El ‘lujo’ de comprar una sandía o el butano frente a los ingresos multimillonarios de las energéticas

Maribel llega contrariada porque no ha escuchado el camión del butano, pero muestra una actitud dicharachera y risueña. “Aquí vengo con 50 euros. ¿A cuánto está ya?”, pregunta en la mesa del bar La despensa de Triana, donde sus vecinas Concha, Araceli e Isabel toman un refrigerio mañanero. “Casi 20 euros cuesta, una barbaridad”, responde Concha, que junto con Maribel son las dos del grupo que usan butano en sus casas. “Solo para el termo, porque lo demás lo tenemos todo eléctrico”, explican al unísono. Aun así, al mes consumen una bombona y media. 

La última subida del precio de la bombona de butano tradicional ha supuesto casi un euro del tirón: de 18,63 a 19,55. Es una cifra histórica, la más alta desde 2015, señala Civio, que comenzó a recopilar aquel año los vaivenes publicados en el BOE. Se dice que la luz, pero es que está todo por las nubes, resumen las cuatro mujeres, acompañadas de sus andadores y sus mascarillas, incluso en exteriores. 

“Yo dejé de usar la bombona porque quería un poquito de comodidad”, prosigue Isabel, la más joven de las cuatro, todas nacidas en los años 40 del siglo pasado, en los «años del hambre”, como definen aquella época. “Yo también, porque se me acababa y tenía que salir corriendo, que me podía resbalar”, añade Araceli, que cuenta con una sonrisa historias duras del pasado, al que no le gustaría volver, y que suenan a las palabras que ahora volvemos a escuchar, como el racionamiento. “¿Sabéis ese hombre que le daba una gotita de aceite a su hijo, y luego a otro y luego a otro. Y cuando llega al cuarto le dice el hijo: espera, papá, que voy a cantar una saeta”. Y todas se ríen a carcajadas, con la mirada, por arriba, de quienes saben lo que es pasar necesidades. 

La conversación de estas cuatro mujeres gira en torno a la subida de los precios, al cambio de vida y a la desesperanza que viven en sus casas ellas pero también sus propios hijos e hijas, las nuevas generaciones, a las que un título conseguido, en muchos casos con becas, en la universidad pública, no es ya un pasaporte a una vida digna. 

Con un 10,2%, la inflación del mes que acaba de concluir, junio, es la mayor en 37 años. Y, según cálculos de Oxfam Intermón, los altos niveles de IPC reducen el poder adquisitivo de los hogares más pobres un 30% más que el de los hogares más ricos. Además, las ganancias de algunos sectores –financiero, farmacéutico, energético y alimentario– se disparan. Según la organización, los ingresos de las cuatro mayores empresas energéticas de España crecieron un 34% entre 2020 y 2021. 

“Es más, sus beneficios en 2021 fueron el doble de la media observada durante los cinco años anteriores. Solo las centrales hidroeléctricas y nucleares habrían generado entre marzo de 2021 y marzo de 2022 más de 6.500 millones de euros de beneficios extraordinarios”, denuncia la ONG en un informe titulado La desigualdad no se va de vacaciones.

El estudio indica que en los hogares con menor poder adquisitivo es hoy un 14% más caro mantener el mismo patrón de consumo que antes de la pandemia. Para los hogares más pudientes, añade Oxfam, el precio de la cesta de la compra ha aumentado un 11%. Respecto al incremento del precio de la energía y su impacto en las casas con menos ingresos, la organización calcula que, tan solo en el primer trimestre de 2022, el 35% de los ingresos de esos hogares ha sido destinado al pago de la energía. Pero también afecta a muchos hogares vulnerables, donde casi un 4%, es decir, 75.019 familias, han destinado más del 50% de sus ingresos para hacer frente a esa partida.

“Estos datos, por desgracia, confirman que la inflación sí entiende de clases, y castiga a unos más que a otros ya que la vida es más cara para aquellas personas que menos recursos tienen”, afirma el coordinador de Recuperación Justa en España, Ernesto García. En resumen, el aumento de precios está afectando especialmente a los hogares con menor capacidad de renta, lo que agudiza, a su vez, la desigualdad.

En una tienda-cafetería próxima a donde Maribel y sus amigas departen, es frecuente escuchar conversaciones similares: los precios son incompatibles con los salarios. “Es que antes las sandías estaban tiradas. Los melones siempre han sido un poquito más caros, pero bueno, se podían comprar también. Pero es que ahora es imposible comprar una sandía”, explicaba una mujer mayor al dependiente días después de las elecciones andaluzas. “Y esto no hay quien lo solucione, no se puede hacer nada”, concluía para ella misma. “Se puede votar cada cuatro años”, respondió otra mujer que se disponía a comprar el pan.

Oxfam Intermón, que considera insuficientes los planes de choque aprobados por el Gobierno, propone un paquete de 12 medidas para actuar con urgencia sobre las causas de la desigualdad estructural a través de los impuestos sobre los beneficios extraordinarios, el refuerzo del Ingreso Mínimo Vital y el apoyo a personas autónomas, pymes y empresas con el incentivo de la transición energética, entre otras. 

“En el medio plazo, es vital acometer políticas de protección social, así como medidas enfocadas al mercado de trabajo y al apoyo al tejido productivo, al cuidado y a la crianza; también es necesario explorar la política de rentas, garantizar políticas de protección y apoyo a las personas refugiadas y en movimiento, entre otras. Además de diseñar un sistema tributario responsable y solidario para que aporten más quienes más tienen”, incide Oxfam.

Y otra posible medida, que vuelve al escenario estos días, es la que ha anunciado Francia: la nacionalización de algunas empresas energéticas.