para la salud humana.
Todo esto está muy bien pero en informes realizados por entes publicos se demuestra que la mejor gestion sigue siendo privada:
https://www.sindicom.gva.es/auditoria-operativa-de-la-gestion-del-servicio-de-abastecimiento-y-saneamiento-del-agua-en-los-municipios-de-la-comunitat-valenciana-ejercicios-2015-2017
Aparte de los defectos de forma, otra vía de ataque para remunicipalizar los servicios es, la deuda odiosa.
Sería interesante diferenciar las ciudades (y las diferencias) que gestionan a través de una empresa pública y las que son por gestión directa con personal municipal como Zaragoza.