Sin comida ni agua: los paramilitares entran en campaña electoral confinando el norte de Colombia

“Quince días antes del Paro, activaron el Plan Pistola por el que aquí mataron a un militar y a un civil”, explica Alejandrina Pacheco, aún encerrada en su casa en la Vereda de San Nicolás, en el municipio de Sinselejo, en el norte de Colombia. En la última semana, esta campesina y madre de familia solo ha salido en dos ocasiones a la calle para comprar los víveres imprescindibles. 

A dos semanas de las elecciones presidenciales, el mayor grupo paramilitar de Colombia ha demostrado su poderío en algunas de las regiones más castigadas por la guerra y más abandonadas por el Estado. Durante cuatro días, los habitantes de 74 comunidades en 12 de los 32 departamentos del país han sido obligados a permanecer encerradas en sus hogares, sin poder acudir a sus trabajos, ni a las escuelas ni a los centros de salud por orden del Clan del Golfo, que aglutina a buena parte de los principales grupos paramilitares responsables de centenares de masacres y uno de los actores más importantes del narcotráfico internacional. Según datos de la Fundación Paz y Reconciliación, el Clan del Golfo actúa en 211 de los 1.103 municipios que tiene Colombia.

Como especificaban sus dirigentes en el comunicado que hicieron público tras la extradición a Estados Unidos de su ex líder, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, desobedecer el llamado ‘paro armado’ se pagaría con «consecuencias desfavorables». Según el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de la ONG Indepaz, al menos catorce personas han sido asesinadas en estos cuatro días de confinamiento paramilitar.

Esta demostración de poder era empleada regularmente por el narcotraficante Pablo Escobar cuando detenían o juzgaban a algunos de los colaboradores, así como por los paramilitares durante los años de las grandes masacres de finales de los 90 y principios de los 2000. La guerrilla del ELN también ha decretado varios a lo largo de los últimos años. El último, en febrero, con mucha menor capacidad de incidencia y repelido duramente por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Al ‘paro armado’, el Clan del Golfo ha sumado el ‘Plan pistola’, otra práctica heredada de Pablo Escobar por la que los grupos armados instan a matar miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus integrantes así como a cualquier civil a cambio de una cuantía determinada. Según la Fiscalía de Colombia, este grupo con vínculos internacionales, pagaría unos 460 euros por policía asesinado.

Aisladas y encerradas

“El comunicado nos llegó por WhatsApp y por las redes sociales, aunque hacía días que sonaba el rumor de que iban a anunciarlo. En nuestra zona lo primero que hicieron fue quemar un camión y una ambulancia que traslada a los enfermos de las veredas hasta la cabecera”, explica por vía telefónica Alejandrina Pacheco. Aunque inicialmente el contenido de este reportaje iba a realizarse de manera presencial, han sido las propias entrevistadas las que han pedido no ser visitadas en este momento. Temen posibles represalias dado que los paramilitares permanecen en sus pueblos y ciudades.

Reside en Sinselejo, capital del departamento de Sucre, de 277.000 habitantes, y una de las ciudades más pobres y abandonadas por el Estado del Caribe colombiano. De hecho, allí no hay prácticamente transporte público, por lo que todo el mundo debe trasladarse en taxi o en moto. Además del cierre de todos los comercios, la prohibición de cualquier reunión o actividad social, el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, proscribió cualquier tipo de transporte y movilidad. Así que además de quemar más de 80 vehículos en todo el país, en ciudades como Sinselejo sus miembros atacaron con granadas a varios taxis y vetaron el uso de las mototaxis. 

“No han dejado sacar las cosechas ni vender los alimentos a los campesinos y a quienes se encontraban en la calle, les asesinaban”, continúa Pacheco, miembro de Espacio Pluricultural de Mujeres Constructoras de Paz de la Región Caribe, una red que aglutina 55 organizaciones de mujeres de esta zona del país. Según Pacheco, en los cuatro días de paro, han asesinado a cuatro personas en su departamento: “Un ingeniero que iba en su coche a Sampués. Lo asesinaron frente a su familia. Otro fue de un líder que pertenecía a la junta de acción comunal de una vereda de San Pedro. Fue por estar en la puerta de su casa. Y otros dos en la zona de La Mojana”.

Sin embargo, Pacheco, como el resto de las entrevistadas, insiste en que el paro ha terminado de evidenciar lo que llevaban meses denunciando desde las comunidades: que cada vez son más numerosos y visibles en sus pueblos y ciudades los miembros de estos grupos narcoparamilitares del Clan del Golfo, de Los Pachenca y de Los Costeño.

“Cometen asesinatos selectivos, sus llamadas ‘limpiezas sociales’, ha habido enfrentamientos entre ellos… En lo que llevamos de año ya hemos vivido más de 50 asesinatos en el departamento de Sucre. Y es algo aterrador”, concluye, sin saber si podrá retomar su vida pronto o si como anuncian nuevos comunicados que se mueven por las redes sociales, habrá otro paro armado de tres días en respuesta a la extradición de Nini Johana Úsuga David, la hermana de alias Otoniel, anunciada por el presidente Iván Duque como respuesta al paro armado. Mientras, anuncios de la candidatura presidencial de Gustavo Prieto han aparecido rociadas con pintura roja en distintos puntos del departamento de Sucre.

