La sequía en Extremadura comienza a hacer mella en el campo

La última semana de febrero, la predicción meteorológica para Extremadura amenazaba con impedir la celebración del carnaval por culpa de la lluvia. Los agricultores, por el contrario, miraban al cielo con esperanza. Un invierno seco ha provocado que las reservas de agua embalsada en la comunidad apenas superen el 38%. El año pasado, por estas mismas fechas, estaban por encima del 57%.

La sequía ya es una realidad en las dos provincias extremeñas. Así, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha otorgado a la zona regable de Orellana un 24% de la dotación que le correspondería en un año hidrológico normal. Sin embargo, como explican desde la Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana, “dentro de esa dotación debe garantizarse primeramente el abastecimiento de industrias y poblaciones”.

Ante esto, han decidido establecer restricciones al riego, y solo se podrá garantizar el suministro para los invernaderos, los cultivos permanentes, las hortícolas y el tomate de industria, aunque este último limitado a 3.500 hectáreas. El presidente de los regantes de la zona, Miguel Leal, asegura que esta medida va a imposibilitar la producción de maíz y de arroz, además de gran parte del tomate: “Las pérdidas van a ser brutales, porque aquí producimos el 80% del arroz de toda Extremadura y se va a quedar en blanco este año”, se queja. En total, calcula que de las 60.000 hectáreas que tiene Orellana, se van a perder más de 35.000.

Manuel y Eduardo van montados en el coche mientras atienden a lamarea.com por teléfono a través del manos libres. “Caen cuatro gotas, pero parece que le da miedo llover”, bromean. Los dos hablan con preocupación por la falta de agua. El primero tiene una explotación agrícola familiar con varias decenas de hectáreas en la zona: “En nuestro caso se podría decir que tenemos la suerte de que nos van a permitir plantar el 39% de los tomates de los últimos años, que serán unas 32-35 hectáreas, pero se va a quedar la inmensa mayoría sin sembrar”, explica. Haciendo cálculos, Manuel cree que este año, con la mano de obra familiar, podrán sacar toda la producción, lo que significa que los 10 jornaleros que suelen contratar, se van a quedar sin trabajo. Su “suerte” es que podrán sembrar algo, pero sabe que otros muchos agricultores se van a quedar sin nada: “Nosotros nos podemos apañar con eso, pero los que solo tienen maíz o arroz están perdidos”.

Eduardo, por su parte, es ganadero. “Yo todavía no he tenido que hacerlo, pero hay vecinos llevando agua en cubas para los animales. Y si el transporte de la comida es caro, imagínate el del agua”, se queja. En su caso, el problema viene derivado de la alimentación del ganado debido al encarecimiento del forraje, que podría subir mucho más al descender la producción en los próximos meses: “En cuestión de un mes, la paja ha pasado de 9 a 12 pesetas. Es una barbaridad”. Ante esto, piden apoyo por parte de la Junta de Extremadura para poder cosechar en secano: “Si nos dicen que van a dar ayudas a las pipas en secano, pues habrá que plantar pipas, que será mejor eso que nada. Pero por ahora no se han pronunciado”.

Desde la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura aseguran a este medio haber solicitado formalmente al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico la publicación de un Decreto Ley de medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en la Cuenca hidrográfica del Guadiana. “Esta declaración motivaría la puesta en marcha de las medidas planificadas para la situación de emergencia como flexibilización en pagos de la PAC, reducciones fiscales o ayudas de minimis [de menos de 200.000 euros], entre otras”, dicen.

Asimismo, desde la administración regional se ha solicitado la convocatoria urgente de la Mesa de la Sequía para abordar el estudio de la situación y así coordinar y poner en marcha medidas que palíen los efectos. Finalmente, aseguran haber enviado a la CHG “una propuesta técnica para la utilización del agua para el riego de los cultivos en la zona de las Vegas del Guadiana, en caso de sequía hidrológica, una vez realizado el reparto según la normativa vigente”. 

“No se puede empezar y dejar la campaña a medias”

Más al sur, la situación no es mucho mejor. La Comunidad de Regantes del Canal del Zújar, ya avisó a sus usuarios hace algunos días de que, “dada la situación de sequía”, se iban a producir restricciones en el consumo de agua en la zona. Así, la dotación para la campaña de 2022 será de 4.000 metros cúbicos por hectárea, “cantidad que bajo ningún concepto podrá ser superada”, alertan en mayúscula en la carta enviada. Además, avisan de que una vez consumido ese caudal, el hidratante será precintado para impedir el riego.

Eugenio Romero es productor agroecológico en la zona y cuenta con una parcela de menos de media hectárea de regadío que se verá afectada por el recorte. “En nuestro caso vamos a tener unos 1.600 metros cúbicos de agua para los siete meses de la campaña. Estaremos mucho más pendientes del riego, sobre todo los primeros días, y si vemos que el agua no da, tendremos que plantar menos que el año pasado”, explica. Sin embargo, sabe que la situación empeora en el caso de aquellos que tienen monocultivos y una mayor extensión de terreno: “Esa gente no tiene tanto margen de maniobra y, antes de empezar, van a hacer muchas cuentas para saber si les conviene sembrar. Porque lo que no pueden es empezar, quedarse sin agua y tener que dejar la campaña a medias”.

