La Justicia concluye que las informaciones tergiversadas de Inda sobre ‘La Marea’ entran dentro de la libertad de expresión

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado la demanda presentada por Más Público, la sociedad cooperativa que edita La Marea, contra Eduardo Inda y Dos mil palabras, editora de Okdiario, por considerar que las informaciones tergiversadas publicadas en Okdiario y las intervenciones de Inda en distintos programas de televisión sobre esta revista no vulneran el derecho al honor ni el prestigio profesional de La Marea. 

Entre otras consideraciones, Inda y Okdiario afirmaron que La Marea vive o subsiste gracias al dinero público “que le regala Carmena”. Se trata de una información manipulada que puede comprobarse en nuestro historial de cuentas, publicadas en la página web: en torno al 80% de los ingresos de La Marea procede de las suscripciones de lectores y lectoras y las ventas de la revista –la publicidad nunca ha superado el 8% del total–.

La Audiencia considera –al igual que el juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid en un fallo anterior que fue recurrido por La Marea– que todas las informaciones y calificativos despectivos hacia La Marea y sus trabajadores vertidos por Inda y Okdiario en distintas tertulias y artículos en los que se ha acusado a este medio de adoctrinamiento, de basura y de estar vinculado a Podemos forman parte de la libertad de expresión.

“La preciada libertad de expresión comprende la crítica más desabrida y no solo las ideas inofensivas o indiferentes, sino también las que hieren, ofenden e inoportunan”, recoge el documento judicial. La sentencia, que condena a La Marea a pagar las costas, también hace referencia a la menor protección del honor cuando se trata de personas jurídicas. Pero nada dice de rectificar las informaciones incorrectas.

Tema de relevancia pública

Según el fallo, las suscripciones que el Ayuntamiento de Madrid, entonces dirigido por Manuela Carmena (Ahora Madrid), tenía con La Marea eran un tema de «relevancia pública e interés informativo» al haber sido objeto de debate político en 2017 en el consistorio –este mismo martes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP), ha vuelto a hablar de La Marea y El Salto haciendo bromas sobre el prestigio de esta revista–.

Y, sin tener en cuenta el derecho de la ciudadanía a tener información veraz –“mediante el vehículo institucionalizado de formación de opinión pública que es la prensa”– de un tema que considera relevante y de interés, pone al mismo nivel la exageración y la información que se aleja de la verdad: “El hecho de que pudiera resultar exagerado afirmar que la revista vive del dinero público, ello no comporta la mendacidad de lo manifestado por cuanto que es indudable que los ingresos percibidos por esa suscripción municipal contribuyen a la subsistencia de La Marea”. 

En concreto, los ingresos por este concepto ascendieron a 6.240 euros entre 2015 y 2019, tal y como consta en el portal de Transparencia municipal. El total de ingresos de La Marea durante ese periodo fueron 1.146.919 euros. Es decir, las suscripciones contratadas por el consistorio supusieron un 0,54% de los ingresos. Durante esos mismos años, entre junio de 2015 y junio de 2019, el Ayuntamiento contrató nueve campañas publicitarias que sumaron 10.375 euros (0,9% de los ingresos totales). Por su parte, la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, suscribió tres campañas por un valor total de 630 euros.

Además, y contradiciendo ese supuesto tema de interés y relevancia informativa, la Audiencia concluye que “difundir noticias de tal clase no contribuye al servicio del debate general, al control de la actuación de los poderes públicos, ni constituye una información básica que deba ser conocida por los ciudadanos”.

Inda alegó –en la fase de conclusiones– que existe una guerra mediática entre los dos medios de comunicación. Sin embargo, desde La Marea, nunca se ha atacado a los demandados ni se ha respondido a los ataques recibidos porque, más allá de no querer entrar en esa dinámica, ese comportamiento no se ajusta a los principios éticos, rigurosos y periodísticos que sostienen La Marea. La justicia afirma que no atiende a la alegación de Inda pero sí considera, pese al argumento de esta revista, que algunas de esas “declaraciones controvertidas” se enmarcan “en un escenario de enfrentamiento entre medios de comunicación de ideología dispar”.