El Parlament estudia la ILP que pide una renta básica de 664 euros

BARCELONA // La Mesa del Parlament ha acordado esta mañana por unanimidad admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone una renta garantizada de ciudadanía para todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad. La ILP, impulsada por una comisión promotora que integra a entidades sociales y sindicatos, pide que se establezca por ley una renta mensual de 664 euros. La percibirían todos los mayores de 18 años que hayan vivido legalmente en Cataluña al menos durante los últimos 12 meses, y que hayan pasado un mínimo de cuatro meses en situación de falta de recursos.

Esta cantidad corresponde al Índice de Suficiencia de Recursos de Catalunya, es decir, aquellos ingresos con los cuales se considera que se puede llevar una vida digna. En el caso de estar percibiendo alguna prestación, se cubriría la diferencia hasta alcanzar dicha cantidad. La propuesta se deriva del artículo 24.3 del Estatut, todavía sin desarrollar, que contempla que “las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna”.

Los promotores recuerdan que el paro afecta ya a 885.100 personas en Cataluña, y que a finales de año tan solo un 30% de éstas recibirán algún tipo de prestación económica. Además, más del 20% de la población se encuentra en riesgo de exclusión social. “Es una cuestión de emergencia social y de justicia”, sostienen.

A diferencia del Programa Interdepartamental de la Renta Mínima de Inserción (PIRMI), estos ingresos no estarían condicionados al cumplimiento de un determinado itinerario laboral ni de una serie de condiciones cada vez más restrictivas que han eliminado de facto la universalidad de la ayuda. En caso de aprobarse, esta prestación sustituiría al PIRMI.

El Govern de CiU se había opuesto inicialmente a aceptar la tramitación de la ILP por el impacto económico que supone en los presupuestos. En un informe de oposición a la ILP, el ejecutivo alegó que “implicaría un elevado incremento del presupuesto de gastos (…) que no sería asumible en un entorno económico en el que es necesario reducir los gastos para equilibrar las cuentas públicas”.

Finalmente, el Govern ha tenido que dar su visto bueno ya que el artículo 102.2 del reglamento del Parlament no le permite denegar la admisión a trámite de una ILP si sus efectos económicos afectan a otro ejercicio presupuestario y no al vigente, como es el caso. Los promotores mantienen que la medida se haría efectiva como muy pronto en 2015.

Aún así, el ejecutivo ha entregado esta mañana a la Mesa del Parlament una ampliación del informe en el que cuantifica en unos 3.600 millones de euros el coste adicional que supondría la aplicación de la medida. A partir de ahora, comenzarán los trámites previos a la recogida de firmas. Para que la ILP salga adelante y sea debatida en el Parlament, se deberán reunir 50.000 rúbricas.