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El legado de Aznar en el IBEX 35 (III)

Aznar construyó un IBEX 35 afín privatizando empresas públicas y colocando a sus amigos al frente de las mismas

Rodrigo Rato y José María Aznar en el año 2000. REUTERS

Si el gobierno de Felipe González dio a luz al IBEX 35, el de José María Aznar supo nutrirlo con mimo. La política económica de los ejecutivos del aznarismo fue la sublimación de la iniciada por su predecesor. Es posible que a Aznar no le gustasen las palabras del exministro Claudio Aranzadi en 1992: “En este país el único gobierno que ha privatizado es el socialista. La derecha, ya sea en la época franquista, ya sea en la época democrática, lo único que ha hecho es incorporar al sector público empresas, como si fuese un hospital, gran parte de ellas en crisis”.

Competición ultraliberal que los populares iban a tratar de ganar; no lo tenían fácil. Vázquez Montalbán bien definió los objetivos del nuevo gobierno:

“Se le ha votado porque nuestro centroderecha ofrece un amplísimo espectro de ideologías: privatizadores, centristas, liberales, neoliberales, pijos gangosos, pijos rapsodas, miembros del Opus Dei, transfranquistas, ex alumnos del Pilar fracción Kipling, ex alumnos del Liceo Francés fracción gaullista, ex alumnos de los jesuitas fracción Padre Mariana, ex comunistas, liberal-leninistas, ecoblandos, villalongos, botines, etc., etc. La única idea fija y común que tiene el plural pastiche ideológico de la derecha del siglo XXI es la de privatizar, privatizar, privatizar, y no procede estrictamente de la ideología política sino de la economicista, la madre de todas las ideologías exhibidas en las grandes superficies comerciales del espíritu”.

Según explican los economistas Antón Costa y Germà Bel, en la tercera y última fase de las privatizaciones –la etapa comprendida entre 1997 y 1999– se siguió una “política de privatización total y a velocidad creciente”. Ya en octubre de 1996, el por entonces ministro de Industria y Energía Josep Piqué anuncio una privatización gradual de Endesa a través de tres OPV en 1997, 1998 y 1999. Mientras los socialistas siempre rehusaron hablar de un Plan de Privatizaciones, el gobierno de la derecha sí iba a firmar el Plan Estratégico de Privatizaciones, “un compromiso de investidura del presidente de Gobierno”, en palabras del propio Piqué.

En el 97 les tocó a Telefónica y a Repsol. En los casos de la teleco, la eléctrica y la petrolera, las operaciones de venta se llevaron a cabo cuando todavía no se habían abierto los sectores a la competencia por lo que, una vez privatizadas, siguieron actuando en un régimen de monopolio –o duopolio en algunos casos– y cuyas consecuencias se siguen viendo hoy, al ocupar las tres compañías una situación privilegiada en sus respectivos mercados. Fuentes oficiales reconocen la posición monopolística que continúa manteniendo Telefónica en determinados ámbitos más de dos décadas después de su privatización.

Pareciera que el objetivo no era la entrada de competencia para beneficiar al consumidor final, sino convertir monopolios públicos en monopolios privados al frente de los cuales se pudo colocar a amigos. La lista de empresas que el Estado perdía se completó con Aceralia, Aldeasa, Repsol, Argentaria, Tabacalera, Indra… entre otras muchas. El Gobierno no perdió el control completo de otras como Enagás, Iberia o Red Eléctrica.

El modo de proceder fue efectivo para colonizar las estructuras económicas de un país que comenzaba a consolidarse: privatizar compañías públicas y colocar a amigos al frente. Decía Vázquez Montalbán que Aznar y sus amigos habían formado parte de “una joven derecha más o menos franquista, más o menos democrática pero casi nunca antifranquista, que aprovechó su paso por la universidad sin otro objetivo que el carrerismo”. Una joven derecha que, a pesar de un ultraliberalismo que abogaba por la mínima intervención estatal, se valió de los resortes del Estado para sus propios beneficios.

De aquellos años quedan nombres como el de Juan Villalonga, el compañero de pupitre de Aznar que acabó en la presidencia de Telefónica. O Francisco González, buen amigo del vicepresidente Rodrigo Rato, que terminó en la cumbre de Argentaria tras la llegada de los populares al Gobierno. Era un momento en el que la entidad bancaria estaba sumida en otro proceso de privatización y el presidente del Gobierno necesitaba a un banquero de su círculo que tratase de hacerle sombra a Emilio Botín, situado en la órbita del PSOE. FG –como se le conocía– fue su hombre para las finanzas.

Y tras ganar las elecciones del 96, los conservadores necesitaban otro nombre para Caja Madrid. Eligieron a Miguel Blesa, con quien Aznar había compartido pupitre también, aunque en este caso fue durante las oposiciones para inspector de Hacienda, no en El Pilar. Como es bien conocido, durante sus trece años al frente, Caja Madrid se convirtió en un chiringuito al servicio de sus consejeros, que se llenaron los bolsillos de dinero negro y disfrutaron de regalos como relojes, vinos, caviar, safaris…

No fueron estos los únicos amigos cercanos del presidente que acabaron aupados al frente de una gran empresa. El economista Manuel Pizarro era presidente de Ibercaja cuando, en 2002, fue nombrado máximo dirigente de Endesa, entonces ya privatizada, y donde se mantuvo hasta 2007. Otros personajes del círculo aznariano fueron Alberto Cortina y César Alierta. Cortina fue nombrado presidente de Repsol YPF en 1996 y se mantuvo en el puesto durante los años del aznarato. Alierta, por su parte, fue encumbrado a la cima de Tabacalera. Una vez privatizada –operación con la que ganó casi 2 millones de euros– Alierta fue el sucesor de Villalonga en Telefónica en el año 2000 a iniciativa del Gobierno y, sobre todo, del vicepresidente Rodrigo Rato, un sector en el que no tenía ninguna experiencia, a pesar de que formaba parte de su consejo de administración desde el 97. Años después, Rato y Alierta acabaron siendo socios y el presidente de la teleco fichó al vicepresidente del Gobierno como como asesor para Latinoamérica y Europa.

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Comentarios
  1. OXFAM, LAS DESIGUALDADES MATAN.
    Si ponemos el foco en España vemos que tan sólo durante el primer año de pandemia, más de un millón de personas pasaron a encontrarse en situación de carencia material severa (no pueden afrontar cuatro o más elementos considerados como básicos, como, por ejemplo, mantener la vivienda con una temperatura adecuada o no tener capacidad de afrontar gastos imprevistos). Mientras, desde que empezó la pandemia, los 23 principales milmillonarios españoles han visto crecer su riqueza un 29%.
    Esta desigualdad galopante no es fruto del azar, sino del resultado de decisiones deliberadas: la «violencia económica» tiene lugar cuando las decisiones políticas están diseñadas para favorecer a una élite.
    Por eso, los Gobiernos deben garantizar que las personas y empresas más ricas paguen los impuestos que les corresponden e invertir estos recursos recaudados en servicios de salud y protección social universales, en medidas de adaptación al cambio climático, y en prevención de la violencia de género, así como asegurar un acceso universal a las vacunas contra la COVID-19.

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