“Si gana Petro, la minoría que controla este país va a recrudecer la violencia para llevarlo al caos”

María Cedeño (1981, Barranquilla) llega al hotel donde nos reunimos con su hija de la mano. Son las nueve y media de la mañana del pasado domingo, el día de la semana en el que las calles del Caribe colombiano se vacían y las familias se reúnen en la casa para comer y pasar el día juntos. María trae ropa deportiva, por si la entrevista es corta y le da tiempo a jugar un partido con su equipo de baloncesto. Ha dejado su coche de seguridad a unos compañeros defensores que tenían que viajar a Valledupar, una de las zonas donde más masacres se han cometido a lo largo de la guerra colombiana y donde más han aumentado los asesinatos cometidos por paramilitares en los últimos años. La entrevista se alargará durante casi tres horas y cambiará de ritmo, de volumen, de ánimo a partir de la intervención de su hija.

Cedeño es madre soltera y siempre que puede se deja acompañar por su hija de diez años, una niña de mirada inteligente y melena afro que sabe exactamente lo que tiene que hacer si a ella o a su madre les pasa algo: “Llamar a los escoltas y a la abuela”. Por eso tiene móvil propio desde hace años, porque esa mujer a la que escucha atentamente es una de las activistas más amenazadas del norte de Colombia por su trabajo en el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Esta organización nació en 1973 para defender a los líderes comunitarios que eran apresados por el Estado acusados de vínculos con las guerrillas. Muchas cosas han cambiado desde entonces en este país y muchas permanecen igual. Como la razón de ser de esta organización.

En Colombia, durante décadas, y todavía hoy en los círculos sociales más elitistas y reaccionarios, hablar de justicia, de reforma agraria o de derechos humanos, sigue siendo interpretado como afinidad a las guerrillas. Aun cuando la más importante alcanzó un acuerdo de paz con el gobierno en 2015. Aun cuando las grandes masacres y desplazamientos de este país los han provocado los grupos paramilitares, a menudo con la colaboración necesaria de las fuerzas militares y policiales.  “Y ahora está peor que nunca porque el poder económico y político quiere dejar claro que si gana la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez va a convertir el país en un infierno”, explica sentada en una mesa en la habitación de esta periodista, donde Cedeño comienza la entrevista con un torrente de voz y la acaba casi susurrando cuando llega el momento de despedirse. En medio, el resumen de toda una vida sabiendo que trabaja para quienes tienen una cruz en la frente. La razón, para ver si así asumen, de una vez por todas, que nacieron para morir igual de pobres.  

Acaba de llegar de Valledupar, una ciudad de medio millón de habitantes, donde los comercios tienen que cerrar a las 5 de la tarde por orden del Clan del Golfo. Es decir, el llamado paro armado que decretaron y que obliga a los habitantes de 12 departamentos del país a permanecer en sus hogares y a los comercios a no abrir sus puertas, sigue vigente en muchos territorios. En su opinión, ¿cuál es el objetivo de esta demostración de fuerza del mayor grupo paramilitar del país? 

No es cierto que sea por la extradición de su ex líder, alias Otoniel, a Estados Unidos. Esa es la justificación oficial. Pero lo que nos dicen las personas que están en los pueblos y ciudades en los que andan libremente los paramilitares es que les están diciendo que tienen que votar por Federico Gutiérrez, el candidato de la derecha y del uribismo. 

Sabemos que si gana Petro, la minoría que controla este país va a recrudecer la violencia para llevar el país al caos y que caiga su gobierno. Y a quienes trabajamos en los derechos humanos nos va a tocar fortalecer nuestra protección y la de las comunidades. Muchas personas que creen en su candidatura, la de Pacto Histórico, no van a ir a votar porque vence el miedo: si tienen que elegir entre la vida o el cambio, se quedan con la vida. 

¿Y usted quién prefiere que gane?

Yo quiero un cambio para mi país. Eso no significa que sea petrista ni de la línea de su número dos, Francia Márquez. Si ganan no van a poder hacer mucho porque les van a entregar un país profundamente endeudado, vuelto trizas por el conflicto, sin la mayoría en el Congreso y poco se puede hacer en los cuatro años que tendrían. Pero al menos que pongan las bases para que el que venga después pueda transformar algo. 

