Enrique Santiago: “Putin es un adversario político de los comunistas en Rusia”

Ni Vladimir Putin es comunista ni Ucrania es un país que cumpla con los estándares democráticos de la Unión Europea, dice el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago. “Desde una condena clara a la invasión”, Santiago responde a las preguntas de lamarea.com sobre el conflicto y se muestra muy crítico con el envío de armas por parte de Gobierno de España al considerar que solo sirve para alargar la guerra “innecesariamente”.

En la actualidad, desde esta Secretaría de Estado trabajan en el Anteproyecto de ley de protección de los derechos humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales, cuyo periodo de consulta terminó el pasado 3 de marzo.

¿Cuáles son las claves de esta nueva norma?

Lo que se pretende es que en España exista una normativa que garantice la competencia en condiciones de igualdad a las empresas que vienen respetando los derechos humanos y ambientales respecto a aquellas que, por no respetarlos, están en mejores condiciones en los mercados para hacer competencia desleal a las respetuosas.

Esa situación, evidentemente, hay que corregirla dentro de la vocación del Gobierno español de coalición de garantizar el máximo respeto a los derechos humanos, ambientales y a la sostenibilidad del planeta.

¿De qué forma se va a poder juzgar en España una violación de derechos humanos o ambientales que ha sucedido en otro país?

El proyecto de ley se está trabajando ahora. Apenas ha concluido la fase de consulta pública y se están incorporando al borrador esas aportaciones. De lo que se trata es de establecer un régimen de medidas de vigilancia, en parte también autovigilancia y obligaciones a cumplir por las empresas. En caso de que no se cumplan, habrá una serie de medidas que sancionen e impidan estas situaciones.

Es decir, si una empresa española comete un abuso o una violación de derechos humanos o ambientales en Latinoamérica, ¿se va a poder juzgar en España?

Lo que sí que se va a poder es tomar medidas para evitar esa situación y para que se establezcan responsabilidades con las víctimas de esas vulneraciones. El procedimiento exacto, si va a ser por vía administrativa o no, habrá que verlo. 

Pero no es tanto, o no es solamente, un problema de las empresas que operan en nuestro país o que tienen su sede aquí. Lo que pretende la ley sobre todo es vigilar las cadenas de suministro. El problema es que, a veces, las empresas son respetuosas pero contratan con otras que no. Se trata de vigilar estas cadenas de proveedores y suministros que muchas veces son opacas.

¿Se va a poder juzgar o abrir un procedimiento a pesar de que el país en el que se está produciendo esa violación de derechos permita ese tipo de conductas?

Esa es una pregunta que técnicamente requiere demasiada concreción. Eso depende de los sistemas legales de cada país y de cómo operen los supuestos de jurisdicción administrativa o penal en nuestro país. Por eso, creo que lo más ajustado en estos momentos es hablar de un mecanismo de control administrativo y, en caso de incumplimiento, del correspondiente control jurisdiccional.

La ley pretende “regular con carácter vinculante y general la obligación de las empresas o grupos transnacionales españoles […] de respetar los derechos humanos y medioambientales en el conjunto de las actividades” en cualquier parte del mundo. ¿Tienen detectados casos de grandes empresas españolas que no estén respetando estos derechos humanos y ambientales?

Tenemos casos históricos de empresas eléctricas que han sido denunciadas en países en los que operaban por infracciones relacionadas con los derechos ancestrales de los pueblos originarios de esos países. Eso ha sucedido en grandes obras hidroeléctricas fundamentalmente o situaciones que han motivado desplazamientos de la población. Obviamente, no es posible provocar ese efecto si no hay una permisividad por parte de los gobiernos locales. 

Pero insisto en que, actualmente, en un mundo donde las cadenas de producción están tremendamente deslocalizadas, el problema no es tanto la responsabilidad directa de las transnacionales españolas sino de las empresas con las que contratan. Las empresas españolas tienen también unos códigos de responsabilidad social corporativa y en nuestro país existe una transparencia y un control por parte de los medios de comunicación y por eso no es muy habitual ver vulneraciones directas de derechos humanos por parte de empresas españolas en el extranjero. Te diría estas salvedades de empresas eléctricas que sí han sufrido denuncias.

¿La norma tendrá carácter retroactivo? Es decir, ¿afectará, por ejemplo, al desastre causado por Repsol en Perú?

En un estado de derecho, las normas sancionadoras no pueden tener nunca carácter retroactivo. Por lo cual, no, ese supuesto no es posible.

¿Cómo ha sido acogida la norma entre la patronal empresarial?

