Opinión
¿Giro a la izquierda del gobierno de coalición?
"Asistimos otra vez a la tibieza e inconsistencia -una de cal y otra de arena- a las que este Gobierno nos tiene acostumbrados", escribe el economista Fernando Luengo
¿Cabe valorar las medidas anunciadas en el Congreso por Pedro Sánchez como un cambio de orientación en la política llevada a cabo por el gobierno de coalición? ¿Están a la altura de la situación de emergencia que estamos viviendo? ¿La hoja de ruta del Gobierno apunta decididamente hacia la izquierda? Me gustaría que la respuesta a estas preguntas fuera un sí rotundo, pero, en mi opinión, las medidas puestas sobre la mesa, siendo positivas, son claramente insuficientes.
En lo positivo, ha puesto sobre la mesa actuaciones -de las que hasta ahora sólo se hablaba de manera retórica, sin que se adoptara ninguna medida relevante al respecto- encaminadas a que en la lucha contra la inflación paguen más los que más tienen; se aborde, en definitiva, con un criterio de justicia social. En este sentido, los impuestos extraordinarios sobre los grandes bancos y empresas energéticas constituyen una buena noticia.
Hay que valorar asimismo de manera positiva que, frente al mantra de las derechas de que hay que bajar los impuestos (no sólo para atajar la inflación sino, en términos más generales, para salir de la crisis y para que la economía funcione bien), el gobierno proponga aumentar los que tiene que pagar el oligopolio energético y bancario. Detrás de los planteamientos defendidos desde las derechas de bajar con carácter general los impuestos hay una estrategia de debilitar, y si es posible, desmantelar las políticas redistributivas del Estado, privarle de recursos y legitimidad con la indisimulada pretensión de que los mercados entren a saco, como ya lo están haciendo, en el sector social público. En esa dinámica es imposible que las izquierdas amplíen su base social y electoral.
Pero esos impuestos, por los que se prevé recaudar unos 7.000 millones de euros, se aplicarán con carácter excepcional, por lo que se supone que, una vez superada esta excepcionalidad, si es que se consigue superar una situación que a día de hoy es cada vez más crítica, las aguas volverán a su cauce.
Y el cauce habitual por donde, desgraciadamente, transita nuestra economía -y el conjunto del mundo capitalista- pasa por el restablecimiento de los privilegios de las corporaciones, volver a la implacable lógica de los mercados. La misma lógica que está permitiendo que sus ejecutivos y principales directivos reciban retribuciones obscenas, que los grandes accionistas se embolsen cuantiosos dividendos, que las farmacéuticas estén haciendo, con dinero público, un formidable negocio con la pandemia, que, aprovechando el desorden y la escasez provocada por la guerra y la interrupción de las cadenas globales de suministro, las empresas que disponen de un considerable poder de mercado -¡ay, la gran mentira de la competencia perfecta!- hayan aprovechado para aumentar sus márgenes de beneficio, siendo responsables, en consecuencia, de la espiral inflacionista. ¿Volver a esta normalidad? Esa parece que es la voluntad manifestada por el presidente del Gobierno.
Asistimos otra vez a la tibieza e inconsistencia -una de cal y otra de arena- a las que este Gobierno nos tiene acostumbrados. ¿Giro a la izquierda? Esto es lo que se desprende de las declaraciones de los responsables de Unidas Podemos; no sólo proclaman que este viraje se ha producido, sino que ellos lo han propiciado; triple salto mortal dialéctico para justificar su presencia en el Gobierno, sin que, sin embargo, muestren la mínima disposición a realizar una valoración de las insuficiencias y contradicciones llevadas a cabo por el mismo. Me parece que celebrar que el Gobierno se ha situado, por fin, en un espacio claramente de izquierdas son palabras mayores, es ir demasiado lejos.
Es imposible pasar por alto que en la misma sesión que Pedro Sánchez ha anunciado que aumentará, de manera excepcional y limitada, los impuestos sobre las empresas que conforman el oligopolio bancario y energético, ha justificado otra vez la necesidad de aumentar el gasto militar; en el colmo de la indecencia, ha comparado la situación de Ucrania con el aislamiento y el boicot llevado a cabo por las “democracias occidentales” contra la República española en guerra contra el fascismo. Y de nuevo se ha felicitado por haber acogido la cumbre de la OTAN en Madrid, que nos alinea de manera rotunda con la política militarista de Estados Unidos y de esta organización. Las consecuencias de ese alineamiento son enormes y de gran calado. Nos priva de recursos que necesitamos para luchar contra la inflación y para enfrentar la emergencia social y climática; y también se lleva por delante la agenda estructural que supuestamente quería promover la Unión Europea.
