La tauromaquia baja la nota a España

En cuanto esté publicada en el BOE la nueva ley de protección animal, España entrará en la corta lista de países que cuentan con una norma específica de este tipo. La organización internacional sin ánimo de lucro World Animal Protection cuenta con un Índice de Protección Animal (API), un proyecto pionero que clasifica a 50 países de todo el mundo según su política y legislación de bienestar animal. Siguiendo esta investigación, los Estados que se pueden considerar referentes son Reino Unido, Suiza, Dinamarca, Austria, Países Bajos y Suecia. Todos países europeos. Obtienen una clasificación B, por lo que ninguno llega a la máxima calificación (va de la A, la mejor nota, hasta la F, la peor).

Suiza es uno de los que se usa como referencia. Por ejemplo, obtiene la máxima consideración en leyes contra el sufrimiento animal. En el artículo 4 de la Ley de Bienestar Animal, que data del año 2005, se prohíbe infligir dolor, sufrimiento o daño a un animal, inducirle ansiedad o menospreciar su dignidad de cualquier otra forma sin justificación.

Además, no está permitido el maltrato, el descuido o el exceso de trabajo innecesario de los animales. Pero no todo son aplausos. El pasado 13 de febrero se rechazó una proposición legislativa de iniciativa popular que pedía «la prohibición de la experimentación animal y humana». La propuesta fue rechazada por un 79% de los participantes en un referéndum. Por otra parte, y aunque en 2013 cerró el último delfinario del país, todavía se sigue permitiendo el uso de animales salvajes en los circos.

En el caso de España, la ONG le otorga una valoración de C, al igual que a Francia, Italia, Alemania, Rusia, México, India, Malasia y Nueva Zelanda. Desde la organización justifican esa puntuación al Estado español, sobre todo, por la tauromaquia. Consideran «lamentable que una práctica tan cruel todavía esté autorizada por la ley sobre la base de la tradición cultural», e instan al Gobierno a derogar el Real Decreto 18/2013, que hace referencia a esta práctica como patrimonio cultural de España.

También reclaman la prohibición de “cualquier forma de caza que no apoye directamente la subsistencia, es decir, para alimentarse a uno mismo y a su familia y no con fines comerciales”. Y establecen unos mínimos: la prohibición del uso de los métodos más crueles. Además, consideran que España no está haciendo lo suficiente en lo que se refiere a la protección de los animales utilizados en la ganadería. 

Por ello, recomienda la prohibición de las macrogranjas: “En particular, debe prohibirse el uso de jaulas de parto, establos para cerdos y jaulas. La densidad de población de pollos de engorde también debe reducirse a un máximo de 30 kg/m2 o menos. Las operaciones quirúrgicas, como la mutilación de lechones y el recorte del pico de las gallinas ponedoras, no deben realizarse excepto bajo anestesia y con analgésicos”, concluyen. Asimismo, reclaman mayor responsabilidad del Gobierno en lo que se refiere a los animales de compañía, un hecho que la futura ley aborda, por lo que la valoración del World Animal Protection también mejorará.

De vuelta al mapa, en una situación intermedia (D) se sitúan Estados Unidos, Canadá, Turquía y la mayoría de países de América del Sur analizados. Y solo un país obtiene la peor nota, Irán, debido a que apenas existen leyes específicas sobre la protección o bienestar animal.

Sandra Vega Fernández, jurista en el área de legal de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), se muestra reticente a la hora de hacer una clasificación: “No podríamos nombrar un país concreto que sea referencia en bienestar y protección animal”. Considera que ambos dependen de diferentes factores, por lo que “hay países que garantizan un adecuado nivel de bienestar en unos aspectos pero son deficientes en otros”. 

Aun así, esta especialista ve oportuno resaltar el papel de la Unión Europea “en su compromiso con la mejora de las leyes de protección y bienestar animal”: “Gran parte de la legislación española en esta materia es resultado directo de la transposición de normativa europea a nuestro ordenamiento interno”, señala.