Estar en prisión provisional multiplica el riesgo de suicidio en la cárcel

Este articulo ha sido realizado y publicado por CIVIO. Un trabajo de Ángela Bernardo, Eva Belmonte, David Cabo, Carmen Torrecillas, María Álvarez del Vayo y Miguel Ángel Gavilanes

“Estaba muy, muy mal en Picassent. Había cometido un delito, no tenía el juicio todavía ni sabía cuándo iba a ser”. Quien habla es José Luis, que permaneció un año y varios meses en prisión provisional, es decir, sin haber sido condenado. Cuando finalmente se celebró el juicio, José Luis fue eximido de responsabilidad penal por la esquizofrenia que padece y trasladado al psiquiátrico penitenciario de Fontcalent. Él recuerda los meses previos con especial dureza: “No sabía si iba a salir alguna vez, así que metí los dedos [en el enchufe] a ver, pero no pasó nada porque los tienen protegidos, si no me quedo allí”, cuenta al otro lado del teléfono.

Ingresar en la cárcel, sobre todo de forma preventiva, dispara la probabilidad de suicidio. En 2020, según los datos del Consejo de Europa, 62 personas se suicidaron en las cárceles españolas. 14 se encontraban a la espera de ser juzgadas. Estar en prisión provisional, de hecho, es uno de los principales factores de riesgo para que una persona se quite la vida. En términos relativos, el número de suicidios en 2020 en España fue de 16,3 por cada 10.000 reclusos en prisión provisional, una proporción cercana a la media europea, pero más alta que la del resto de la población penitenciaria (10,3) y mucho mayor que la correspondiente a la sociedad general (0,7).

El suicidio, un problema complejo

“Yo no sabía muy bien en qué consistía la cárcel. Lo pasé fatal porque estaba en tensión todo el día”, rememora José Luis. La entrada en un centro penitenciario “supone un trauma”, según Javier Vilalta, director de la asociación Àmbit y coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión. El ingreso conlleva que los internos pierdan la relación con su entorno habitual y se vean obligados de la noche a la mañana a convivir con personas que no conocen, lo que muchas veces multiplica el estrés y la ansiedad. Por ello, en opinión de Enrique Pérez, jefe de sección de psiquiatría del Hospital General de Alicante y consultor de varios centros penitenciarios, “el propio encierro ya es un factor de riesgo suficiente”.

A ello se unen la incertidumbre y la falta de control. “Uno pasa de creer que controla su vida a que de repente estés controlado las veinticuatro horas del día y no tener en absoluto potestad para cambiar cosas. Esa sensación de impotencia es muy dura. Para mí es lo peor de la prisión”, explica María Yela, psicóloga penitenciaria que trabajó en diversas cárceles españolas y donde, tras su jubilación, continúa como voluntaria. Las probabilidades de suicidio, según la Organización Mundial de la Salud, aumentan durante las primeras horas o días de reclusión. Es entonces cuando confluyen factores como el aislamiento repentino, la falta de información o un alto nivel de estrés. A veces, el síndrome de abstinencia, en el caso de personas que consuman drogas, o el impacto mediático del caso, también pueden afectarles.

El lastre de la falta de recursos

En España, el propio Programa de Prevención de Suicidios, también conocido como PPS, describe el ingreso como “un momento crítico”. Cuando una persona entra en la cárcel por primera vez, va al módulo de ingresos, donde debe ser visto lo antes posible por el equipo de médicos, psicólogos, trabajadores sociales y educadores del centro, que determinan cuál será su módulo de destino. En el caso de que se detecte un posible riesgo de conducta suicida, tanto en ese momento como de forma posterior, el equipo también debe decidir que pase al PPS. Allí ha de permanecer, como mínimo, dos semanas, mientras que el tiempo máximo depende de su propia evolución.

Una figura esencial del PPS son los internos de apoyo, es decir, reclusos que también están en la cárcel y que acompañan a la persona en riesgo en su día a día. Así, se convierten en su sombra para evitar momentos de soledad. En cada cárcel debe haber al menos un 2-3% de los presos que ocupe este cargo. Esta función solo la pueden desempeñar quienes hayan participado en cursos formativos, como mínimo de 20 horas, y luego hayan sido seleccionados en función de su experiencia y de sus habilidades para escuchar y acompañar a otros presos. Además, el PPS también contempla otras medidas, como el ingreso en una celda compartida, la retirada de posibles medios o materiales con los que pudiera hacerse daño y la posibilidad de contar con un mayor seguimiento por parte de los psicólogos de la cárcel.