Es evidente que con estos impuestos excepcionales aumentarán los recursos del Estado y, en consecuencia, contribuirán a fortalecer en alguna medida la capacidad redistributiva de las administraciones públicas. Pero, como he señalado antes, Pedro Sánchez ha dejado claro su carácter transitorio y excepcional. Este no es el mensaje correcto, no es el que se corresponde con la situación de emergencia que estamos viviendo, ni el que cabe esperar de un Gobierno de izquierdas. La reducción sustancial de la desigualdad, que ha alcanzado valores extremos y está cada vez más enquistada, la lucha contra el cambio climático, que está muy cerca de situarnos en un escenario irreversible, poner las bases de un modelo económico sostenido en unos nuevos patrones de producción, consumo, vivienda y transporte y la reducción de los niveles de deuda pública, que ha alcanzado cotas históricas, precisan, además de reducir el fraude tributario, del aumento de la progresividad fiscal; y esta reforma tiene que abordarse desde ahora mismo, sin paños calientes.
Por todo ello, de nada valen las etiquetas del tipo “giro a la izquierda”. Tampoco es de recibo la pulsión electoralista que está detrás de las últimas medidas lanzadas por Pedro Sánchez, en un intento de recuperarse del batacazo de las elecciones andaluces y de tomar posiciones en el horizonte, sobre todo, de las generales. Finalmente, lo único que cuenta es la determinación en la aplicación de políticas que hagan frente a la problemática que antes mencionaba. Esta es la verdadera medida del progresismo de este Gobierno y es precisamente aquí donde se aprecian sus mayores carencias.
…Hacer pagar impuestos a las grandes fortunas suena bien. Pero también el PSOE nos ha enseñado a esperar que las cosas sucedan porque una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Estamos hablando de un anuncio en el marco de un debate del estado de la nación. Veremos como se concreta. Ahora bien, los impuestos a las grandes fortunas deben de ser permanentes mientras existan esas grandes fortunas y esos grandes beneficios, y no temporales como planteaba el presidente del Gobierno. Y no solo las energéticas y la banca son sectores que tienen grandes beneficios, también todas las grandes empresas de este país. El Ibex 35 en el último año marcó 60.000 millones de beneficios, y ahí no solo hay energéticas y banca, hay sectores económicos que también deberían de tener impuestos a las grandes fortunas. Por tanto, primero hay que ver si realmente se concreta lo que se dice, pero esas medidas deberían de ser permanentes. Pero aquí no estamos hablando más que de aplicar el artículo 31 constitucional que habla de la progresividad fiscal.
Si Pedro Sánchez se anima a aplicar artículos sociales de la Constitución yo también le recordaría el 128, que habla de que la riqueza de un país tiene que estar al servicio del interés general y que se puede y se debe intervenir la economía cuando esté en peligro ese interés general….
https://arainfo.org/entrevista-alberto-cubero-pce-aragon/
¿Maquillaje o giro a la izquierda?
Pues éso, a la iglesia ni tocarla que tiene más poder que el propio gobierno.
El Plan de Ahorro del Gobierno salva del ‘apagón energético’ las catedrales y las luces de Navidad.
El decreto del Consejo de Ministros deja fuera de las restricciones a los monumentos
Sin embargo, algunas autoridades sí están planteando el ‘apagado’ de la iluminación exterior, con el consenso de las diócesis y teniendo en cuenta a las empresas que la financian
El apagado de luces a partir de las 22 horas será efectivo en escaparates y edificios públicos que no estén en uso, con un régimen sancionador que podría ir desde los 60.000 euros a los 100 millones de euros en caso de máxima gravedad
Esta norma no influirá en los alumbrados navideños, tal y como ha aclarado la ministra de Transición Ecológica durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Quedan exentos también los alumbrados ornamentales de monumentos, siempre que no sean edificios desocupados por la noche.