Bueno, estamos trabajando. De momento hay muy buenas expectativas por parte de las empresas públicas españolas. La verdad es que estamos teniendo una importante colaboración y acompañamiento. Las empresas públicas españolas, en su razón de ser, tienen una obligación de respeto de los derechos humanos y ambientales, y por eso muchas veces encuentran que, en ocasiones, no están en condiciones de competir en igualdad con otras empresas que no lo hacen. Por su parte, la respuesta ha sido muy positiva.

Con las empresas privadas estamos comenzando el trabajo. En principio, es evidente que hay una desconfianza, por supuesto, y muchas veces justificada. Estas empresas lo que dicen es que las subcontratas y las cadenas de suministro son muy opacas y no tienen los medios para conocer qué hacen. Pero, justamente, esto es lo que va a hacer la ley: dar mecanismos a las empresas para que esa inseguridad que han venido aduciendo no exista.

Hay otras empresas, las más grandes, que han manifestado su compromiso con las reglamentaciones propias internas de responsabilidad social corporativa y, en ese sentido, su voluntad de trabajar acompañando este proceso con la Secretaría de Estado para impulsarlo. Pero no voy a ocultar que hay inquietud en muchos sectores de las empresas privadas españolas.

La voluntad del Gobierno no es perseguir a nadie, sino adoptar medidas preventivas que permitan anticiparse a las empresas para evitar situaciones y problemáticas que yo creo que a todas las empresas les interesa que desaparezcan. Es decir, no es un buen cartel comercial tener denuncias de vulneración de derechos humanos, de trabajo infantil, de semiesclavitud, de abusos, de daños medioambientales… en cadenas de las que forman parte productos que luego acaban vendiendo. Es obvio que a las empresas les interesa que esto se regule.

Tratamos de acreditar que esta ley va a traer beneficios para todo el mundo. Y creo que va a ser muy importante ese convencimiento de las empresas públicas españolas.

Ha hablado de “inquietud” en algunos sectores. ¿Podría decir cuáles?

Aquellos que tienen cadenas de producción comercial diversificadas en todo el planeta: grandes almacenes o grandes empresas transnacionales españolas con redes de venta y producción en muchos países. Hay supuestos distintos, pero por tener grandes redes de comercialización y de suministro obviamente van a tener que poner más recursos para cumplir esta ley, claro.

¿Cómo valora las declaraciones del presidente de México, Antonio Manuel López Obrador, que acusó a determinadas multinacionales españolas de saquear el país?

Yo, lo primero que diría, es que las multinacionales no se sabe qué nacionalidad tienen. Hoy día, el capital transnacional se mueve con tanta rapidez y con tan poca transparencia, que muchas veces la definición de empresa nacional viene determinada únicamente porque tiene la sede social en España. Pero, en la mayoría, el capital y los consejos de administración no responden a intereses nacionales.

Yo opino que, las grandes empresas, no porque sean españolas, es evidente que anteponen sus cuentas de resultados a salvaguardar derechos de la población de los países en los que operan. Si el presidente mexicano, o cualquier mandatario de otro país, hace esas declaraciones, a mí no me cabe duda de que tiene datos que acreditan que ha habido actuaciones que no han sido ajustadas. No hay ningún interés objetivo por parte de ningún mandatario por crear crisis artificiales con ningún otro país.

Oxfam ha pedido al Gobierno de España actualizar la lista de paraísos fiscales siguiendo los principios de la Ley de lucha contra el fraude fiscal y apunta a que al menos 16 jurisdicciones, de las más agresivas fiscalmente, deberían estar incluidas en la lista española. ¿La norma abordará este tema? 

No, esta norma no aborda directamente la definición de paraísos fiscales, ya que eso depende de acuerdos multilaterales y bilaterales en el seno de distintos organismos internacionales. La función de esta ley no es eso.

Ahora, ya que me preguntas, te diré que es una obligación de este gobierno combatir la existencia de paraísos fiscales, que son absolutamente inaceptables. Y más allá de lo que hagamos de acuerdo con otros países, nuestras normas fiscales deben perfeccionarse para evitar cualquier fraude fiscal que nos afecte, al margen de donde se produzca. 

En sede parlamentaria se ha referido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia como “la más grave crisis política y humanitaria en décadas”. ¿Se siente cómodo con la posición adoptada por parte del Gobierno de España ante este tema?

Gobernar supone asumir muchas contradicciones. Unidas Podemos lo que está intentando es mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora española y de la gente de este país. Y garantizar una defensa de las libertades democráticas en este momento en el que están tremendamente amenazadas por el avance de la ultraderecha. Es decir, es muy preocupante lo que acaba de pasar en Castilla y León, donde ha entrado por primera vez una ultraderecha franquista y antidemocrática en un Gobierno ejecutivo.

