El Hospital de Sant Pau, símbolo de los recortes

BARCELONA// Cuando, en julio de 2009, las autoridades inauguraron oficialmente el nuevo edificio del Hospital Sant Pau, que sustituía en la tarea asistencial a los viejos pabellones modernistas de Lluís Domènech i Montaner, poco podía imaginar el equipo de cinco arquitectos dirigido por Sílvia Barberà, encargados de proyectar el equipamiento, que el amplio vestíbulo que sirve para distribuir y comunicar las diversas unidades y secciones adquiriría, pocos años después, una insospechada pátina decorativa no prevista en el proyecto arquitectónico.

De unos meses a esta parte, las cristaleras de la entrada y las que sirven para delimitar los amplios patios de luces que iluminan el hall del nuevo hospital han presenciado el apoyo de pancartas con toda clase de consignas con reivindicaciones laborales del personal y en defensa del modelo de sanidad pública de calidad. De una de las escalinatas colgaba una gran sábana con el logotipo de las tijeras con la señal de prohibido, símbolo ya desgraciadamente clásico de la lucha contra los recortes. Afuera, en la calle, ondea una bandera con el mismo contenido gráfico. En un vidrio, los inocentes dibujos coloreados por los niños que se visitan cada día en pediatría, comparten vecindad sin conflicto aparente con una gran pancarta que clama: “Boi Ruiz dimisión”.

Las consignas se multiplican desbordando los mostradores de anuncios oficiales: “Sanidad x todo el mundo”, “La salud no es un negocio”… En los indicadores de espacio libre de humo, unas pegatinas, añaden, debajo: «Y de chorizos”, papeles fotocopiados con manifiestos, hashtags y cuentas de Twitter de tono activista, pancartas de apoyo de asambleas vecinales y de otros hospitales, recordatorios de la lucha de los afectados por la hipoteca, de apoyo a Ester Quintana y la campaña Stop balas de goma…; una macedonia iconográfica que confiere al vestíbulo del Sant Pau el aspecto definitivo de una indignada bajo cubierto.

Son los restos del cierre que unas cuantas docenas de trabajadores del centro protagonizaron entre el 29 de noviembre y el 3 de enero pasado. Plantados con sus tiendas iglú, los acampados pasaron la Navidad en las instalaciones, en lo que empezó siendo una protesta por la supresión de la paga extra de Nadal determinada por el Departamento de Economía para todos los trabajadores públicos: “Estamos en contra de los recortes a los funcionarios, pero es que, encima, nosotros, no somos funcionarios, puesto que tenemos un contrato privado con una fundación privada”, apunta la pediatra Àngels Sabaté, una de las portavoces de las protestas de los trabajadores del Sant Pau.

Una ágora indignada
Con el paso de los días, la acampada del Sant se convirtió en todo un símbolo de la lucha de los trabajadores y de los usuarios de la sanidad pública contra las políticas de recortes del gobierno de Artur Mas, con toda clase de charlas, asambleas, la visita de emblemas indignados como la monja Teresa Forcades, y con el apoyo de otros centros de referencia –como el Clínico, de Barcelona, o el Parque Taulí, de Sabadell– que siguieron el ejemplo. De todo, ha salido una plataforma más amplia, la Coordinadora Laboral de Centros Sanitarios de Catalunya y un manifiesto que critica unos recortes “íntimamente atados al propósito privatizador del gobierno actual, con fuertes intereses por mercantilizar la sanidad y los servicios públicos”. El manifiesto –que ha recibido 50.000 firmas de apoyo, recogidas, entre otros lugares, al vestíbulo de Sant Pau y que el pasado 13 de marzo fueron depositadas al registro del Parlament– también expresa el compromiso de los comités de empresa de no pactar con las direcciones ninguna medida “que implique pérdida de calidad del servicio”.

“Nosotros no seremos cómplices de esto, no nos resignaremos a proporcionar más beneficios económicos a las empresas a expensas de la salud de los otros», apunta Eduard Lucas, miembro del comité de empresa de Sant Pau. “Este hospital es un buen ejemplo de que una gestión privada no tiene porque ser más eficiente que una pública, porque, pese a ser un centro privado concertado, ha tenido que ser rescatado tres veces por la Generalitat», apostilla.

El hospital de Sant Pau, en efecto, en contra de lo que mucha gente piensa, no es público, sino que está regido por una fundación privada, el origen de la cual se remonta al siglo XIV, momento de la fundación del antiguo Hospital de la Santa Cruz y de la cual hoy forman parte Ayuntamiento, Arzobisopado de Barcelona y la Generalitat, que entró en 1990. “Es el hospital más rico de Cataluña, tiene más de 1.200 inmuebles en propiedad, tasados en 300 millones, pero hace años se decidió separar la gestión patrimonial y la sanitaria en fundaciones diferentes, de forma que hoy la actividad asistencial no se beneficia de todos estos activos», señala Sabaté.

Siguiendo esta estructura, todos los donativos y herencias que recibe la Fundación Privada de la Santa Cruz y Sant van a engordar la nómina patrimonial, pero no la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Cruz y de Sant Pau, que se financia tan sólo con el contrato programa que tiene con el CatSalut por la prestación de servicios. Este programa ha sufrido los dos últimos años el escarnio de los recortes, que se ha traducido, según los representantes laborales, en 82 camas hospitalarias menos, varios quirófanos cerrados durante las tardes, déficit en el suministro farmacéutico, más listas de espera, menos ingresos y menos horas trabajadas por un personal con el salario descabezado.

Gestión irresponsable
Además, los trabajadores de Sant Pau deben pagar también la herencia de una gestión irresponsable. “Si no se hubieran destinado dinero para pagar cargos en nómina sin trabajar y no se hubieran derrochado recursos públicos, quizás no habría habido tanto déficit”, apunta Sabaté, haciendo referencia a las actuaciones del Juzgado de Primera Instancia número 22 de Barcelona, que ha imputado seis exaltos cargos del hospital por malversación de fondo al haber asignado, presuntamente, sueldos ficticios a varios gestores de l’entidad, como el exgerente Ricard Gutierrez Martí, que habría cobrado 140.000 euros anuales durante siete años por no hacer ninguna tarea.

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