Colombia, ante la jornada electoral que podría suponer un ‘cambio de régimen’

BOGOTÁ (Colombia) // “Necesitamos que las misiones internacionales de observación nos acompañen porque hay fuerzas que no quieren el cambio. A dos meses de que se acabe su mandato, el Gobierno está tramitando una ley que permita al actual Ejecutivo no entregar los secretos de Estado al que llegue después”, expone con contundencia Gustavo García, director electoral de la campaña de Gustavo Petro. Le escuchan representantes políticos de España, Francia, Estados Unidos, México, Ecuador y otros países de América Latina.

Entre ellos, miembros de Unidas Podemos como la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop o el diputado Gerardo Pisarello. El equipo responsable de lo que en la campaña de Pacto Histórico llaman vigilancia electoral les ha citado en un céntrico hotel de Bogotá para exponerles, a menos de 24 horas de que se abran las urnas, las razones por las que, como llevan repitiendo semanas, no descartan un fraude electoral.

Por primera vez, las encuestas dan por ganadora una candidatura de izquierdas en Colombia, el único país de América Latina que en sus dos siglos de historia no ha tenido un gobierno progresista, como prefiere definirse su líder, Gustavo Petro. Miembro durante su juventud de la guerrilla M-19, torturado por el Ejército colombiano, estuvo preso, se acogió a un proceso de desmovilización, se convirtió en uno de los congresistas más activos en la denuncia de la llamada «parapolítica» –la alianza entre senadores uribistas y paramilitares–, ganó la alcaldía de Bogotá y ha perdido dos elecciones presidenciales. 

Sin embargo, parece que su sueño de juventud de dirigir el país está más cerca que nunca. Y además de la coalición de partidos de izquierdas y moderados que incluye su candidatura, el impulso definitivo en las encuestas se lo ha dado su candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez. Esta abogada feminista afro, reconocida por la Fundación Goldman por su lucha contra la minería industrial, recuerda en sus intervenciones públicas que creció en un país en el que se asumía que la política no era para personas como ella.

Tras tener que abandonar su pueblo por las amenazas recibidas y asentarse en Cali como desplazada con sus dos hijas, Márquez trabajó como empleada doméstica para salir adelante. Su historia incluye rasgos de las mayorías de un país que siempre ha sido gobernado por una élite blanca de tradición oligarca. Colombia es el segundo país latinoamericano más desigual, solo por detrás de Brasil. 

Polarización endémica

Por todo ello, estas elecciones presidenciales son percibidas por muchos como más que la posibilidad de un cambio de Gobierno. Tanto los sectores más entusiastas como aquellos a los que les aterra la llegada de un partido de izquierdas a la Casa de Nariño lo perciben como un proceso más cercano a un cambio de régimen. Es el resultado de la polarización endémica de una Estado consumido por una guerra desde hace más de seis décadas. Petro y Márquez sostienen que las amenazas recibidas contra sus vidas se han multiplicado y agravado en las dos últimas semanas, lo que ha desembocado en una de las estampas electorales más singulares vividas en las últimas décadas. Los candidatos han dado sus mítines acompañados  por guardaespaldas con escudos blindados.

En medio de este creciente alarmismo –que también es interpretado como paranoia o sobreactuación entre contrarios, pero también entre parte de sus seguidores–, sus equipos de campaña, en conversaciones con La Marea, no descartan que la ultraderecha que sigue leal al expresidente Álvaro Uribe Vélez, parte del Ejército o los diversos grupos narcoparamilitares y mafiosos que operan y controlan parte del país intenten impedir su victoria mediante acciones violentas.

“Tenemos el precedente de lo que ocurrió con el preconteo de las elecciones al Congreso de marzo, cuando más de 700.000 votos de Pacto Histórico no fueron registrados. Es imposible explicar ese número tan alto por un error humano. Tenemos la certeza de que fue fraude”, explica ante las delegaciones internacionales María Angélica Prada, jefa jurídica del equipo de Francia Márquez e integrante del equipo de coordinación nacional de la vigilancia electoral. Desde la Procuraduría, el órgano encargado de supervisar los comicios, sostienen que fue consecuencia de un mal diseño de los formularios en los que se registraban los votos de cada partido los jurados de cada mesa, elegidos mediante un sistema informático.

La misión de observación de la Unión Europea alertó entonces de que “la discrepancia entre los resultados del preconteo para el Senado y los que arroja esta primera etapa del escrutinio, ha sido inusualmente grande. Sobre todo para algunos partidos y coaliciones”. Finalmente, la procuraduría le devolvió 480.000 votos al partido de Petro, convirtiéndose en la primera fuerza de la Cámara. Pero la desconfianza en el sistema de electoral ya estaba extendida, también entre votantes de otros partidos. 

Indra ha diseñado uno de los softwares contratados por el Gobierno

Otra de las sospechas que ha azuzado la campaña de Pacto Histórico en las últimas semanas ha estado dirigida a los softwares contratados por el Gobierno para registrar y contabilizar los votos, uno de los cuales está diseñado por la empresa española Indra. “Durante las elecciones de marzo comprobamos cómo los jueces registraban en el software los votos registrados y cuando nos decargábamos los documentos que tenían que consolidarlos aparecían 0 votos de Pacto Histórico”, sigue alertando María Angélica Prada. “Por eso es muy grave que no se haya admitido una auditoría internacional. Ayer, se logró que nos mostraran su código fuente, pero lo hicieron en una audiencia privada en la que la ONG Carisma, experta en estos temas, se retiró porque no había garantías para hacer un verdadero control”. 