Yo, personalmente, lo he dicho: creo que es absolutamente ineficaz el envío de armas. Lo han dicho personas mucho más expertas que yo, como militares españoles que han tenido responsabilidades importantes en cuerpos multinacionales. Desde el punto de vista técnico, está claro que eso no sirve absolutamente para nada y lo único que hace es alargar un conflicto innecesariamente. Pero bueno, tenemos que asumir esas contradicciones y manifestar que no creemos que sean medidas efectivas. 

Todo ello, desde una condena clara a la invasión de Ucrania. Para nosotros es trascendental que la comunidad internacional respete el Derecho Internacional y la resolución pacífica de cualquier conflicto. El fin no justifica los medios nunca, nunca. 

Nos sentimos con la suficiente autoridad para criticar el envío de armas o cualquier medida que militarice más un conflicto de estas dimensiones y lo alargue más, porque, desde el momento uno hemos criticado duramente la invasión.

Dice que es contrario al envío de armas porque supone alargar más el conflicto. Implícitamente, ¿no cree que le está diciendo a los ucranianos que tienen que rendirse? 

Lo que estamos diciendo es que hay que resolver este problema en la mesa de negociación. Lo que les estamos diciendo es que este problema se tendría que haber evitado.

En todo caso, yo no sé para qué sirve el envío de armas cuando lo que estamos viendo, parece ser, es que Ucrania tenía bastante armamento; incluso biológico que, en caso de confirmarse, está prohibido. Con toda esa capacidad de armamento, el envío de armas ligeras parece un gesto únicamente simbólico.

Pero no es un problema de rendirse, es un problema de resolver diplomáticamente los conflictos. Al margen de que haya sorprendido más o menos la invasión, lo cierto es que el problema está sobre la mesa desde hace 20 años. Lo cierto es que se ha incumplido la Carta de Helsinki del 75 y la Carta de París del 90. En Europa hay que dar garantías a todos los países. Es más, el concepto moderno de la seguridad militar es un concepto de seguridad compartida. Cualquier país sabe que su seguridad depende no solamente de sus mecanismos de defensa, sino de no provocar amenazas a otros países. 

Quizás lo que hay que preguntarse es por qué Europa ha permitido que actores de fuera del continente vengan aquí a resolver sus conflictos, cuando podían resolverlos en su casa. Si Estados Unidos tiene un conflicto con Rusia, tienen el estrecho de Bering donde hacen frontera, y podrían resolverlo allí.

Le hago esta pregunta como secretario general del Partido Comunista de España: ¿Vladimir Putin tiene algo de comunista?

Pues evidentemente, no, es obvio. No solamente no tiene nada de comunista sino que, en lo económico, defiende las políticas neoliberales, sus alianzas son con los grandes oligarcas, han potenciado la privatización de todo el sector público de la antigua Unión Soviética, que era sumamente poderoso.

En lo político, es un señor con un partido ultranacionalista. La prueba del nueve es que la oposición en Rusia es el Partido Comunista de la Federación Rusa, que es perseguida. Tiremos de hemeroteca: en las últimas elecciones legislativas y presidenciales en Rusia, ocurrieron todo tipo de actos de persecución por parte del gobierno del señor Putin respecto al Partido Comunista: detención de candidatos, recuentos electorales sumamente cuestionados donde opinamos que se robaron votos, impedimentos para que en circunscripciones donde eran la primera fuerza, pudieran presentarse. Incluso Putin llegó a inventarse candidaturas con el nombre de Comunistas que concurrieran en circunscripciones donde había gran fortaleza y liderazgo del Partido Comunista de la Federación Rusa.

Que a estas alturas vengan a decir que Putin es comunista, es sorprendente. Putin es un adversario político de los comunistas en Rusia. Otra cosa es que el Partido Comunista de la Federación Rusa esté preocupado, como cualquier ciudadano con dos dedos de frente, por una situación de inseguridad y de acoso y agresión que se ha ido creando durante décadas a Rusia por parte de Occidente.

Ha pedido “la inmediata puesta en libertad” del primer secretario de la juventud comunista y de su hermano, detenidos por el Gobierno de Ucrania. ¿Es Ucrania una democracia plena que puede tener cabida en la Unión Europea?

Obviamente, no. Ucrania tiene ilegalizado al Partido Comunista, y eso no ha sido por la invasión. Un país que ilegaliza a opciones políticas ocmo el PC, que, en el caso concreto de Ucrania, fue la principal fuerza que acabó con la invasión nazi, ya te está dando una muestra evidente de que no es un país que haya respetado los estándares democráticos de la Unión Europea.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha anunciado su intención de comenzar en abril un periodo de escucha para lanzar su proyecto político. ¿Defiende un proyecto sin siglas?