Prohibido votar a Petro

“Aquí los actores armados ya han dicho por sus comunicaciones que está prohibido votar a la candidatura de Pacto Histórico en las elecciones. Mucha gente no va a ir a votar porque tiene mucho miedo”, explica por teléfono Nelsy Oliveros Segovia, campesina de Retén, un municipio del Magdalena, vecino de Aracataca, donde nació el escritor García Márquez.

De hecho, en muchos de los municipios más afectados por el paro armado los paramilitares ya habían prohibido hacer campaña por Pacto Histórico, la candidatura de izquierdas liderada por Gustavo Petro –economista, político de larga experiencia y exmilitante de la guerrilla M19–, y por su número dos, Francia Márquez –abogada y activista medioambiental afrodescendiente–.

Sus propuestas progresistas dirigidas a reducir la pobreza, la falta de oportunidades y la desigualdad -Colombia es el segundo país más desigual de América Latina–, ha provocado una respuesta tan violenta de los grandes poderes políticos y económicos del país que las amenazas contra las vidas de ambos les han obligado a desarrollar la campaña bajo fortísimas medidas de seguridad. Y las consecuencias del auge de la violencia que se está viviendo como consecuencia de que Pacto Histórico lidera las encuestas en intención de voto, se trasladan a las vidas cotidianas de personas como Nelsy Oliveros.

Esta mujer de casi 40 años continuó la lucha por recuperar las tierras de su madre, quien sufrió un ataque al corazón mientras debatía en una reunión con representantes del Estado sobre su derecho al retorno. Y pese a haberse convertido en un rostro visible por su activismo, tiene claro que, aunque le gustaría hacerlo, no irá a votar. Es demasiado el riesgo. Máxime cuando en estos días del Paro ha sido asesinado un vecino suyo al que, según explica, los miembros del Clan del Golfo habrían confundido con otro líder social que luchaba por poder volver a otra finca que había tenido que abandonar por la violencia paramilitar. “Mis hermanos me piden que deje la pelea por recuperar la tierra porque temen que me maten también”, explica vía telefónica.

“En estos días han matado a dos hombres en total. La gente salía corriendo cuando los veían encapuchados subidos en las motos”, continúa Oliveros, integrante de ASUMOPROCA, una asociación creada en 1996 por 89 mujeres para exigir al Estado poder volver con garantías a la finca de la que habían sido obligadas a irse por los paramilitares y el abandono institucional. Exigir sus derechos durante 25 años en todas las estancias judiciales de Colombia les ha costado todo tipo de amenazas y hostigamientos. 

“Volver a verme rodeada por los paramilitares después de haber vivido de niña un desplazamiento me ha traído muchos recuerdos que había intentado superar. Con lo que le ha costado a una salir de todo eso”, explica, mientras la voz se le entrecorta por la mala cobertura telefónica que tienen en estas zonas rurales. A menudo, cuando llueve, pierden la conexión durante horas o días. 

Hasta el comienzo del paro armado, Oliveros recorría diariamente varios kilómetros campo a través para comprar suero a un ganadero y venderlo en la ciudad. “Tiene que cruzar el puente de vuelta antes de las seis de la tarde, señora. Así lo mandan”, le advirtió el productor hace algunas semanas, en referencia a los horarios dictados por los miembros del Clan del Golfo. Poco después, uno de ellos la retuvo para interrogarla y finalmente le obligó a entregarle todo el líquido lácteo por 50.000 pesos colombianos, unos 11 euros, sin posibilidad de discusión. Ellos tienen el control. Porque no hay Estado que lo asuma.

Un paro anunciado

“El paro armado estalló lo que las comunidades venían viendo y denunciando desde hace dos o tres años. Alertaban a las instituciones de que hay presencia de actores armados de todo tipo y su respuesta fue negarlo, decir que eran casos aislados, delincuencia común… No ha sido una sorpresa, sino que es resultado de la falta de control y el abandono de las comunidades por parte del Estado. Y ahora vemos cómo han visto en riesgo la protección de sus vidas, la seguridad alimentaria, el derecho a la salud, la educación y los derechos de las mujeres…”, explica en su oficina en Barranquilla Diana Barrios, abogada de COLEMAD, una ONG del Caribe colombiano dedicada a apoyar las organizaciones de mujeres en sus procesos de búsqueda justicia. 

Y, en opinión de Barrios, este paro ha tenido un impacto diferenciado entre las mujeres: “la presencia de paramilitares y de militares genera riesgos para las mujeres y las niñas que tienen que caminar largos caminos para ir a la escuela y a cultivar. Y también se ve muy mermada la capacidad de las organizaciones porque la guerra las devuelve al espacio privado, a las casas, y no les permite reunirse”. 