Según datos de la Misión de Observación Electoral, el último año preelectoral ha sido el más violento de de los últimos 12 años en Colombia. Han documentado 581 hechos violentos contra líderes políticos, sociales y comunales. Y el Movimiento de Víctimas del Estado (MOVICE), organizaciones como Colectivo de Mujeres por el Derecho (COLEMAD) o el mismo Comité de Solidaridad con los Presos Políticos denuncian que en numerosas comunidades del Caribe los paramilitares han prohibido hacer campaña por Pacto Histórico, la candidatura de izquierdas encabeza las encuestas.

Ese es un fenómeno que comenzó antes de las elecciones presidenciales. En marzo tuvimos las elecciones de los curules de paz, en los que se tenía que elegir a 16 representantes de las víctimas del conflicto para representarlas en el Congreso. Era parte de los Acuerdos de Paz de La Habana para garantizar la participación de las víctimas en la vida política del país. Pues, tras muchas trabas, se consiguieron celebrar este año. Y terminaron por presentarse como víctimas representantes de reconocidos políticos de derechas o de paramilitares, como el hijo de Jorge 40, uno de los grandes paracos de este país. 

Las amenazas contra algunas víctimas fueron tantas que en departamentos como Magdalena, César y Guajira, llegaron a renunciar 34 personas a ser elegidas como congresistas. 

Precisamente, su primera amenaza fue por denunciar el trato de favor recibido en la prisión Modelo de Barranquilla por los paramilitares de Jorge 40, comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, responsable de algunas de las mayores masacres de población civil cometidas en los años 90 y la primera década de los 2000. 

Sí, en una de mis visitas a la prisión comprobé cómo mientras nosotros permanecíamos horas esperando y, a veces, nos denegaban la entrada, a los que iban a ver a los paramilitares les permitían llevarles dinero, comida y todo tipo de cosas. 

Dos días después, llegaron las amenazas y ya no cesaron. Panfletos colgados en las calles y en la universidad, emails, llamadas telefónicas, extraños rondando mi casa. El Comité evaluó la situación y me envió de inmediato a Bogotá por seguridad. Pero, aunque mi organización me acogió y me apoyó, convertirte en desplazada es muy duro. El Ministerio tardó tres meses en darme la ayuda humanitaria a la que tenía derecho. Me tocó dormir en el suelo de un apartamento, y si desayunaba no almorzaba, y si almorzaba no cenaba. 

Volví a los seis meses porque es lo que dura la ayuda del Gobierno. Cuatro meses después, nos volvieron a amenazar a tres miembros del Comité. El Día Nacional de Derechos Humanos me acorralaron en la calle con una moto y cuando un hombre se llevó la mano al cinturón grité auxilio a un guardia de seguridad que había a la derecha. Salieron corriendo. Y de vuelta a Bogotá, pero las amenazas seguían. 

Cuando volví, me pusieron esquema de seguridad: un coche blindado, chaleco antibalas, celular y escoltas. No es fácil vivir. Sentía que estaba poniendo en riesgo a quienes me rodeaban. Y llegaron las secuelas físicas: dolores de cabeza, cansancio… Todo eso que no se suele contar de lo que acarrea ser defensores. 

Después vinieron muchas más. En 2013, mi madre vivió cómo un señor en moto quería quitarle a la niña. Y ahí me di cuenta de que el riesgo ya no era solo contra mí, sino contra ellas. Y el año pasado todo se complicó más. Denunciamos que dos grupos enfrentados entre sí, Los Costeños y Los Rastrojos Costeños estaban asesinando a los conductores de autobuses para quedarse con sus rutas y, por tanto, el dinero de sus extorsiones. Nos amenazaron a tres miembros del Comité y un día me encontré un hombre trepando por el muro de mi casa. Huyó porque logré llamar a la policía. 

Interrumpe la conversación su hija, contando, jocosa, que cuando llegaron sus escoltas temieron que policías lo confundieran con el asaltante porque coincidía con la descripción de que vestía bermudas. 

¿Cómo le ha influido a su trabajo como defensora ser madre?

Yo soy franca con ella. Le cuento que vivimos en un país hermoso, pero en el que tenemos que luchar para que otros niños puedan estudiar y tener derechos como ella. 

¿Le puedo preguntar qué piensa ella? 

Claro.

María Alejandra, ¿qué piensas de lo que hace tu mamá?

Está haciendo un buen trabajo ayudando a las personas que lo necesitan.

¿Te gustaría hacer lo mismo que ella?

No lo sé. Me da miedo. Una quisiera, porque me gusta ayudar a las personas, pero no sé cómo hace ella para asumir todos esos riesgos. Ella siempre está dispuesta. En la madrugada la escucho: «Aló, sí, a la mañana le digo a esa persona y te hablamos». Me gustaría, pero no sé.