Yo no creo que se esté hablando de un proyecto político sin siglas. Es evidente que las fuerzas políticas de la izquierda que componemos UP vamos a formar parte de ese proyecto político. Yo creo que la vicepresidenta a lo que se refiere es que ella lo que quiere es encabezar un proyecto que vaya más allá de las siglas, que es una cosa distinta. Que sea capaz de aunar a muchas personas que no tienen una vinculación a unas siglas y que quieren lo mejor para España.

La vicepresidenta cuenta con las fuerzas políticas que componemos Unidas Podemos y que, además, se apoya en ellas. Ojalá que consigamos ampliar el espectro de fuerzas políticas que van a apoyar ese proyecto y el trabajo de la vicepresidenta.

¿Cree que su posición es la mayoritaria dentro de Unidas Podemos?

Estoy totalmente convencido. Todas las fuerzas y todas las personas que forman parte de UP saben que hay que anteponer siempre lo mejor para nuestro pueblo a los intereses personales o partidarios. Esa es la regla número uno de la izquierda transformadora: lo realmente importante son los intereses de la clase trabajadora y, todo lo demás, todas las contradicciones o diferentes puntos de vista, tienen que ceder ante eso.

Es evidente que hay una unanimidad en torno a eso y la prueba de ello es que no existe ningún liderazgo alternativo o ningún intento de crear un liderazgo alternativo al de Yoalanda Díaz.

Ha comentado antes que el Partido Popular le ha abierto la puerta a Vox a la Junta de Castilla y León, permitiendo que la ultraderecha entre en un gobierno. ¿Cree que esta será la tónica habitual del nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo?

Sin duda. Ya lo dije antes de que se conociese el acuerdo. Que nadie se llame a engaños: Feijóo viene a consolidar acuerdos con la ultraderecha para acabar con el gobierno de coalición y, en especial, echar a UP del Gobierno. Lo que representa Unidas Podemos y su posible ampliación en este proceso liderado por Yolanda Díaz es la única garantía para frenar a la ultraderecha. ¿Por qué? Porque somos el único espacio que está en condiciones de adoptar medidas que realmente garanticen los derechos de nuestro pueblo. 

El fascismo avanza cuando las mayorías sociales se sienten desprotegidas, indefensas… El mejor antídoto para combatir a la ultraderecha es que exista una izquierda seria y coherente en el Gobierno, que es lo que representa UP, y que además tenga la suficiente fortaleza para llevar adelante medidas concretas que mejoren las condiciones de vida de la inmensa mayoría social.

¿Cree que este pacto rompe con la posibilidad de un Gobierno de Gran Coalición entre PP y PSOE?

Mi impresión es que sí, que el PP no tiene ningún interés porque su apuesta es gobernar con la ultraderecha.

Se ha mostrado contrario a la nueva regulación del regadío en Doñana que ha admitido a trámite el Parlamento de Andalucía y que ha contado con la abstención de su socio de Gobierno, el PSOE. ¿Cree que es razonable que el Partido Socialista se muestre preocupado por el cambio climático y la falta de agua mientras no vota en contra de esta regulación?

La verdad es que es increíble la posición del PSOE en Andalucía, porque sobre este asunto no hay ninguna desavenencia en el Gobierno de España. La posición es unánime: esa ley no puede aprobarse. En primer lugar porque es una ley falsaria e, incluso aunque se aprobara, no va a poder llevarse adelante. Eso es lo primero que tienen que saber los regantes. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya ha dejado claro que no existe ese agua, esos hectómetros que la ley establece, y no pueden inventarse un agua que no existe.

En segundo lugar: es una ley que ataca el Parque Natural de Doñana, que tiene una protección directa e indirecta por la comunidad internacional. Por eso, la Unión Europea ya ha sancionado a España en alguna ocasión y ya ha advertido de que volverán a hacerlo si esa ley se aprueba.

Lo que tienen que tener claro los andaluces y las andaluzas es que si eso llega a ocurrir, la sanción la van a pagar ellos debido a la irresponsabilidad del Parlamento de Andalucía. También hemos anunciado que esa ley sería recurrida ante el Tribunal Constitucional.

A mí, lo que me parece incomprensible es que esos agricultores no quieran asumir que la realidad de nuestro país exige cambiar la producción. No se trata de apostar por la desaparición de la producción agrícola, sino de apostar por otra que requiera menos agua, porque España es un país con un alto riesgo de desertificación. El Gobierno les está dando todo tipo de propuestas para fortalecer el sector agrícola en la provincia de Huelva pero con una reorientación de la producción hacia cultivos que puedan ajustarse a la escasez de agua. Esa es la apuesta de futuro.