En los grandes pantanos de la provincia de Badajoz, el nivel de agua es paupérrimo. El embalse más grande de España, el de La Serena, está al 14,7% de su capacidad, si bien el pasado año la cuota de agua de apenas superaba el 20% en la misma semana. Dos años seguidos de escasez que contrastan con la media de los últimos diez años, que se sitúa por encima del 60%. Algo similar le sucede al del Cíjara. Orellana y Zújar, por su parte, se encuentran en mejor estado, aunque muy por debajo de años anteriores. “Yo llevo ocho años trabajando en la parcela y no recuerdo restricciones”, explica Eugenio Romero.

Otras masas de aguas, aunque mucho más pequeñas, también se encuentran en una situación crítica. Es el caso del pantano de Tentudía, muy cerca de la provincia de Huelva, y que acumula apenas un hectómetro cúbico de agua, el 20% de su capacidad, mientras que el año pasado por estas mismas fechas tenía el triple.

Mercedes Díaz, alcaldesa de Calera de León y presidenta de la Mancomunidad de Tentudía, reconoce que la situación “es muy complicada” a pesar de que solo estamos en marzo. A través del Plan de Emergencias del año pasado ya han aplicado algunas restricciones que afectan al extrarradio, a las explotaciones ganaderas y agrícolas y a las segundas viviendas, además de la prohibición de lavar coches, patios, la puesta en marcha de fuentes ornamentales, el riego de parques y jardines…

“En el caso de que todo siga así, habrá que cortar el agua en los núcleos urbanos, aunque es cierto que hemos conseguido que la población reduzca mucho su consumo, lo que nos permite alargar el agua que tenemos ahora mismo”, explica. A corto plazo, la solución ha sido sacar agua de diferentes pozos situados en las localidades de la región y poner en marcha otras fuentes hídricas antiguas, las cuales presentan algunos problemas. A medio plazo, desde la Mancomunidad han propuesto a la CHG y a la Junta de Extremadura un trasvase desde la cuenca del Guadalquivir. 

Pero Díaz sabe que, como consecuencia de la crisis climática, la situación solo puede recrudecerse: “Esto es evidente y las sequías van a ser cada vez más frecuentes. Y aquí tenemos un problema: nuestro pantano es muy pequeño. En su día serviría, pero ahora no nos abastece”. Ante esto, reclaman la construcción de un nuevo embalse de mayor capacidad, si bien esto no se contempla en los planes actuales.

Menos agua, más regadío

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha publicado a finales de febrero un extenso informe sobre la crisis climática. En sus más de 3.000 páginas, el futuro de España está asociado a la sequía si no se ponen remedios urgentes, ya que un calentamiento global contínuo pone en jaque a la región mediterránea. Según uno de los miles de informes estudiados, la falta de agua nos cuesta cerca de 1.500 millones de euros al año. Ese mismo documento alerta de que hasta el 80% de las tierras de la región mediterránea experimentarán un aumento de la frecuencia de sequías si no se reducen las emisiones, con múltiples pérdidas económicas debido a la disminución de rendimientos agrícolas. Otro estudio citado por el IPCC es aún más pesimista y estima que los daños relacionados con la sequía en España aumentarán un 250% si las emisiones siguen aumentando.

Asimismo, en el caso de que la situación no sea contenida, hasta siete millones de personas más podrían acabar viviendo en zonas con escasez de agua en el país.

A pesar de todas estas alertas, la Junta de Extremadura sigue trabajando en el proyecto de regadío de Tierra de Barros. El objetivo es la transformación de más de 15.000 hectáreas en tierras de riego y el plan de obras ya fue aprobado el pasado año con la oposición de organizaciones como Ecologistas en Acción al considerarlo “insostenible”. Desde la Consejería de Agricultura de la comunidad, sin embargo, no creen que esta sequía suponga un problema para el proyecto porque se trata de “una situación puntual”: “Este momento coyuntural no afecta a la evolución del proyecto de regadío de Tierra de Barros”, aseguran a lamarea.com. 

El pantano de Alange, uno de los que abastecerá el proyecto, se encuentra en la actualidad al 21,5%, similar a las cifras del año pasado (25,1%) aunque muy por debajo de la media de los últimos diez años (54,5%). 

Irene de Miguel, secretaria general de Podemos Extremadura, sostiene que, en el marco de una emergencia climática como la que vivimos, “es impensable que la solución sea ampliar regadíos. Básicamente, porque la base material que es el agua, cada vez va a ser más escasa”. Ante ello, cree necesario apostar por “mejorar los existentes” pero nunca poner en marcha nuevos proyectos “que puedan comprometer la viabilidad de los que ya están construidos”.