Mientras que algunas de las entrevistadas explican que se han sentido abandonadas por la falta de policías o militares para protegerlas de los paramilitares, hay otras que denuncian cómo la única respuesta institucional ha sido la militarización del territorio, cuando por la historia de connivencia y colaboración entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares a lo largo de las últimas décadas, así como de casos de abusos, violencia sexual y desapariciones cometidas por policías y militares, no se sienten seguras con ellos. 

Pero las consecuencias van mucho más allá. Muchos de los habitantes de las zonas sometidas al paro armado no tienen acceso a agua potable, por lo que tienen que trasladarse a poblaciones vecinas para recogerlas. Con la prohibición de salir de sus hogares no solo han visto afectada su alimentación -muy deteriorada en los últimos meses por el encarecimiento del precio de los alimentos y las malas cosechas-, sino también falta de agua. Y en municipios como Zambrano, de 13.000 habitantes, se encontraron que con el cierre de las carreteras se quedaron sin los químicos necesarios para potabilizar el agua del tanque del que bebe toda la población.

“El agua llegaba negra, turbia, porque además la tapa del depósito está oxidada y nadie la cambia”, denuncia Raquel Pérez, estudiante de Trabajo Social y miembro de la Red de mujeres jovenes de Zambrano, un municipio de la región de Montes de María, donde los paramilitares cometieron algunas de las mayores masacres del conflicto  colombiano. Acaba de volver del centro de salud donde, por fin, han podido atender a su padre. Durante el paro, los trabajadores sanitarios solo atendían a quienes consideraban que estaba en una situación de “emergencia vital”, por lo que decenas de miles de personas han sido privadas de recibir sus consultas y tratamientos médicos.

Pérez colabora en la campaña de la candidatura de Pacto Histórico. Considera que su programa “arraiga en lo que necesitan las personas más vulnerables, sin acceso al empleo, a la educación y sin oportunidades laborales”. Pero teme que las amenazas de los miembros del Clan del Golfo impidan que muchas personas se atrevan a ir a votar. 

Las niñas, las más perjudicadas

María Torres sigue la situación en su pueblo desde Cartagena, donde tuvo que exiliarse por las amenazas recibidas por su activismo frente al Estado y a los grupos armados a través de su organización, Red de Mujeres Saladeras resistentes en el territorio. El Salado, de 5.000 habitantes, es reconocido internacionalmente por haber sufrido en el año 2000 una de las peores masacres de la historia de Colombia. Durante cinco días de febrero, 450 paramilitares torturaron, mutilaron y asesinaron a 60 personas que se encontraban en un estado de total indefensión. Mientras, los criminales eran supervisados desde el cielo por helicópteros cuya propiedad sigue sin aclararse. Pese a las llamadas de auxilio, nadie del Estado acudió al lugar.  

Torres explica que en su pueblo «las clases siguen suspendidas y las niñas y adolescentes saben que no es seguro andar por el corregimiento, aunque no se sabe tampoco cuándo se retomará el transporte escolar. El impacto psicológico entre la población, además, está siendo muy fuerte”. A la pérdida del curso escolar de 2020 por la pandemia de covid-19, ahora se suma un creciente abandono escolar de las niñas por la inseguridad que acarrea andar kilómetros para ir al colegio en zonas tomadas por hombres armados del Ejército, de los grupos paramilitares y de las guerrillas.

Anuncios de nuevos paros armados

Días después de que oficialmente acabase el paro, hay territorios que siguen confinados sin saber si, en la práctica, se ha reactivado o no. Ese es el caso de Ovejas, en el departamento de Sucre.

Desde allí, Arleth Causil explica: “Nos han entregado tres panfletos que dicen que el 13 de mayo comienza un nuevo paro. También están llegando audios amenazantes para que no salgamos de casa. Aquí muchas familias han pasado hambre estos días. La semana pasada llegaron al municipio con granadas en las manos para amenazar a los comercios que estaban abiertos. Al final, lanzaron una de las granadas a una furgoneta policial”, explica esta mujer dedicada a apoyar a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad a través de la organización que ella misma ha creado, Mentes y manos creativas.

“Las elecciones van a ser un caos”, advierte, “porque aquí no podemos confiar ni en las fuerzas armadas ni en los actores armados”. Y lo dice desde Ovejas, uno de los municipios históricamente más activos. Lo que en Colombia, en lugar de ser alabado por sus convicciones democráticas, lo convierte en sospechoso, en aliado de los guerrilleros, en «traficantes de derechos humanos», como denominó el expresidente Álvaro Uribe a activistas, defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios; en «desechables», como les tildaban, y tildan, a estos mismos colectivos los grupos paramilitares. Ahora llamados, grupos al margen de la ley, o narcoparamilitares. Porque las cúpulas de sus estructuras se sofistican y llevan traje y corbata, pero el funcionamiento base que garantiza su supervivencia se mantiene. Y es el de sembrar el terror que facilita el expolio y el control de quienes se mantienen en la indigencia.

* Este reportaje es parte de una cobertura del conflicto colombiano impulsada por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) e Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ICID)