En 2019, el programa de prevención de suicidios se activó para 2.470 internos, según publicó El Confidencial, incluyendo tanto preventivos como personas condenadas. Aunque sobre el papel existe un protocolo, en la práctica la falta de recursos sigue siendo un gran lastre, al igual que ocurre fuera de los centros penitenciarios. “Es tremendo el porcentaje de internos que le corresponden a un psicólogo o a cualquier profesional. Así no se puede trabajar”, dice María Yela. La atención médica que reciben los internos también resulta problemática porque cada vez hay menos médicos generales y las consultas psiquiátricas se producen de forma esporádica.

El Defensor del Pueblo, dentro del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ha criticado precisamente la falta de recursos en la prevención de suicidios. Así, por ejemplo, en sus visitas a los centros penitenciarios de Castellón I y de Murcia II, pidió que hubiera más de un interno de apoyo pendiente de la persona en riesgo. ¿El motivo? No cargar toda responsabilidad durante las 24 horas del día sobre un único recluso, algo que considera “física y psicológicamente imposible de realizar”. En el caso de las prisiones de Sevilla I y de Alcalá de Guadaira, el Defensor del Pueblo criticó la falta de formación de quienes actuaban como internos de apoyo, además de solicitar que las personas en riesgo pudieran recibir una mayor atención por parte de los profesionales especializados en salud mental.

La prevención del suicidio, sin embargo, es muy compleja. “Los humanos somos imprevisibles. Hay que ayudar, intentar prevenir, pero es una conducta que, si la persona la quiere ejercer, no la vamos a poder evitar”, asegura la psicóloga penitenciaria María Yela. Una opinión que comparte el especialista Enrique Pérez: “Sería muy ingenuo pensar que es una enfermedad psiquiátrica que se puede tratar y, si la tratas, no hay suicidio”. En este sentido, el apoyo externo que los internos reciben desde fuera de prisión o sus historias previas también pueden jugar un papel clave. A juicio del psiquiatra, sería buena idea incluir en la cárcel iniciativas como los grupos de apoyo mutuo, que consisten en reuniones donde las personas que participan pueden compartir sus vivencias y sentirse menos solas.

El impacto de la COVID-19

Desde el inicio de la pandemia, las cifras de suicidios en prisiones han ido en aumento. Mientras que en 2019, según el Consejo de Europa, fueron 49 las personas que se quitaron la vida en las cárceles españolas (6 de ellas en prisión provisional), los datos se incrementaron con la llegada del coronavirus: en 2020, hubo 62 suicidios (14 de personas pendientes de sentencia firme). “En prisión han tenido un doble confinamiento, sin tener conexión con el exterior”, asegura Vilalta. Durante los dos últimos años, debido a las medidas sanitarias, por ejemplo, se han limitado las visitas familiares o se han establecido cuarentenas de 14 días para quienes entraban en la cárcel. “Esto ha dificultado mucho la convivencia y su ánimo”, dice la psicóloga penitenciaria María Yela.

Incluso con el alto nivel de vacunación o la disponibilidad de pruebas diagnósticas de coronavirus, las cuarentenas se mantuvieron para evitar el riesgo de transmisión del coronavirus. En una visita al Centro Penitenciario de Segovia, el Defensor del Pueblo pidió que se flexibilizaran estos periodos de aislamiento, que además coincidían con el momento de ingreso en la cárcel. Hoy en día, ya no se aplica esta medida. Sin embargo, para algunas personas, esta solicitud fue en balde: en 2020, según una portavoz de Instituciones Penitenciarias, 4 preventivos de prisiones españolas se quitaron la vida durante la cuarentena.

La atención a la salud mental, bajo mínimos

El suicidio tiene que ver con la salud mental, pero no solo. Ahora bien, la falta de recursos y de programas, especialmente para aquellos que están a la espera de juicio, afecta tanto a las personas en riesgo como a aquellas que llegan a prisión con trastornos mentales. Es el caso de Mounia Bouagba, una mujer que pasó algo más de un año en prisión provisional sin tratamiento durante todo ese tiempo para la esquizofrenia que padecía, como narra su abogado, César Manuel Pinto. Cuando tenía una crisis, cuenta, la mandaban en ambulancia esposada a urgencias y de vuelta a la cárcel. Sin ningún tipo de seguimiento. La falta de atención, incluso en personas con trastornos graves, resulta evidente. La experiencia de José Luis en Picassent no fue mucho mejor: “Yo veía al psiquiatra cinco minutos cada tres meses y en ese momento te evaluaban y te decían ‘sigue con tu medicación’”.