Los propietarios de los grandes inmuebles alquilados por la Comunidad de Madrid

En menos de 100 metros en línea recta, la inmobiliaria Merlin obtiene más de 9 millones de euros en concepto de alquiler por parte de la Comunidad de Madrid (CAM). Es propietaria de varios locales y oficinas situados en la calle de Princesa, 5 y en Ventura Rodríguez, 7. En el primero se ubican las dependencias de diversas consejerías, la dirección general de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), además de varios juzgados y un centenar de plazas de garaje. Por todo ello, la CAM paga casi 8 millones de euros. El segundo acoge el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras sedes, y cuesta al erario público madrileño 1,1 millones de euros.

Estos son solo dos de los 31 edificios que cuestan a la Comunidad de Madrid más de un millón de euros cada año y que lamarea.com ha mapeado y fotografiado mediante la base de datos del Inventario general de bienes inmuebles de la región. Una tercera finca es también propiedad de Merlin. En sus aledaños todavía se pueden encontrar placas colocadas por la Policía Municipal que prohíben el estacionamiento en un lateral como consecuencia de un “acto oficial”. Un enorme edificio simétrico y cubierto casi en su totalidad por grandes cristaleras con efecto espejo en las que se reflejan las cuatro torres de Madrid. Un cartel en la entrada de Paseo de la Castellana, 280 indica que ahí se ubica la Consejería de Sanidad de la CAM y el Servicio Madrileño de Salud. Según el contrato de arrendamiento, estas oficinas cuestan a la Administración regional 3,4 millones de euros cada año.

En sus cuentas consolidadas del último ejercicio, la Comunidad de Madrid figura como su quinto mejor cliente, solo superado por empresas del IBEX 35: BBVA, Endesa, Inditex y Técnicas Reunidas. A la Administración madrileña, la socimi le otorga un porcentaje total de rentas del 2,1% anual.

Merlin Properties es una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria, más conocida por su acrónimo: Socimi. Como explica el investigador Manuel Gabarre, las socimis están sometidas a una normativa especial que se puso en marcha entre 2009 y 2012: “El objetivo de esta ley de los gobiernos de Zapatero y de Rajoy era conceder beneficios fiscales a las sociedades inmobiliarias”. Desde entonces, “ninguna parte sustancial de la ley ha sido modificada” a pesar de que los privilegios “son exasperantes”. Así, las socimis están “prácticamente exentas” del impuesto de transmisiones patrimoniales y no tienen que pagar el impuesto de sociedades.

Un nombre destaca entre el resto en su consejo de administración. Se trata de Pilar Cavero Mestre, quien ha pasado por empresas como Testa o Abengoa. Su hermana Lourdes, con quien comparte apellidos, está casada con el expresidente madrileño Ignacio González, que ocupó el sillón de mando de la comunidad entre 2012 y 2015. El matrimonio González-Cavero ha sido recientemente exonerado de un delito de blanqueo de capitales por parte de la Audiencia Nacional.

Pilar Cavero, además, es pareja de José Luis Aguirre, hermano de la expresidenta Esperanza Aguirre, según publicó El Español en 2017. Ambos son socios en la empresa Heartelius SL, dedicada a la exportación e importación de obras de arte.

Colonial: la otra ‘socimi’

Una segunda socimi es propietaria de otros tres edificios alquilados por la Comunidad de Madrid por un precio que supera el millón de euros al año. Se trata de la inmobiliaria Colonial, especializada en el mercado de oficinas en el centro de las ciudades y cotizada en el IBEX 35. A esta empresa, los madrileños y madrileñas pagan anualmente casi 6,5 millones, según lo publicado en el Inventario general de bienes inmuebles de la CAM.

De los tres, el edificio más emblemático es el situado en los número 30-32 de la calle de Alcalá, muy cerca del Banco de España. En su fachada, prácticamente simétrica, se cuentan 60 balcones –cuatro de ellos con cerramientos– en cinco filas, seis ventanas bajas, cuatro puertas y una entrada de garaje. Este inmueble, con un coste al año de 3,2 millones de euros, es la sede de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía.

Un segundo local propiedad de Colonial sirve para acoger las dependencias de otras consejerías en un inmueble en Poeta Joan Maragall, 53, y que cuesta 1,7 millones de euros cada año desde 2017. En ese mismo edificio se ubica también una de las sedes de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Completa la tríada de inmuebles de Colonial el situado en la Plaza del Descubridor Diego Ordás, que sirve como oficina de gestión del Consorcio de Transportes de Madrid. Por este local, la CAM paga 1,5 millones al año.

Un edificio vendido y alquilado al comprador

El lugar más conocido de la Carrera de San Jerónimo es el Congreso de los Diputados. Los dos leones de Ponciano Ponzano y sus seis columnas de estilo corintio son, sin duda, las estrellas de la calle. A escasos 200 metros en dirección a la Puerta del Sol tienen sus oficinas dos consejerías autonómicas: la de Administración Local y Digitalización y la de Presidencia, Justicia e Interior. Es un edificio con una fachada totalmente acristalada y oscurecida propiedad de MDR Inversiones Inmobiliarias por el que la Comunidad de Madrid paga 1,1 millones de euros cada año.

Sin embargo, este inmueble no siempre ha sido propiedad privada. El 27 de diciembre de 2001, la empresa pública ARPROMA Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid adquirió el edificio a su entonces dueño, el BBVA, según figura en la escritura de compraventa. El ARPROMA pagó a la entidad bancaria casi 13,3 millones de euros. Trece años después lo vendió a MDR Inversiones por 14,1 millones. Según los cálculos de La Vanguardia, las rentas de alquiler abonadas por el Gobierno madrileño a MDR ascenderán a 9 millones de euros cuando finalice el actual contrato, en septiembre de 2023.

El ARPROMA, según la documentación remitida por la dirección general de Patrimonio de Madrid a lamarea.com, es en la actualidad propietaria de cuatro grandes inmuebles por los que la CAM paga más de un millón de euros. En total, la empresa pública recibe del Gobierno regional 8,4 millones de euros al año por estos cuatro edificios.