Al contrario que su hija, imagino que no todo el mundo de su entorno entenderá su exposición…

No. Mi mamá me ha dicho: “Piensa en tu hija”. Incluso en algunas organizaciones me dicen: “Mama, bájale un poquito, piensa en tu bebé, te estás exponiendo demasiado”. El país está tan polarizado que cualquiera te mata porque defendemos a las personas que están en prisión. No defendemos lo que hicieron, ni al preso en sí, sino su dignidad, sus derechos y para que pueda salir siendo mejor persona. 

¿Alguna vez se ha planteado dejar el activismo?

Sí, cuando tuve a mi hija. Durante el embarazo seguí acompañando a las comunidades cuando eran desalojadas. Un día hasta me tocó sacar la barriga a la Policía para que no nos golpearan. Nació a los siete meses y me dio depresión postparto. Me sentía responsable de no haberme cuidado lo suficiente para que naciese bien. Pero luego volví a los territorios y recordé que todo esto es también por ella, por dejarle un país donde no la maten por decir lo que piensas o por exigir derechos. 

¿Qué te ha robado ser defensora? 

Mi carrera laboral como ingeniera agroindustrial. He intentado mantenerla, pero el estigma de ser defensora hace que no te contraten. Piensan que vas a generar problemas, meter un sindicato en la empresa. Hay listas negras para no contratar a defensores. Por eso, muchos de quienes mantienen esta lucha, cuando no pueden más con las amenazas y la precariedad, o se marchan a otro país donde empezar una vida nueva o se meten en la política institucional. 

En su caso, ¿cómo ha conseguido la supervivencia?

Gracias al apoyo de la comunidad internacional, especialmente de España, en el Comité me han podido pagar por desarrollar proyectos en las comunidades para mejorar su formación, protección y seguridad. También he coordinado proyectos en la universidad. Pero llevo trabajando 17 años y apenas el año pasado pude acceder a un crédito para comprarme una vivienda. Eso sí, a unos intereses altísimos por mis condiciones laborales.  

¿Ha sufrido discriminación por ser mujer defensora? 

En el Comité de Solidariad no porque la mayoría de las coordinadoras somos mujeres cuando la mayoría de los miembros son hombres. Algún miembro de manera individual sí ha dicho que los hombres se expresan mejor o cosas así. Pero donde he sufrido ese machismo ha sido ahora con el nuevo comandante de la Policía de Barranquilla. Representantes de varias organizaciones nos reunimos con él para organizar la movilización del 1 de mayo. Pues solo contestaba a un compañero que ni siquiera tomó la palabra. Se dirigía a él para responder nuestras preguntas. 

También he comprobado esa discriminación en el ámbito de la política institucional. En Polo Democrático, el partido de izquierdas en el que milito, la mayoría de los hombres no se han creído las iniciativas que hemos creado, como Polo Mujer, Polo Rosa. Eso demuestra que son absolutamente necesarias. Solo nos quieren para hacer los trabajitos que consideran menores como mandar las notas de prensa. Pero es que vivimos en un país donde a muchas mujeres les siguen negando su derecho a trabajar. 

¿Qué es lo mejor de ser defensora de derechos humanos? 

Contar con gente bonita para ayudar a gente bonita. 

Cuando me dispongo a fotografiar a su madre, María Alejandra le pregunta: «¿Eres famosa, mamá?». Y se marchan las dos de la mano por una Barranquilla empapelada con el rostro del candidato de la derecha, Federico Gutiérrez. Al lado de su fotografía y de su nombre, el siguiente texto: «Le apoya Alex Char». Alex Char, exalcalde de Barranquilla, es uno de los miembros de la familia Char, dueña del Grupo Empresarial Olímpica, uno de los grandes conglomerados económicos del país. Incluye dos cadenas de supermercados, medios de comunicación, fábricas textiles, un banco, una contructora y el equipo de fútbol de la ciudad, entre otras filiales. Emplea a decenas de miles de personas de la región y tienen su propio partido político, Cambio Radical, que formó parte de la coalición del gobierno que presidió Álvaro Uribe Vélez.

Durante el paro armado paramilitar ordenado por el Clan del Golfo hace una semana, decenas de comercios del centro de la ciudad cerraron sus puertas y los habitantes de uno de sus barrios más pobres se vieron forzados a confinarse. Esa es la Colombia en paz que elige a su nuevo presidente en dos semanas.

* Este reportaje es parte de una cobertura del conflicto colombiano impulsada por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) e Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ICID)