Pacto Histórica se remonta a las elecciones de 2018 para ahondar en la posibilidad de un fraude electoral. En aquella ocasión, Gustavo García denuncia que en más de 20.000 mesas electorales aparecieron cantidades desorbitadas de votos y superiores a las registradas en el censo electoral, lo que le garantizó el margen necesario para la victoria de Iván Duque. “En Colombia vota una media del 60% del censo y en esas mesas se superaba el 90%. La mayoría eran votantes de más de 60 años que habían hecho todo el proceso en menos de 3 segundos”, añade Mauricio Rodríguez Amaya, abogado y coordinador nacional de los testigos electorales y jurados de votación de Pacto Histórico. A estas denuncias de presuntas irregularidades, añaden los obstáculos que algunos consulados estarían poniendo para quienes quieren participar en el sufragio desde el extranjero o  que el segundo país con mayor número de colombianos, Venezuela, no tenga embajada donde puedan hacerlo por la ruptura de relaciones diplomáticas.  

Además, como explica Leonardo González, coordinador del respetado Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), el predominio de los grupos paramilitares en diversas zonas del país va a desalentar a su población de acudir a las urnas. “Hoy hay confinadas varias comunidades por estos actores armados. Y muchas de las personas que han sido desplazadas tampoco van a poder hacerlo porque se encuentran lejos de donde están registradas. En Colombia se está infringiendo el derecho al voto”, expone ante los representantes internacionales que preguntan qué pueden hacer si identifican alguna irregularidad. 

Vigilancia electoral

Por todo ello, el equipo de Pacto Histórico intenta no dejar ningún resquicio a un presunto fraude electoral. “Con la campaña de 2018 nos dimos cuenta de que era tan importante conseguir lo votos como cuidarlos. Y por eso esta vez hemos diseñado todo este sistema de vigilancia electoral”, explica Mauricio Rodrígez en una céntrica oficina de Bogotá. 

Allí, bajo la batuta de la consultora Ingenial Media, medio centenar de jóvenes trabajan con ingenieros, informáticos y abogados para tenerlo todo a punto para esta jornada electoral. Pacto Histórico ha registrado más de 65.000 voluntarios que supervisarán el registro del primer recuento de los votos. Una cifra similar a la de su principal rival por el momento, el conservador Fico Gutiérrez.

En el caso de los dispuestos por todo el país por Pacto Histórico, habrá un millar de ellos que enviarán fotos de los formularios donde se registran ese primer conteo a esta central donde serán digitalizados. El objetivo de este dispositivo es comprobar que su contabilidad coincide con la que la Registraduría comunicará poco después del cierre de los colegios, así como desalentar, según sus propias palabras, la posible intención de cometer fraude.  “Hemos diseñado un programa que ni la CIA”, bromea Gustavo García, mientras uno de los responsables de su diseño sostiene que el margen de error no supera el 1%. El sistema electoral colombiano establece que tras este primer recuento, hay un segundo más pausado que es el que tiene validez finalmente.

“Hay tres posibles escenarios electorales”, explica Mauricio Rodríguez Amaya. “Que Petro gane con un 55% de los votos y no haga falta una segunda vuelta. Que gane con un 44% y sí vayamos a la segunda vuelta. Y que Petro saque entre un 49 y un 52%. Entonces, a sabiendas de que ya difícilmente podrían ganar en una segunda vuelta, es posible que el Ejército y otros sectores nos acusen de fraude y generen el caos para que se suspendan las elecciones y se establezca un régimen autoritario. Lo vimos en Bolivia y en Honduras. Tienen a la OEA (Organización de los Estados Americanos) de su lado”, continúa. “Y ahí es cuando vamos a necesitar que la comunidad internacional haga respetar los resultados electorales y la democracia”, concluye.  

Mientras las delegaciones internacionales reciben instrucciones sobre cómo desempeñar su función de observadores, María Angélica Prada se reúne por videoconferencia en el hall del hotel con responsables de género en distintas regiones del país y María Fernanda Canales, delegada de feminismo del equipo del presidente chileno Gabriel Boric. “Estamos en un momento histórico en el que ya no se trata de conseguir el derecho al aborto, sino de decidir políticas públicas y económicas con enfoque de género”, les dice antes de entrar en una reunión con el recién nombrado presidente. Y concluye entusiasta: “Ahora tenemos que trabajar por la Internacional Feminista”. 

En un país profundamente machista y sin apenas políticas públicas de género, la promesa de que la vicepresidenta Márquez creará y asumirá la cartera del Ministerio de Igualdad es, probablemente, lo más parecido a la promesa de un cambio de régimen que podría vivir un país donde las tasas de pobreza, desigualdad, desempleo y violencia se ceban especialmente con las mujeres. Un régimen democratizador, defienden sus partidarios.