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Cuando algún iluso quiere poner en su lugar a la iglesia, la manipulación que ha ejercido en las masas durante siglos lo impide:
Vecinos de Cieza apoyan el acuerdo histórico que libera a las monjas clarisas del pago del agua.
Decenas de ciezanos mostraron su indignación en el Pleno del lunes por la decisión del Ayuntamiento de cobrar el agua a las hermanas del Monasterio de las monjas clarisas. En el Pleno municipal se debatió una moción del PP que instaba al equipo de gobierno a restaurar un acuerdo histórico de 1757, en el que se concedía a este convento una balsa de riego semanal con agua procedente de la acequia. El acuerdo, según la moción del PP, «se rubricó hasta en dos ocasiones más: en 1929 y 1958, ya con agua de la red de abastecimiento». Según el portavoz popular, Manolo Egea, «el Ayuntamiento de Cieza ha incumplido este acuerdo desde que, en el año 2017, comenzó a cobrar el agua a las monjas, por lo que podríamos estar ante un delito de prevaricación».
El edil de Servicios, Antonio Moya, insistió en que «es necesario recabar más información para saber si existe algún derecho sobre esta concesión». Por ello, presentó una moción de sustitución que fue votada en contra por el PP y Vox. Los ediles no adscritos, Juan Piñera y Laura Villa, y Ciudadanos se abstuvieron aduciendo que es preciso obtener más información.
Y a la iglesia ni tocarla que tiene más poder que el propio gobierno.
La Iglesia fue parte del aparato represor, valiéndose del fabuloso archivo que constituía el confesionario. La justicia militar de posguerra se sirvió de curas junto a falangistas, guardias civiles y alcaldes. Julián Casanova, en La Iglesia de Franco (Crítica, 2001), narra cómo la Iglesia se apresuró a apoyar a los sublevados, ofreciendo su bendición a la política de exterminio. Como escribe Casanova, la jerarquía participó desde 1943 en la “farsa” de las Cortes franquistas y se hizo presente en las más altas instituciones del Estado. Franco, añade el historiador, “murió bendecido por la Iglesia, sacralizado, rodeado de una aureola heroico-mesiánica que le equiparaba a los santos más grandes de la historia”. A lo largo de su mandato, Franco apartó –¿traicionó?– a aliados como monárquicos y falangistas, pero jamás a la Iglesia, incrustando a la Asociación Católica de Propagandistas y al Opus Dei en sus consejos de ministros.
“Tuvo un papel con muchas facetas: en el golpe, en el control social, en la represión… Un informe del párroco podía servir para que una persona terminara asesinada”, señala el historiador Gutierrez Molina.
“La Iglesia fue un pilar de la dictadura y tuvo un papel eminentísimo en la justificación del golpe y en la legitimación del régimen. Incluso cuando el Concilio Vaticano II abre una brecha entre la Santa Sede y el régimen, la Iglesia católica española sigue siendo franquista”, explica el historiador Ángel Viñas.
“En realidad la Iglesia no es una institución del Estado español, sino de un Estado extranjero, el Vaticano”, señala Viñas, que sí cree que abriría una “brecha importante” forzar la salida de los monjes del Valle de los Caídos. “Eso, si la ley llega a ponerse en marcha, claro. El PP ya ha dicho que la derogaría“.
Paqui Maqueda, colaboradora de la Asociación Nuestra Memoria de Sevilla, afirma que el movimiento memorialista ha encontrado de la Iglesia una actitud “nada compasiva”, que no se ha corregido a raíz de la ley de 2007, ni tampoco de la norma andaluza de 2017. La situación, afirma, es agravada por las declaraciones escépticas o críticas sobre la “memoria histórica”, que condicionan la posición de los fieles, añade. La visión de Maqueda entronca con la que desde el ámbito académico aportan Paloma Aguilar y Leigh A. Payne, que en el ensayo El resurgir del pasado en España. Fosas de víctimas y confesiones de verdugos(Taurus, 2018) señalan que mientras la jerarquía “ha logrado que se reconozca a sus víctimas”, “se ha negado en repetidas ocasiones a apoyar los esfuerzos que las víctimas republicanas”…
https://www.infolibre.es/politica/iglesia-esquiva-segunda-vez-ley-memoria_1_1284925.html